La Corte Suprema de Justicia de Israel emitió una medida cautelar el domingo en relación con la polémica ley de recusación del gobierno de Benjamín Netanyahu y anunció que de 3 jueces ahora serán 11 los que continuarán analizandola, informó The Times of Israel.
La orden judicial del tribunal instruye al primer ministro, a la Knéset y al Fiscal General a explicar por qué el tribunal no debería dictaminar que la ley de recusación entre en vigencia en una fecha posterior.
La ley, una enmienda a la Ley Básica: El Gobierno, elimina la capacidad de la Corte Suprema o de la Fiscal General para ordenar que un primer ministro sea declarado no apto para seguir en el cargo.
La orden judicial indicó que la Corte Suprema está considerando una solución “interpretativa” a la controvertida legislación, que aparentemente fue diseñada en gran medida para el para Netanyahu y sus problemas legales.
En este sentido, en vez de anular la ley, la Corte Suprema solo ordenaría que la aplicación de la ley sea posterior.
La ley fue aprobada por el gobierno en marzo, aparentemente para garantizar que Netanyahu, quien está siendo juzgado por presunta corrupción, no reciba la orden de recusarse debido a una supuesta violación de un acuerdo de conflicto de intereses que firmó en 2020.
Al primer ministro le preocupaba cada vez más que la Fiscal General Gali Baharav-Miara le ordenara recusarse, después de que ella declarara que violaría su acuerdo de conflicto de intereses si se involucraba en la reforma judicial de su gobierno.
Ese acuerdo de conflicto de intereses prohíbe a Netanyahu hacer nombramientos judiciales y, posiblemente, cualquier cambio más amplio en el Poder Judicial, como los que su gobierno ha estado promoviendo.
Durante el curso de una audiencia de la Corte Suprema el jueves sobre las recursos contra la ley, los tres jueces que analizaron el tema, incluida la presidenta, Esther Hayut, dejaron en claro que creían que la ley había sido diseñada personalmente para Netanyahu y, por lo tanto, defectuosa, y pidió a los abogados representar a la Knéset y al Fiscal General si retrasar la implementación resolvería este problema.
La defensa de Netanyahu argumenta que la ley no es en absoluto personal y que la Corte Suprema carece de las facultades para actuar en contra de una Ley Básica por su naturaleza semiconstitucional.
Por el momento no se ha definido una fecha para que la Corte Suprema emita su fallo respecto a la ley.
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