La decisión de las autoridades israelíes de impedir la celebración del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, que afectó al Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, desató una inmediata ola de críticas a nivel internacional.
En un contexto de alta tensión y bajo argumentos de seguridad, la medida fue percibida como una restricción sin precedentes a la libertad de culto en uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Entre las críticas, se destacó la de la Unión Europea, a través de su jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, quien denunció una supuesta “violación de la libertad religiosa” y reclamó que el carácter multirreligioso de Jerusalén sea plenamente garantizado. A estas condenas se sumaron diversos gobiernos, entre ellos el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien expresó su rechazo a la medida y convocó al embajador israelí, en línea con otros pronunciamientos diplomáticos que se sucedieron en las horas siguientes.
Tras la controversia generada, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó revertir la decisión y habilitar el acceso del patriarca al templo para la celebración de los oficios, evidenciando el peso de la presión internacional sobre una medida inicialmente adoptada en circunstancias excepcionales.
Los cuestionamientos al accionar de la policía israelí omiten un elemento central: la medida fue dispuesta en un escenario de agresiones concretas y recientes contra la seguridad. En los últimos días, ataques de la República Islámica de Irán hicieron caer fragmentos de proyectiles en zonas extremadamente sensibles de Jerusalén, muy próximas al Muro de los Lamentos y a la Mezquita de Omar, lugares de enorme significación religiosa. En ese contexto, las restricciones no se limitaron a la comunidad cristiana, sino que se inscribieron en un conjunto de advertencias y recomendaciones emitidas por las autoridades israelíes, en el marco de protocolos de seguridad vigentes, que desaconsejan la concentración de grandes grupos de personas, particularmente en sinagogas y otros espacios de reunión, ante el riesgo de nuevos ataques, en vísperas de la celebración de Pesaj, la pascua judía. Ello desmiente que se trate de una disposición dirigida específicamente contra una confesión.
Este encuadre encontró rápida amplificación en diversos medios de comunicación. La periodista Elisabetta Piqué tituló en el diario La Nación de Argentina: “Una ofensa para los creyentes”, acompañado del subtítulo “Israel impidió celebrar el Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”. No resulta necesario un análisis exhaustivo para advertir cómo ese tipo de formulaciones, desprovistas del contexto de seguridad, condicionan la percepción del lector. Basta observar los comentarios suscitados a partir de dicha cobertura para constatar hasta qué punto el encuadre inicial influye decisivamente en la interpretación de los hechos.
Lo que aquí resulta verdaderamente revelador no es tanto la medida —discutible como toda restricción— sino la rapidez con la que es encuadrada como un acto de discriminación religiosa, prescindiendo deliberadamente del contexto en el que se produce. Esa lectura automática contrasta de manera llamativa con el tratamiento que han recibido, en un pasado reciente, situaciones mucho más graves y sistemáticas.
En la Franja de Gaza, se han documentado secuestros y conversiones forzadas de cristianos por parte de grupos islamistas, en un clima de intimidación sostenida que empujó a la comunidad a la invisibilidad o al exilio. En Irak, particularmente en ciudades como Mosul, la población cristiana sufrió asesinatos, amenazas y desplazamientos masivos que redujeron drásticamente su presencia histórica. En Siria, el conflicto derivó en la destrucción de iglesias, expulsiones forzadas y una verdadera limpieza demográfica en algunas regiones. Casos similares se registraron en Egipto, donde el secuestro y la islamización forzada de menores cristianas fue denunciado durante años, así como en otros países donde la aplicación de la ley islámica restringió severamente la práctica de otras religiones.
Frente a estos hechos —que incluyeron asesinatos, persecución continua y desaparición de comunidades cristianas enteras— la reacción internacional fue, en el mejor de los casos, tenue e intermitente. No menos significativo resultó el silencio, o la tibieza, de las más altas autoridades eclesiásticas, que evitaron en muchos casos denunciar con la firmeza necesaria estas vulneraciones, acaso por razones de prudencia diplomática o por temor a agravar tensiones con el mundo islámico.
En cambio, una medida puntual en Jerusalén, adoptada bajo circunstancias excepcionales de seguridad y aplicada de manera general, es rápidamente elevada a la categoría de escándalo global.
No se trata de eximir a ningún Estado del escrutinio ni de justificar restricciones a la libertad de culto, sino más bien de exigir un mínimo de coherencia. Si la defensa de la libertad religiosa ha de ser un principio universal, no puede depender del sujeto al que se juzga ni del contexto político en el que se inscribe. De lo contrario, deja de ser un valor para convertirse en un instrumento selectivo, moldeado por intereses y prejuicios.
Jerusalén, ciudad sagrada para tres religiones, merece algo más que lecturas simplificadas. Amerita un análisis honesto, capaz de distinguir entre medidas excepcionales en contextos de amenaza y verdaderas políticas de persecución religiosa. Confundir ambas cosas no solo distorsiona la realidad: contribuye también a banalizar las tragedias que, lejos de los titulares, siguen afectando a millones de creyentes en distintas partes del mundo.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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