La Universidad de Cornell acordó pagar 60 millones de dólares y aceptar la interpretación de la administración Trump sobre las leyes de derechos civiles a fin de recuperar la financiación federal y poner fin a las investigaciones en su contra.
El acuerdo entre la universidad y la administración Trump restablecerá más de 250 millones de dólares en fondos para investigación, en el último pacto con una universidad sobre el manejo del antisemitismo en el campus.
El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, anunció el acuerdo el viernes, afirmando que defiende la libertad académica de la universidad y, al mismo tiempo, restablece más de 250 millones de dólares en fondos para investigación que el gobierno retuvo mientras se investigaban presuntas violaciones de derechos civiles. La congelación de fondos por parte del gobierno había paralizado la investigación, trastornado carreras y amenazado el futuro de los programas académicos, dijo.
La universidad acordó pagar 30 millones de dólares directamente al gobierno estadounidense, además de otros 30 millones para investigación que apoyará a los agricultores estadounidenses.
Este es el acuerdo más reciente alcanzado entre la administración Trump y las universidades de élite a las que ha acusado de tolerar el antisemitismo y promover ideas de extrema izquierda. Trump sigue en el enfrentamiento con Harvard, la universidad más antigua y rica del país, y últimamente ha intentado un enfoque basado en incentivos, ofreciendo acceso preferencial a fondos federales a otras instituciones que se adhieran a su agenda política.
Un comunicado de la sección de Cornell de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios indicó que, si bien el acuerdo «omite muchas de las peores cláusulas» de los acuerdos firmados por otras universidades, el acuerdo de Cornell representa una amenaza para la libertad académica y excede lo que exige la ley.
El acuerdo exige que Cornell cumpla con la interpretación del gobierno sobre las leyes de derechos civiles en temas relacionados con el antisemitismo, la discriminación racial y las personas transgénero. Un memorándum del Departamento de Justicia que ordena a las universidades abandonar los programas de diversidad, equidad e inclusión, así como las políticas favorables a las personas transgénero, se utilizará como material de capacitación para el profesorado y el personal de Cornell.
El campus también debe proporcionar una gran cantidad de datos de admisión que el gobierno ha solicitado por separado a las universidades para garantizar que la raza ya no se considere un factor en las decisiones de admisión.
La Secretaria de Educación, Linda McMahon, lo calificó como un compromiso transformador que se centra en el “mérito, el rigor y la búsqueda de la verdad”.
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