El gobierno de Israel anunció este domingo que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aprobó la composición del Consejo de la Segunda Autoridad, organismo regulador de radiodifusión comercial.
“No reconoceremos ninguna decisión, aprobación, nombramiento o acción que tome el consejo, mientras no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la ley”, declararon en un comunicado el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi.
“La decisión se tomó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 17 de junio de 2026, que restituyó el Consejo de la Segunda Autoridad del gobierno anterior, a pesar de que el número de sus miembros en funciones disminuyó por debajo del mínimo establecido por la ley”, señaló el comunicado.
Según los ministros, “el gobierno determinó que la ley vincula a todos los organismos gubernamentales, incluida la Corte. Un fallo que contradice directamente el texto claro de la ley no puede otorgar autoridad que no existe en la ley, y por lo tanto, el gobierno no reconocerá las acciones realizadas al amparo de ella”.
“El gobierno determinó además que no se admitirá ninguna alegación de confianza por parte de elementos del mercado de los medios de comunicación respecto a las acciones tomadas como resultado de decisiones de un consejo que no cumple con los requisitos establecidos por el Poder Legislativo“.
El vicefiscal general Gil Limón calificó el anuncio del gobierno como “la normalización de una violación sistemática de la ley”.
Según él, esto sienta un precedente para la mala conducta. “¿Cómo es posible que el gobierno tome una decisión que contradice la postura de la Fiscalía? Eso es lo que sucederá, cuando exista algún tipo de opinión, un fallo, que no le guste al gobierno”.
Levin declaró: “El Estado de derecho implica que la ley es vinculante para todos, incluidos los tribunales. En un país democrático, la Knéset legisla y los tribunales están obligados a aplicar la ley. Cuando un fallo entra en conflicto directo con el texto de la ley, esto no constituye una crítica legal, sino una violación del principio de separación de poderes. El gobierno tiene el deber de insistir en que la ley, y solo la ley, sea la fuente de la autoridad gubernamental. Seguiremos actuando con todos los medios legales a nuestro alcance para restablecer el Estado de derecho”.
Karhi agregó: “Los jueces de la Corte Suprema no son la Knéset, y el poder no les otorga la autoridad de eliminar un requisito legal explícito, aunque les resulte inconveniente. El Estado de derecho no es la ley de los jueces. Hoy, el gobierno declaró claramente: Cuando la Corte Suprema pisotea la ley, el Estado no lo permitirá. La mayoría de dos tercios es un requisito legal, no una recomendación, y un consejo que no cumple con los requisitos establecidos por el Poder Legislativo no existe y sus decisiones carecen de validez. Así será en el futuro, en cada intento de la Corte de pisotear las leyes de la Knéset“.
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