Enlace Judío México e Israel – Las autoridades palestinas confirmaron al inicio de junio de más de 450 casos de coronavirus en Cisjordania y en la Franja, mientras que en Jerusalén Este la cifra superó los 300. La Franja de Gaza ha estado “aislada” de sus vecinos Egipto e Israel quienes cerraron sus fronteras para evitar la propagación del virus, sin embargo, en los últimos días de mayo empezaron a regresar 15,000 palestinos que habían quedado varados en Egipto a través del cruce fronterizo de Rafah y un número menor desde Israel.
Un informe del Banco Mundial del pasado 1 de junio consignó que antes de la aparición de la pandemia del COVID-19 una cuarta parte de los cinco millones de palestinos vivían bajo el umbral de la pobreza, de una población total de 2 millones en la Franja de Gaza y 3 millones en Cisjordania. En este ámbito, alertó sobre el impacto negativo que tendrá el COVID-19 ante la insuficiencia de los marcos que rigen las relaciones económicas y administrativas entre los palestinos e israelíes que la situación de relativa paz y estabilidad que existe en la región pueda empeorar, “si se sigue la tendencia actual, para dar paso a políticas extremistas de ambos lados” y que sin duda entorpecerán la lucha contra la pandemia.
De hecho, en una sesión extraordinaria de la Liga Árabe el primero de febrero pasado, Mahmud Abbas, rechazó tajantemente el plan para Medio Oriente presentado días antes por el presidente de EUA, Donald Trump, y además, rompió los lazos con EUA e Israel, incluidos los de seguridad, lo que implica para la Autoridad Palestina dificultades para luchar contra el COVID-19.
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Existe profunda preocupación por la fragilidad del sistema sanitario tanto la Franja de Gaza y Cisjordania. La Autoridad Palestina (AP) necesita una mayor asistencia financiera y de desarrollo para enfrentar sus necesidades en materia de salud pública. No obstante, no existe certeza de que la AP utilice los fondos para este propósito. Históricamente, el presidente de la AP, Mahmud Abbas, y sus allegados han empleado indebidamente los recursos donados del exterior a los palestinos para beneficio personal y para promoción anti-israelí.
De acuerdo a un informe de mayo del 2020 de NGO Monitor, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Franja de Gaza y Cisjordania están destinando fondos a actividades de promoción que no son de emergencia a ONG vinculadas al terrorismo. NGO Monitor es una organización no gubernamental, con sede en Jerusalén, que analiza e informa sobre el resultado de la comunidad internacional de ONG, fundada en el 2001 “para promover la rendición de cuentas y avanzar en una discusión vigorosa sobre informes y actividades de la ONG humanitarias en el marco del conflicto árabe-israelí”.
En este contexto, Abbas aprobó el 3 de junio un decreto prorrogando 30 días del estado de emergencia en Cisjordania a causa de la pandemia, esta medida representa el cuarto mes en el que los territorios palestinos están bajo el estado de emergencia. No obstante, ante el descenso de la actividad productiva, las autoridades iniciaron ya un proceso de reapertura tras dos meses de confinamiento a causa del coronavirus, que será gradual y permitirá la apertura de instituciones, colegios, establecimientos comerciales, mezquitas, iglesias, transportes, restaurantes, cafeterías y parques, etc. Asimismo, en la Franja de Gaza ya han reabierto las mezquitas, tras la aprobación del Ministerio del interior palestinos, controlado por el gobierno extremista de Hamás.
Cabe destacar que la perspectiva de la Franja de Gaza para evitar la propagación del COVID-19 es extremadamente difícil en virtud de la precaria situación humanitaria, económica y sanitaria que experimenta. El sector sanitario está totalmente colapsado, enfrenta el riesgo de crisis de la seguridad alimentaria del 70% de la población más pobre. La situación de su economía es muy grave el desempleo supera el 70% entre los jóvenes, 80% de la población depende de la ayuda humanitaria y no puede proporcionar dos comidas diarias a sus familias.
En Cisjordania el impacto del cierre de fronteras con Israel por el COVID-19 ha sido significativo en virtud de que una parte de su población trabaja en Israel donde obtiene ingresos superiores a los del resto de la población local, de aquí que su tasa de desempleo se incrementará notablemente. No obstante, tras semanas de acceso prohibido a Israel a miles de trabajadores palestinos, tras un acuerdo entre Israel y la AP, 60,000 sobre 100,000 trabajadores han vuelto a la actividad productiva. El Banco Mundial calcula una contracción del PIB de Cisjordania hasta 11% durante 2020 que afectará al alza su déficit presupuestal que originalmente se estimó en 1,500 millones de dólares para este año, casi el doble del 2019.
En este ámbito, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés) en cooperación con la OMS ha coordinado millones de dólares en fondos internacionales de emergencia destinados a salvar los esfuerzos de COVID-19 en Cisjordania y Gaza, que se han utilizado mas para financiar ONG aliadas en lugar de ayuda humanitaria crítica. OCHA ha señalado que Cisjordania y la Franja de Gaza necesitan ayuda humanitaria para aumentar la capacidad de camas de hospital, ampliar el soporte respiratorio y el tratamiento de cuidados intensivos, así como proporcionar equipo de protección personal, principalmente.
La lucha contra el COVID-19 en la Franja de Gaza y Cisjordania se podrá ver seriamente afectada en virtud de que el nuevo gobierno en Israel, que liderean el actual primer ministro Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, el líder del partido Kajol Lavan, que tomaron posesión el pasado 17 de mayo y acordaron la creación de más asentamientos judíos en Cisjordania y anexar el valle del Jordán de esta última región a Israel a partir de julio próximo. La medida significaría una anexión de facto del territorio actualmente bajo control militar israelí y contemplaría, tal y como lo recoge la propuesta de paz en el Medio Oriente de EUA, anunciada en enero pasado la creación de un futuro Estado palestino en el territorio restante.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto Democrático de Israel, un centro de investigación con sede en Jerusalén publicada en Israel el 3 de junio, el 58% de los israelíes cree que la anexión del valle del Jordán llevará a una tercera Intifada (rebelión) palestina.
La tasa de adhesión a la propuesta de anexión alcanza entre 75% y 81% entre los votantes de los partidos ultraortodoxos y de la derecha radical, respectivamente. Asimismo, ante la posibilidad de que Israel anexione partes del territorio de Cisjordania, dos exdirectores del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, señalan que la reacción palestina podría desencadenar una escalada de violencia igual o peor a la Segunda Intifada que se inicio el 28 de septiembre del 2000 y que duró 50 años y que acabó con la vida de más de 3,000 palestinos y 1,000 israelíes.
La anexión de parte del territorio de Cisjordania “parece más factible que nunca y, aunque en los últimos días se haya enfriado un poco por cuestiones de política interna estadounidense, todo parece indicar que en los próximos meses Israel declarará su soberanía sobre el valle del Jordán o sobre algunos de los principales asentamientos”. La violencia palestina podría empezar en Cisjordania alrededor de los asentamientos judíos, y con ataques desde Gaza y podría extenderse a ciudades israelíes. El incremento de la violencia palestina anularía los esfuerzos por controlar el COVID-19 y el virus se diseminaría en territorio israelí.
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