Por fortuna, Benjamín Netanyahu he resuelto postergar por un par de meses el trato de algunas cuestiones sensibles como la estructura y las facultades de la Corte Suprema de Justicia que, a su parecer, deberían ser determinadas sustancialmente por personajes electos por el propio gobierno.
Un tema que provocó masivas manifestaciones en las principales ciudades del país fortaleciendo la consciencia política u pública de no pocos ciudadanos que habían preferido hasta aquí atender principalmente asuntos personales y familiares.
Incluso celebrados líderes y periodistas norteamericanos que no dudaron en difundir filosas censuras a la conducta personal y familiar de Bibi se inclinan en estos días a mantener un diplomático silencio. Incluso el embajador de EE.UU. en Israel se muestra en estos días algo más prudente y mesurado en sus críticas en contraste con las últimas semanas.
A pesar de esta pausa relativa en las públicas protestas, un tema no desaparecido en los desencuentros parlamentarios: la legal posibilidad de ayudar económicamente no solo al primer ministro cuando quiebres en su salud sean notorios. Este oficial apoyo beneficiaría a todos los miembros del gabinete y a sus familias, incluyendo a algunos alcaldes y funcionarios municipales.
Inclinación sorprendente en un país cuyos servicios de salud son amplios e incluyen de hecho a toda la población. Ciertamente, para acceder a algunos de ellos cabe esperar semanas e incluso meses, pero al fin son concedidos conforme al tipo de credencial médica que presentan.
Ciertamente, el ciudadano común no percibe ayuda económica directa y la posibilidad de ser tratado en el extranjero, en clínicas especializadas, depende de sus personales recursos.
En contraste, las reformas auspiciadas por el gobierno de Netanyahu en estos días pretenden ampliar el apoyo económico a un número selecto de funcionarios y a sus familias, incluyendo servicios de abogados cuando les sean necesarios.
Estas disposiciones ampliarán las distancias entre una minoría de políticos y funcionarios, incluyendo a sus familias, en materia de salud y defensa de sus derechos respecto a la gran mayoría ciudadana.
Un golpe más a la democracia que amenaza al país desde los últimos meses.
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