Las FDI informaron este miércoles que se inició una investigación penal por la filtración de un video de vigilancia del centro de detención de Sde Teiman que supuestamente mostró a soldados maltratando gravemente a un detenido palestino el año pasado.
Debido a la investigación, que indaga a personas en la oficina del Abogado General Militar, la principal abogada de las FDI, la mayor general Yifat Tomer–Yerushalmi, fue suspendida indefinidamente.
La fiscal general Gali Baharav-Miara ordenó la apertura de la investigación penal tras recibir nueva información sobre la filtración y después de consultar con el fiscal general y el jefe de la división de investigaciones de la policía, según un comunicado de su oficina.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Policía de Israel con el apoyo de la Fiscalía General, y no por el ejército.
La abogada militar general Tomer-Yerushalmi solicitó una licencia “hasta que se aclaren más detalles sobre el asunto”, según un comunicado de las FDI. El jefe de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, aprobó su solicitud.
Según las FDI, se está examinando la posible participación de personas de la oficina de la abogada militar general en la distribución del video emitido por el Canal 12 en agosto de 2024, como parte de la investigación.
La investigación también indagaba la sospecha de que Tomer-Yerushalmi sabía que el video se había filtrado al Canal 12.
Las imágenes filtradas mostraban a soldados en Sde Teiman apartando a uno de los detenidos, que yacía boca abajo en el suelo, y rodeándolo con escudos antidisturbios para impedir la visibilidad mientras presuntamente cometían el abuso. Posteriormente, el detenido fue trasladado para recibir tratamiento por lesiones graves.
Durante una audiencia en el Tribunal Superior a principios de este año, un abogado de uno de los sospechosos en el caso de abuso afirmó que el video había sido editado a partir de grabaciones de dos días distintos, en uno de los cuales la víctima ni siquiera estuvo presente.
Los legisladores de la coalición condenaron el video filtrado, calificándolo de difamación contra los soldados, y exigieron una investigación sobre cómo se filtró al Canal 12.
El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el miércoles que «acoge con beneplácito y apoya» la decisión de iniciar la investigación penal. «Este es un asunto grave que ha generado una difamación contra los soldados de las FDI en Israel y en todo el mundo, y debe ser examinado e investigado a fondo», afirmó.
«La abogada general militar no retomará su cargo mientras dure la investigación, y una vez concluida, actuaremos de acuerdo con las conclusiones», añadió Katz.
Otros legisladores de derecha, incluido el diputado Zvi Sukkot, de Hatzionut Hadatit, manifestaron su apoyo a la investigacióm.
Sukkot fue uno de los numerosos activistas y legisladores de extrema derecha que se amotinaron en la base de Sde Teiman tras el arresto de los soldados. Fue citado a declarar por la policía el lunes.
Los abogados de dos de los reservistas acusados en el caso de abuso exigieron a la fiscalía militar que retirara los cargos contra sus clientes en el marco de la investigación sobre la filtración del video.
Moshe Polsky, en representación de la organización de asistencia jurídica de derecha Honenu, condenó la entrega de las imágenes de vigilancia al Canal 12, calificándola de “filtración vil que puso en peligro a los rehenes y causó un grave daño a la reputación internacional de Israel“.
Exigió al jefe de las FDI, Zamir, que suspendiera a todos los subordinados relacionados con la investigación de Sde Teiman.
A principios de este año, la fiscalía militar presentó una acusación formal contra cinco soldados por el abuso.
La investigación de alto perfil sobre el abuso provocó indignación entre los políticos de la coalición, ministros del gobierno y activistas de derecha.
Cuando los reservistas fueron detenidos el 29 de julio de 2024, decenas de personas irrumpieron en el centro de detención y en otra base militar en un intento por impedir los arrestos.
Según la acusación formal, los cinco soldados golpearon y agredieron brutalmente al prisionero tras su ingreso en el centro de detención el 5 de julio de 2024, causándole graves lesiones, incluyendo fracturas de costillas y una laceración interna en el recto.
Las FDI afirmaron que la acusación se basa en una investigación de la Policía Militar, que incluye “amplios registros médicos y documentación visual auténtica de las cámaras de seguridad del centro de detención”.
El ejército abrió un centro de detención en una base ubicada en Sde Teiman, en el sur de Israel, en medio de una afluencia de detenidos palestinos durante el transcurso de la guerra en Gaza, para albergar a gazatíes sospechosos de actividades terroristas.
Diversos informes han denunciado irregularidades y abusos generalizados en el centro, incluyendo el uso excesivo de restricciones físicas, palizas, negligencia médica, castigos arbitrarios y más.
Esto llevó al ejército a iniciar varias investigaciones relacionadas con incidentes ocurridos en las instalaciones. A principios de este año, un reservista de las FDI que sirvió como guardia en Sde Teiman durante la guerra de Gaza fue condenado a siete meses de prisión por abusar de detenidos palestinos, en un acuerdo con la fiscalía en un caso aparte.
Durante la guerra entre Israel y Hamás, Sde Teiman se utilizó para albergar a más de 1.000 detenidos de Gaza sospechosos de actividades terroristas. Muchos eran sospechosos de participar en el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que terroristas asesinaron a unas 1200 personas y tomaron 251 rehenes, aunque algunos fueron arrestados durante la posterior campaña de las FDI en Gaza.
El año pasado se presentó una petición ante el Tribunal Supremo de Justicia exigiendo el cierre del centro penitenciario debido a las acusaciones. En una sentencia de septiembre de 2024, el tribunal advirtió al Estado que debía acatar la ley, pero no ordenó el cierre de la prisión.
El tribunal señaló en su decisión final que las condiciones en Sde Teiman habían cambiado significativamente desde la presentación de la petición. Ante la presión legal, el gobierno redujo drásticamente el número de detenidos en el centro.
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