El gobierno de Israel aprobó el miércoles un plan para que el servicio de seguridad Shin Bet se haga cargo de combatir el crimen organizado en la comunidad árabe-israelí.
Esta medida, que implicará el desvío de cientos de millones de shekels para planes de desarrollo comunitario y el financiamiento de las operaciones policiales, provocó la condena de organizaciones de derechos humanos, advirtiendo que la iniciativa es discriminatoria y agravará la desigualdad entre judíos y árabes en Israel.
El plan fue iniciativa del primer ministro Benjamín Netanyahu, la ministra de Igualdad Social, May Golán, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Netanyahu lo describió como una “noticia trascendental y un paso significativo” en la lucha contra el crimen organizado.
“La combinación de las capacidades de inteligencia, operativas y tecnológicas del Shin Bet con las acciones de la Policía de Israel y los demás organismos encargados de hacer cumplir la ley permitirá aplicar las mejores herramientas disponibles en el país para detener a los líderes del crimen organizado, dañar su infraestructura y restablecer la seguridad personal de los ciudadanos de Israel”, afirmó Netanyahu en un comunicado conjunto con Golán y Ben Gvir.
“No toleraremos una situación de violencia, extorsión y asesinatos en las calles”, recalcó.
Se desviarán fondos de un programa quinquenal de 30.000 millones de NIS (8,300 millones de dólares), denominado Plan 550, creado en 2021 por gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid. El programa buscaba equiparar a las comunidades árabes con las judías en áreas como vivienda, seguridad y desarrollo económico, tras décadas de abandono.
May Golán aseguró que “en lugar de que el dinero público fortalezca a las organizaciones criminales, fortalecerá al Shin Bet y a la policía en su lucha contra ellas”.
“Excelentes noticias para los ciudadanos de Israel, noticias amargas para las organizaciones criminales”, declaró Ben Gvir, el ministro a cargo de la policía, acusado de no intervenir para frenar la violencia que ya se ha cobrado la vida de 156 miembros de la sociedad árabe desde principios de año.
Unos 497 millones de NIS (166,4 millones de dólares) del Plan 550 se destinarán a la campaña nacional contra el crimen organizado en la comunidad árabe. 345 millones de NIS (115.5 millones de dólares) se asignarán al Shin Bet para crear una unidad especializada en el tráfico de drogas y armas y mejorar sus medios de inteligencia operativa. Otros 132.4 millones de NIS (44.2 millones de dólares) irán a la Policía de Israel para crear una unidad nacional dedicada a la lucha contra la delincuencia en la comunidad árabe, y el Shin Bet recibirá un presupuesto para contratar a 130 agentes adicionales.
La organización Abraham Initiatives, un grupo de vigilancia contra la violencia centrado en la comunidad árabe, criticó duramente la medida.
“Esto no es una campaña contra la delincuencia, sino convertir a los ciudadanos en una amenaza para la seguridad. La delincuencia no es terrorismo. En lugar de una fuerza policial eficaz, investigaciones y prevención ciudadana, el gobierno está optando por debilitar a la sociedad árabe y perjudicar la democracia”.
Abogados de la Asociación por los Derechos Ciudadanos en Israel afirmaron que al involucrarse, el Shin Bet “se extralimitará en sus funciones y causará graves daños a los derechos fundamentales de toda la población árabe”.
Señalaron que la policía combate el crimen organizado en la comunidad judía utilizando métodos habituales de lucha contra el crimen.
Transferir fondos al Shin Bet, “que no está autorizado para actuar en el ámbito de la aplicación de la ley penal causará graves perjuicios a los derechos humanos, agravará la desigualdad y atentará contra los principios básicos de la democracia”, declararon los abogados.
El Centro Mossawa, de defensa de los ciudadanos árabes de Israel, afirmó que el plan desviará fondos destinados a proyectos para jóvenes en riesgo, formación profesional para jóvenes, el establecimiento de zonas industriales, el transporte público y la planificación de la vivienda.
“La ministra May Golán demuestra una vez más que no es apta para el cargo de Ministra de Igualdad Social al actuar para profundizar la discriminación en lugar de promover la igualdad”, concluyó el comunicado.
Una fuente gubernamental anónima declaró a Ynet que el Shin Bet no se involucrará directamente con las organizaciones criminales, sino que se centrará en el contrabando y el tráfico de armas ilegales.
“Es evidente que las armas de contrabando terminan en manos de organizaciones criminales, pero se trata de un nicho muy específico”, afirmó la fuente, y recalcó que el Shin Bet no reemplazará a la policía.
Un dictamen jurídico del Ministerio de Igualdad Social, expresó objeciones en torno al desvío de fondos, informó Ynet.
El dictamen señaló que el Ministerio de Justicia no fue consultado y que, sin asignar fondos también a las autoridades judiciales, la nueva medida podría crear desequilibrios estructurales y obstáculos, afectando la eficiencia del sistema de aplicación de la ley.
Según Ynet, el Ministerio de Trabajo se opuso al plan de desviar fondos del programa 550, destinados a mejorar el empleo en la comunidad árabe, mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes también presentó objeciones debido a los proyectos que gestiona.
El exjefe del Shin Bet, Ronen Bar, se negó a involucrar al servicio de seguridad en la lucha contra la delincuencia árabe, advirtiendo que su injerencia en las investigaciones de ciudadanos en asuntos penales podría ser un precedente peligroso. El Shin Bet se centra principalmente en asuntos de seguridad nacional, no en asuntos penales internos.
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