La figura de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, acérrima enemiga de Israel y embozada antisemita, no puede analizarse como un exceso retórico individual. Es la expresión visible de una crisis estructural: la erosión progresiva de la autoridad moral de Naciones Unidas en el conflicto israelí-palestino.
En un foro realizado por videoconferencia titulado “La causa palestina en un mundo que avanza hacia la multipolaridad”, organizado por Al Jazeera y en el que participaron, entre otros, el líder de Hamás Khaled Mashaal y el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi, Albanese presentó a Israel como el mayor enemigo de la humanidad contemporánea.
No se trata de una hipérbole improvisada ni un exabrupto, sino de una caracterización que ubica al Estado judío en un lugar de demonización singular dentro del sistema internacional. Lo que vuelve la declaración aún más reveladora es lo que omitió: no hubo condena equivalente al terrorismo de Hamás, ni mención al régimen iraní que desde hace décadas proclama abiertamente su intención de borrar a Israel del mapa, ni referencia a dictaduras como Corea del Norte. Esa asimetría moral no es accidental; es el núcleo del problema.
Más inquietante todavía es el silencio del secretario general António Guterres. Cuando la máxima autoridad administrativa de la ONU no corrige ni matiza una acusación de esa magnitud, la institución deja de parecer árbitro para convertirse en actor. El silencio, en este contexto, no es neutralidad: es complicidad institucional.
Las declaraciones de Albanese —y antes que ella los informes encabezados por figuras como Navi Pillay— no generaron la crisis de credibilidad de la ONU. La expusieron. El problema no es de una funcionaria en particular, sino de una cultura institucional que ha desplazado la universalidad jurídica por la militancia política.
Esta deriva no comenzó ayer. Cabe mencionar algunos comportamientos oprobiosos de la ONU y sus organismos apéndices.
En 2008, tras la masacre terrorista en la yeshivá Mercaz HaRav de Jerusalén, el Consejo de Seguridad fue incapaz de aprobar una condena clara. Mientras familias israelíes enterraban a adolescentes asesinados, el máximo foro diplomático mundial quedó paralizado por cálculos políticos. Ese silencio fue una señal temprana de selectividad moral.
En 2012, la Asamblea General otorgó estatus de “Estado observador” a Palestina eludiendo negociaciones directas con Israel, institucionalizando la ficción de que la diplomacia simbólica puede reemplazar acuerdos reales entre las partes.
Las resoluciones posteriores profundizaron la tendencia: gestos políticos que generan titulares, pero no soluciones. La ONU empezó a funcionar como escenario de narrativa antes que como instrumento de mediación.
Esta asimetría no es solo retórica: es cuantificable. Durante años, una proporción abrumadora de las resoluciones condenatorias de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos han tenido como destinatario a Israel, superando ampliamente las dirigidas a regímenes responsables de guerras civiles, limpieza étnica o represión masiva. La desproporción es tan evidente que ya no puede explicarse como coincidencia diplomática, sino como patrón político. Cuando un organismo internacional concentra su energía condenatoria de forma casi exclusiva en una democracia mientras relativiza violaciones sistemáticas en otras regiones, deja de operar como foro universal y se transforma en tribuna ideológica.
Ese desplazamiento alcanzó su punto más visible cuando comisiones de investigación comenzaron a producir informes que acusan a Israel de genocidio mientras relativizan la violencia sistemática de organizaciones que reivindican el terrorismo como método político. Cuando la denuncia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y se convierte en propaganda.
La crisis de la ONU no radica en criticar a Israel. Toda democracia debe tolerar el escrutinio. La coyuntura se manifiesta en la pérdida de proporcionalidad, consistencia y universalidad. Un organismo que aplica principios variables según el actor involucrado deja de ser árbitro para convertirse en parte del conflicto.
La verdadera dimensión de la contingencia no radica solo en lo que Francesca Albanese dice, sino en que continúe ejerciendo su cargo pese a un historial reiterado de declaraciones que revelan una hostilidad sistemática hacia Israel incompatible con la imparcialidad exigible a una relatora de la ONU. Que ese antecedente no genere consecuencias institucionales revela hasta qué punto el sesgo ha sido normalizado.
Cuando una organización pierde la capacidad —o la voluntad— de corregir sus propios excesos, la erosión de su credibilidad deja de ser un riesgo futuro: se convierte en una realidad presente.
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