ARNOLDO KRAUS
No recuerdo la fuente. En uno de mis cuadernos tengo anotada una idea que suelo repetir: “Las dos grandes metas de la ética son bregar por la justicia y aspirar a la felicidad”. Cuando discuto esa idea con amigos doctos no todos concuerdan. Algunos consideran que libertad y democracia compiten con justicia y felicidad. Esos, y otros propósitos relacionados con ética, como disminuir los índices de pobreza o diseminar los frutos del conocimiento, son también fundamentales. Poco importa el orden de las metas. Importa que se cumplan. Cuando el incumplimiento rebasa “lo permisible” la violación se convierte en epidemia.
La falta de justicia en México es un mal epidémico. Debido a otra epidemia, la de la impunidad, menos del 1% de los delitos cometidos en nuestro país se castigan. La organización no gubernamental, con sede en Washington, “The World Justice Project”, movimiento global dedicado a fortalecer la ley para facilitar el desarrollo de las comunidades, informó, recientemente, que de una muestra de 97 naciones estudiadas, nuestro país ocupa el lugar número 91 en impartición de justicia penal, el 89 en impartición de justicia civil y el 74 en corrupción.
Esas cifras son suficientes para explicar algunas razones por las cuáles las epidemias, injusticia e impunidad ahogan al país y sepultan la confianza ciudadana en muchas instituciones, incluyendo las dedicadas a impartir justicia. Sí a los números anteriores se añade que la mayoría de los procesados son gente pobre cuyo delito consistió en robos menores, muchas veces para sobrevivir y no pocas como consecuencia del desempleo, el entuerto se complica y la esperanza se difumina si se cavila en tres sucesos recientes.
El común denominador de los tres sucesos es la aplicación de la justicia en 2013 a la justicia aplicada años atrás. La justicia mexicana corrige a la justicia mexicana: los dictámenes en contra Rafael Caro Quintero (1995), fundador del cartel de Guadalajara, contra Raúl Salinas de Gortari, acusado, entre otras razones por enriquecimiento ilícito, y el dictamen que llevó a la cárcel a Jorge Antonio Hernández en abril 2013, presunto asesino de Regina Martínez Pérez, reportera de Proceso, han sido revocados.
Por fallos procesales, el primero abandonó la cárcel hace pocos días, 12 años antes de cumplir su condena; la versión actual sostiene que fue un error enjuiciarlo en el fuero federal por el homicidio de Enrique Camarena, agente de la Drug Enforcement Agency, cuando debió enjuiciarse en un juzgado del fuero común. Agosto es también el mes para Raúl Salinas de Gortari. Un juez federal ordenó que le sean devueltos sus bienes y el dinero decomisado en 1996 al exonerarlo del delito de enriquecimiento ilícito. Si procede la resolución, recibirá 224 millones de pesos -no han aclarado si le se agregaran intereses- y cerca de treinta bienes inmuebles repartidos en el país. Finalmente, aunque no finalmente -restan 13 días y algunas horas para que finalice agosto-, Jorge Antonio Hernández, el otrora presunto asesino de Regina Martínez, fue liberado hace unos días: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, aseguró que el inculpado fue torturado y obligado a declarar, por lo que sus garantías fueron violadas.
No existe un común denominador para explicar el cambio de actitud en los tres casos. Las razones para resarcirlos difieren tanto como los motivos por los cuáles fueron procesados. Las causas que condujeron al encarcelamiento de los tres -Raúl paso diez años en prisión- son historias cotidianas en México. Su frecuencia y repetición son parte de la realidad mexicana. Lo que no es cotidiano es juzgar y encarcelar a personas que cometen delitos similares a los del trío mencionado. Menos común son los sucesos de agosto de 2013: aplicar una nueva justicia a la vieja justicia y después exonerar, preocupa. El malestar en la sociedad es inmenso. Difícil resumir las incomodidades. La falta de aliño de nuestra justicia es incalificable. Aunque la injusticia en México carece de límites, las horteras acciones de nuestro agosto son incalificables.
Agosto, junto con septiembre, será el mes más mexicano. El primer emperador del imperio romano, Cayo Julio César Augusto (Augustus: digno de respeto) modificó el nombre original del mes, Sextilis, por el de agosto. Según una versión, se premió a Julio César con ese mes, ya que hechos tan notables como la caída de Alejandría sucedieron en agosto; otra versión, leyenda para muchos, afirma que Julio César robó un día a febrero, dejándolo con 28 días, para que su agosto tuviese 31 días en vez de 30. A diferencia de la etimología de Augusto, “digno de respeto”, nuestra justicia, en agosto, y en el resto de los meses no merece ese apelativo. Por suerte, para nuestros hacedores de injusticia, agosto de 2013 aún no ha finalizado.
Fuente:noticiasnet.mx