El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, defendió su decisión de presentar orden de arresto por crímenes de guerra contra el primer ministro de Israel, diciendo que Jerusalén no ha hecho “ningún esfuerzo real” para investigar las acusaciones.
En una entrevista con Reuters, se mantuvo firme en su decisión sobre la orden de arresto a pesar de que la semana pasada la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de sancionar a la CPI en protesta, una medida que describió como “no deseada”.
Los jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, el ex ministro de defensa Yoav Gallant y el líder militar de Hamás Muhammad Deif en noviembre pasado por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto de Gaza (Israel dice que Deif fue ya eliminado durante la guerra, pero Hamás no lo ha confirmado).
Israel ha rechazado la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya y niega los crímenes de guerra. Estados Unidos, principal aliado de Israel, tampoco es miembro de la CPI y Washington ha criticado las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
“Estamos aquí como tribunal de última instancia y… mientras hablamos ahora mismo, no hemos visto ningún esfuerzo real por parte del Estado de Israel para tomar medidas que cumplan con la jurisprudencia establecida, que es la de investigar a los mismos sospechosos por la misma conducta”, dijo Khan a Reuters.
“Eso puede cambiar y espero que así sea”, dijo en la entrevista del jueves, un día después de que Israel y Hamás alcanzaran un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza.
Una investigación israelí podría haber llevado a que el caso se devolviera a los tribunales israelíes en virtud de los llamados principios complementarios. Israel todavía puede demostrar su voluntad de investigar, incluso después de que se emitieran las órdenes, dijo.
Pero es muy poco probable que Jerusalén inicie investigaciones por crímenes de guerra contra Netanyahu o Gallant.
La CPI, con 125 estados miembros, es el tribunal permanente del mundo para procesar a personas por presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión.
Khan dijo que Israel tenía muy buena experiencia legal.
Pero dijo: “La pregunta es ¿se han utilizado esos jueces, esos fiscales, esos instrumentos legales para examinar adecuadamente las acusaciones que hemos visto en los territorios palestinos ocupados, en el Estado de Palestina? Y creo que la respuesta a eso fue ‘no’”.
La aprobación de la “Ley de Contrarrestación de Tribunales Ilegítimos” por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 9 de enero subrayó el fuerte apoyo al gobierno de Israel entre los correligionarios republicanos del presidente electo Donald Trump.
La CPI dijo que tomó nota del proyecto de ley con preocupación y advirtió que podría privar a las víctimas de atrocidades de justicia y esperanza.
La primera administración de Trump impuso sanciones a la CPI en 2020 por las investigaciones de crímenes de guerra en Afganistán, incluidas las denuncias de tortura por parte de ciudadanos estadounidenses. Esas sanciones se levantaron durante la presidencia de Joe Biden.
Hace cinco años, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y otros miembros del personal tuvieron tarjetas de crédito y cuentas bancarias congeladas y se impidió el viaje a Estados Unidos. Se espera que cualquier otra sanción estadounidense bajo el gobierno de Trump sea más severa y generalizada.
La CPI, creada en 1998, tenía como objetivo asumir el trabajo de los tribunales temporales que han llevado a cabo juicios por crímenes de guerra basados en los principios legales establecidos durante los juicios de Nuremberg contra los nazis después de la Segunda Guerra Mundial.
“Por supuesto, no es deseable ni bienvenido que una institución que es hija de Nuremberg… sea amenazada con sanciones. Debería hacer que la gente tome nota porque este tribunal no es propiedad del fiscal ni de los jueces. Tenemos 125 estados”, dijo Khan.
“Es un asunto que debería preocupar a todas las personas de conciencia”, dijo, negándose a analizar más a fondo lo que las sanciones podrían significar para el tribunal.
Netanyahu calificó las órdenes de arresto como “un día negro en la historia de las naciones” y prometió luchar contra las acusaciones.
Los individuos no pueden impugnar una orden de arresto directamente, pero el Estado de Israel puede objetar toda la investigación. Israel argumentó en una presentación de diciembre que había graves deficiencias procesales en la decisión de Khan de solicitar órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant.
En dos apelaciones, el tribunal abordó en primer lugar la afirmación de Israel de que Khan debería haber proporcionado una nueva notificación de su investigación sobre las acusaciones relativas al enjuiciamiento de la guerra en Gaza tras la invasión y masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023 que dio inicio a la guerra. En cambio, se basó en una notificación emitida en 2021 de una investigación que el tribunal había iniciado en ese momento.
La segunda apelación se ocupó de la afirmación de Israel de que la CPI carece de competencia sobre los israelíes, que Jerusalén podía investigar las acusaciones contra sus líderes por sí sola y que seguir investigando a los israelíes era una violación de la soberanía del Estado.
En la respuesta combinada de 55 páginas de Khan, dijo que el Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI, le permitía enjuiciar crímenes que tienen lugar en el territorio de los Estados miembros, independientemente de la procedencia de los perpetradores. Gaza, como parte de un Estado de Palestina, es un Estado miembro.
Se espera que los jueces dicten una decisión en los próximos meses.
Las acusaciones contra Netanyahu y Gallant se refieren en particular a acusaciones de que los dos líderes habían cometido crímenes de guerra al dirigir ataques contra la población civil de Gaza y al utilizar el hambre como método de guerra al obstaculizar el suministro de ayuda internacional a Gaza.
Khan también afirmó que los dos cometieron crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos como resultado de las restricciones que supuestamente impusieron al flujo de ayuda humanitaria a Gaza.
Israel ha rechazado firmemente el contenido de las acusaciones, insistiendo en que ha canalizado cantidades masivas de ayuda humanitaria a través de los cruces a lo largo de la frontera de Gaza y que cualquier problema con la distribución de esa ayuda a la población civil palestina fue resultado de operaciones ineficientes de las organizaciones de ayuda sobre el terreno, dificultades derivadas del conflicto en curso en el territorio y el saqueo de la ayuda por parte de Hamás y otras organizaciones terroristas.
Israel también ha rechazado las acusaciones de que ataca a civiles, insistiendo en que las bajas civiles causadas por la operación se han debido en gran parte a la táctica de Hamás de empotrar a sus combatientes e instalaciones dentro de la infraestructura civil de Gaza.
La CPI ha dicho que su decisión de solicitar órdenes de arresto contra los funcionarios israelíes estaba en línea con su enfoque en todos los casos, basado en una evaluación del fiscal de que había pruebas suficientes para proceder, y la opinión de que solicitar órdenes de arresto de inmediato podría prevenir crímenes en curso.
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