En 1992, el Parlamento danés aprobó una ley especial que otorgaba asilo a 321 refugiados palestinos del Líbano que vivían ilegalmente en el país, según The Washington Free Beacon.
Veinticinco años después, el ministro danés Martin Henriksen solicitó a una comisión parlamentaria que examinara su situación en su nuevo hogar.
Mientras estalla la controversia sobre la decisión del Departamento de Estado de suspender temporalmente los visados para los gazatíes que visitan Estados Unidos, un informe instructivo elaborado por dicha comisión parlamentaria ha circulado por las redes sociales.
El informe del comité puso en duda la sensatez de la decisión de acoger a esos refugiados, señalando que 67 de los 321 habían recibido algún tipo de pena de prisión, mientras que 137 estaban sujetos a multas legales superiores a 200 dólares. Es decir, más del 60 % tenía antecedentes penales.
La dependencia de la asistencia social también era generalizada. La mayoría de los refugiados recibían prestaciones sociales, según el informe, que hizo un seguimiento de dichas prestaciones entre 2007 y 2016.
Al menos 180 refugiados, es decir, el 56 %, recibieron prestaciones sociales durante el período de 10 años. Esa cifra alcanzó un máximo de 189 en 2016.
“Sin duda, en Dinamarca hemos sido demasiado descuidados con respecto a quiénes obtenían permisos de residencia permanente”, declaró el entonces ministro en funciones de inmigración e integración de Dinamarca, Kaare Dybvad Bek, en respuesta al informe de 2020.
“Algunos de los que han llegado aquí no están integrados, y estas cifras también lo demuestran. Es deprimente que una parte tan grande de un determinado grupo haya sido condenada por un delito o reciba asistencia social”.
Dinamarca aprobó una ley de integración en 1999, siete años después de conceder la residencia a los refugiados palestinos. Esta ley impuso un programa de introducción de tres años para refugiados que incluye clases de idioma.
El debate sobre los refugiados palestinos se ha acalorado en Estados Unidos en medio de la guerra de represalia de Israel contra Hamás.
Cuando el Departamento de Estado anunció la semana pasada su decisión de suspender los visados de visitante para los gazatíes, citó informes de varias oficinas del Congreso que indicaban que las organizaciones que facilitaban su evacuación de la Franja tenían vínculos con grupos terroristas. El secretario de Estado, Marco Rubio, abordó la suspensión de visas el domingo.
“Algunas de las organizaciones que se jactan de la obtención de estas visas y que están involucradas en su obtención tienen fuertes vínculos con grupos terroristas como Hamás”, declaró, señalando que la suspensión permitirá al gobierno “reevaluar cómo se están examinando esas visas y qué relación, si la hay, han tenido estas organizaciones con el proceso de obtención de las mismas”.
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