ELVIRA DANIEL

Una de las grandes preocupaciones que en el mundo han surgido en los últimos lustros tiene que ver con acciones y conductas de instituciones, grupos y personas que violentan la dignidad humana. En México, se vive una de las épocas más violentas de su historia pues aun sin admitir con claridad la existencia de un importante grado de ingobernabilidad en varios territorios, todos los días leemos en los diarios que encuentran cadáveres tirados, degollados, que hay enfrentamientos entre militares y crimen organizado, que la profesión de periodista e informador es una de las más peligrosas de ejercer.

En ese contexto llegamos hace menos de un año, el 15 de septiembre de 2016, a instalar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. No es posible dejar de mencionar que su conformación, no del todo apegada a principios de respeto a la democracia, fue uno de sus grandes retos y, también, al cabo de cuatro y medio meses de intenso trabajo, uno de sus grandes logros. Porque comprobamos que en ese experimento llamado Asamblea Constituyente de la CDMX, cuando no quedan opciones te encuentras obligado a colaborar con ideas propias y con respeto por un bien mayor, en este caso, la Ciudad de México, pero que seguramente resonará en todo el país.

Conviene ahora recordar el mensaje de Venustiano Carranza al congreso constituyente, el 1 de diciembre de 1916: “…las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros de la sociedad, los lleva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano”.

Hoy, como hace más de cien años, el principio de solidaridad sobre el que deben descansar las instituciones es vigente como antes; la vida en el México actual nos obliga retomar los principios a los que aspirábamos en el Constituyente de 1917.

Nuestro país se ha caracterizado por ser punta de lanza en el reconocimiento de los derechos humanos, basta recordar que muy pocos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 1789, Morelos prohibió por primera vez en América la esclavitud, en sus Sentimientos de la Nación, apenas en 1813.

En ese orden de ideas, vale la pena recordar también que México fue el primer país en el mundo que reconoció la existencia de garantías sociales. Así, en nuestra Constitución federal, desde 1917, se reconoce el derecho a la educación, en su artículo 3; el derecho a la tierra, en el 27, y el derecho a la libre asociación y garantías de seguridad social en el 123.

Ahora surge la necesidad de replantear instituciones y buscar un nuevo pacto social al que yo he querido llamar “El derecho constitucional del siglo XXI”.

Nuestra Constitución para la ciudad contiene conceptos nuevos en diversas materias, reconoce situaciones y derechos que ya se habían normado en leyes secundarias o se habían asumido de facto, y su parte toral se establece en una extensa Carta de Derechos que va más allá de lo que señala expresamente la Carta Magna Federal.

Trabajamos para poner al centro de nuestra Ley Fundamental de la Ciudad al individuo, y establecimos como principio rector supremo y sustento de los derechos humanos la dignidad humana, reconociendo a toda persona la libertad y la igualdad en derechos.

Fuente: Siempre!