El comité ministerial establecido para solicitar la destitución de la Fiscal General Gali Baharav-Miara votó unánimemente el domingo para recomendar que el gobierno la destituya de su cargo, informó Haaretz.
La destitución se someterá a votación en la reunión del gabinete el próximo domingo.
La Fiscal General instó anteriormente a la Corte Suprema de Justicia intervenir y detener el proceso. En una carta dirigida al tribunal, escribió: “Durante las últimas cinco semanas, el gobierno ha estado impulsando, paso a paso, un proceso totalmente ilegal para poner fin al mandato de la Fiscal General, causando un creciente daño institucional a la Fiscalía General y a la función pública en su conjunto”.
En respuesta a las peticiones que impugnan su destitución, Baharav-Miara afirmó que apoya la solicitud de una orden judicial y pidió al tribunal que intervenga “lo antes posible”.
Solicitó a los jueces que impidan al gobierno tomar medidas adicionales hasta que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad de su intento de cambiar las normas para la destitución de un Fiscal General.
Advirtió que permitir el proceso de destitución, incluso si finalmente se anula, corre el riesgo de legitimar una campaña ilegal y con motivaciones políticas en su contra. Argumentó que la decisión del gobierno de llevar el asunto ante el gabinete, a pesar de sus defectos legales, refuerza la afirmación de que tales acciones son aceptables.
Afirmó que esto refleja un patrón más amplio en el que el gobierno cambia repetidamente las normas a mitad del proceso para favorecer sus intereses políticos inmediatos, actuando en la práctica “sin reglas claras para lograr un resultado predeterminado”.
Baharav-Miara señaló que este enfoque erosiona a los guardianes destinados a proteger la independencia de la función pública, especialmente de aquellos encargados de supervisar al gobierno, y ya está causando “daños tanto inmediatos como acumulativos”.
La Corte Suprema de Israel emitió el sábado por la noche una orden judicial temporal que bloquea el intento del gobierno de destituir a la Fiscal General, a la espera de una revisión judicial sobre la legalidad del proceso. El fallo se produjo mientras un comité ministerial, creado para promover su destitución, se preparaba para aprobar su recomendación formal el domingo.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil solicitó a la Corte Suprema detener el proceso de destitución. El vicepresidente, Noam Sohlberg, negó la petición, pero enfatizó que la orden judicial temporal sirve para garantizar que haya “tiempo suficiente para la revisión judicial” antes de que se tome una decisión definitiva.
La orden judicial sigue a una medida similar de la semana pasada, en la que el tribunal declaró que cualquier destitución “no entrará en vigor hasta que el tribunal disponga de tiempo suficiente para realizar la revisión judicial” y determinar si emitirá una orden de mayor duración.
El comité, presidido por el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amijai Chikli, acusó a la Fiscal General de negarse a cooperar con el gobierno. En su declaración, el comité rechazó la afirmación de Baharav-Miara de que la audiencia no se lleva a cabo “con una mentalidad abierta y de buena fe”, señalando que el gobierno ya había declarado su desconfianza en ella.
El comité afirmó que la pérdida de confianza “no implica en sí misma una destitución”, sino que su declaración es una “etapa preliminar adicional, más allá de lo que exige la ley, para indicar que la situación actual de defensa legal adversa y obstructiva no puede continuar”.
Los miembros del comité expresaron su sincera esperanza de escuchar sus argumentos y lamentaron su decisión de no asistir a la reunión.
El intento de destituir a Baharav-Miara se produce tras dos años de creciente tensión entre ella y el gobierno, principalmente debido a su oposición a elementos clave de la reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu y otras decisiones controvertidas consideradas antidemocráticas por sus críticos.
En su apelación ante la Corte Suprema, Baharav-Miara advirtió la semana pasada que proceder con su destitución mientras Netanyahu se enfrenta a un juicio en Jerusalén crea un conflicto de intereses, ya que ella tiene autoridad sobre la Fiscalía. Describió la iniciativa como una “toma política total” de la Fiscalía General, comparándola con el caso Bar-On-Hebrón en 1997, un notorio intento de nombrar a un Fiscal General complaciente con fines políticos.
Esta medida, argumentó, es ilegal y socava gravemente la independencia y neutralidad de la Fiscalía, abriendo la puerta a acuerdos y escándalos políticos.
Baharav-Miara destacó la incapacidad del gobierno para convocar un comité público independiente, legalmente autorizado, a fin de supervisar su destitución. Posteriormente, el gobierno politizó aún más el proceso, lo que generó serias preocupaciones sobre su legitimidad.
En respuesta, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amijai Chikli, defendieron la gestión del proceso de destitución, afirmando que “la audiencia ante el comité ministerial establecido por el gobierno constituye una protección rigurosa e incluso excepcional de los derechos de la Fiscal General“.
Argumentaron que el gobierno tiene la autoridad de modificar los procedimientos establecidos por administraciones anteriores y destacaron importantes dificultades que obstaculizaron al comité asesor previamente designado para este asunto.
Levin y Chikli también criticaron la decisión de Baharav-Miara de que un abogado externo represente al gobierno en las solicitudes contra su destitución, tachándola de “completamente absurda”.
Y agregaron: “El servicio jurídico público no es ni puede ser propiedad privada de la Fiscal General. Fue creado y concebido como una misión central para representar al gobierno, no para actuar sistemáticamente en su contra ni para servir a los intereses privados de la Fiscal General“.
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