El pleno de la Knéset aprobó, en primera lectura el lunes por la noche, un proyecto de ley que propone ampliar el poder de los tribunales rabínicos en Israel para que actúen como árbitros en asuntos civiles.
Este proyecto de ley podría suponer una importante transferencia de poder al Rabinato en materia de identidad judía, matrimonio y aliá.
El proyecto de ley sobre arbitraje de tribunales religiosos fue aprobado por 63 votos a favor y 43 en contra, y ahora regresa a la comisión de la Knéset para su debate. Aún deberá superar una segunda y tercera lecturas en el pleno para convertirse en ley.
El proyecto de ley fue presentado por Moshe Gafni, Yisrael Eichler, Yakov Asher e Yinon Azoulay, miembros de los partidos ultraortodoxos Judaísmo Unido de la Torá y Shas.
Las notas explicativas del proyecto de ley señalan que, durante muchos años, los tribunales rabínicos han resuelto disputas civiles mediante el consentimiento mutuo de las partes, y se determinó que carecen de autoridad para dirimir tales disputas.
«El propósito de este proyecto de ley es consagrar legalmente la autoridad de los tribunales rabínicos para actuar como árbitros, con el consentimiento de ambas partes, en asuntos civiles que puedan ser objeto de un acuerdo de arbitraje, permitiendo así que quienes deseen resolver sus disputas civiles conforme a la ley judía lo hagan en los tribunales rabínicos», continúan las notas explicativas.
El edificio del Gran Rabinato de Israel se encuentra en Jerusalen. (Credito: YONATAN SINDEL/FLASH90)
La ley podría perjudicar los derechos de las mujeres, afirma una organización
Antes de la votación, la Red de Mujeres de Israel declaró su firme oposición a la ley y advirtió que podría causar graves daños a los derechos de las mujeres en Israel.
“Si se aprueba esta ley, incluso las disputas en el lugar de trabajo, con el jefe o un compañero, los conflictos con un vecino u otras demandas civiles podrían ser transferidas a la jurisdicción de tribunales religiosos, ignorando las protecciones del derecho civil y los derechos constitucionales de las mujeres”, declaró la organización.
“Este gobierno pretende obligar al 51% de la población a someterse a procesos judiciales en un sistema donde las mujeres están inherentemente en desventaja, compareciendo ante jueces exclusivamente masculinos, sin igualdad de condiciones ante el hombre que tienen enfrente”.
“No cabe duda de que las mujeres haredíes pagarán el precio más alto, ya que se verán presionadas a aceptar el arbitraje en un tribunal religioso que no se rige por los principios de igualdad de género”, añadió la organización.