BENJAMÍN LAUREANO LUNA PARA ENLACE JUDÍO
El Senado de Argentina, después de un debate que duró 10 horas, aprobó por 39 votos a favor y 31 en contra, el acuerdo suscrito en Adis Abeba, Etiopía, el 27 de enero de 2013, mediante el cual, Irán y Argentina aceptan crear una Comisión de la Verdad, integrada por dos juristas internacionales designados por los persas y dos designados por los gauchos, para “revisar” las actuaciones que durante varios años llevó a cabo el Poder Judicial bonaerense, en relación al atentado ejecutado en 1994, en Buenos Aires, en contra de la Asociación Mutualista Israelita de Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas.
Durante el proceso penal, el Juez libró órden internacional de captura en contra de siete iraníes y un libanés, entre los que se encuentran, el actual Ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi; el ex Ministro de Inteligencia, Ali Falahian, que va a ser candidato a la Presidencia de Irán, reclamado también en Alemania por el asesinato en 1992 de cuatro disidentes kurdos; agregándose a otros cinco altos funcionarios, incluso el ex Presidente de Irán de esa época. Por el poder de los asesinos, la Policía Internacional (Interpol) no pudo capturar a los delincuentes.
La crisis financiera que sufre Argentina y la necesidad que tiene Irán de romper el bloqueo comercial decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permitieron llegar a esta conspiración iraní-argentina, para encubrir a delincuentes de lesa humanidad -delito que no tiene prescripción-, en perjuicio de la justicia, de las víctimas y sus familiares judíos.
Ahora, toca a la Cámara de Diputados de Argentina debatir el caso, en donde es de esperar, se destruya la conspiración. Si así no fuera, es necesario que se formulen denuncias ante el Fiscal del Tribunal Penal Internacional, por crímenes de humanidad.
El Frente Internacional de Derechos Humanos considera que, según el acuerdo de conspiración, los acusados podrán ser interrogados por funcionarios del Poder Judicial Argentino en territorio de Irán, delante de los Juristas Internacionales y bajo la protección de la dictadura iraní, que juró desaparecer del mapa a Israel.
Esta farsa es una caricatura de justicia, porque el Juez argentino pierde independencia -por estar bajo la tutela del Gobierno de Irán; pierde competencia -porque su jurisdicción es el territorio argentino y no el de Irán-; no puede actuar imparcialmente -por la presión que ejerce el régimen terrorista iraní y la presión que ahora ejerce Argentina, que decidió culminar el procedimiento extrajudicialmente.
La falta de esas Tres Garantías Judiciales es una grave violación a los Derechos Humanos. Además, es inválido un juicio tramitado ante tribunal especial que no existía en el momento de efectuarse los crímenes de lesa humanidad y de terror. La Comisión de Juristas no puede emitir un fallo que sea vinculante, es decir, que sea obligatorio para los argentinos.
En 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Perón, alentó la huida de miles de nazis a territorio argentino y, esto, contaminó la vida democrática de Argentina y la influencia nazi subsiste hasta 2013.
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