Familias de tres rehenes que aún se encuentran retenidos en Gaza por Hamás han presentado una demanda contra Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), acusándolo de colaborar con el grupo terrorista palestino y de obstruir la justicia.
El miércoles, la ONG israelí Shurat HaDin, dirigida por la abogada Nitsana Darshan-Leitner, anunció una demanda por valor de 20 millones de NIS (unos 5,9 millones de dólares) en nombre de las familias de Avinatan Or, Eitan Mor y Omri Miran.
“La Corte Penal Internacional se ha convertido en una rama de Hamás. Mediante las acciones directas de Khan, este impulsó enormemente a los asesinos terroristas”, declaró Darshan-Leitner, fundadora y presidenta de Shurat HaDin, en un comunicado.
La demanda acusa a Khan de convertir la CPI en una rama de Hamás, el grupo terrorista que ha gobernado Gaza durante casi dos décadas, y exige su investigación por presuntamente actuar contra Israel para desviar la atención de las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.
También acusa a Khan de socavar a Israel, engañar a los demandantes y brindar apoyo a organizaciones terroristas.
“Las difamaciones sangrientas que el acusado tejió contra el Estado de Israel y sus líderes, al crear una falsa equivalencia moral entre el Estado de Israel —la víctima— y los terroristas que retienen a los rehenes y abusan de ellos a diario, legitimaron a los terroristas para continuar extorsionando a Israel mientras retienen y abusan de los rehenes”, afirma la demanda sobre Khan.
Según la demanda, Khan no emitió órdenes de arresto durante ocho meses contra altos líderes de Hamás responsables del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, incluyendo a Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh.
Incluso entonces, optó por no perseguir a otras figuras de Hamás y la Yihad Islámica, un grupo terrorista aliado en Gaza, directamente responsable de la toma de rehenes.
De esta manera, la demanda argumenta que Khan estableció una falsa equivalencia moral entre un Estado democrático que se defiende a sí mismo y grupos terroristas que asesinan civiles, mientras retrasa la acción, desvía la responsabilidad y proporciona cobertura política a Hamás.
“No permitiremos que los tribunales internacionales se conviertan en santuarios del terrorismo. No permitiremos que reescriban la historia. No permaneceremos en silencio mientras secuestran la justicia”, declaró la ONG israelí en una publicación en X.
En noviembre, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa, Yoav Gallant, y el entonces ya fallecido líder terrorista de Hamás, Ibrahim al-Masri (más conocido como Mohammed Deif), por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el conflicto de Gaza, según The Algemeiner.
Khan presentó inicialmente su sorpresiva demanda de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant el mismo día de mayo en que canceló repentinamente una visita largamente planeada a Gaza e Israel para recabar pruebas de presuntos crímenes de guerra. Según informes, la cancelación de último momento enfureció a los líderes estadounidenses y británicos, ya que el viaje habría ofrecido a los líderes israelíes una primera oportunidad para presentar su postura y detallar las medidas que estaban tomando para responder a las acusaciones.
Sin embargo, la CPI afirmó que existían motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant eran penalmente responsables de la hambruna en Gaza y la persecución de los palestinos, acusaciones que Israel, que ha proporcionado una importante ayuda humanitaria al enclave durante la guerra, niega rotundamente.
Israel también afirma haber realizado esfuerzos sin precedentes para intentar evitar víctimas civiles, a pesar de la estrategia militar ampliamente reconocida de Hamás de integrar a sus terroristas entre la población civil de Gaza y apropiarse de instalaciones civiles como hospitales, escuelas y mezquitas para realizar operaciones y dirigir ataques.
Funcionarios estadounidenses e israelíes han emitido duras condenas a la acción de la CPI, criticando al tribunal por establecer una equivalencia moral entre los líderes israelíes elegidos democráticamente y los líderes de Hamás, que inició la guerra en Gaza con su invasión y masacre en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.
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