Enlace Judío – La Knéset aprobó este miércoles varias propuestas del gobierno en votaciones preliminares, entre ellas, la llamada cláusula de anulación que permite al Parlamento anular las decisiones de la Corte Suprema con una escasa mayoría de 61 votos, informó Haaretz.
El proyecto de ley también incluye una cláusula que exige la aprobación unánime de los 15 jueces de la Corte Suprema para derogar leyes inconstitucionales, una propuesta que, según los críticos, limitará drásticamente las facultades de la Corte Suprema frente al Poder Legislativo, al tiempo que desalentará a los jueces a emitir opiniones discrepantes.
Previo a la votación, el ministro de Justicia, Yariv Levin, afirmó que el proyecto de ley “regula la capacidad de la Corte Suprema para descalificar leyes y aprueba la autoridad de la Knéset para anularlas… Nadie dio nunca a la Corte Suprema la autoridad de descalificar leyes”.
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Levin añadió que está dispuesto a adoptar un “enfoque más conciliador” a medida que avance el proceso legislativo de la reforma judicial. Se dirigió a los miembros de la oposición y les pidió entablar un diálogo.
Anteriormente, la coalición gobernante aprobó en la Knéset la llamada “Ley Deri” en una votación preliminar que impide a la Corte Suprema intervenir en los nombramientos ministeriales y permite retroactivamente al líder del partido Shas, Arieh Deri volver a sus puestos al frente de los ministerios del Interior y Salud.
El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia prohibió a Deri asumir puestos ministeriales en el actual gobierno debido a una condena por delitos fiscales. Diez de los once jueces de la Corte Suprema fallaron en contra del nombramiento de Deri.
La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, declaró entonces que “se trata de una persona que ha sido condenada tres veces por delitos a lo largo de su vida, y ha incumplido su deber de servir leal y legalmente al público mientras ocupaba altos cargos públicos”.
Tras la sentencia, Netanyahu prometió que hará “todo lo posible para que Deri regrese al lugar que le corresponde en el gobierno”.
El gobierno avanzó también una iniciativa para trasferir el departamento de investigación de la policía a la autoridad del ministro de Justicia.
El ministro de Justicia, Yariv Levin, uno de los artífices de la reforma judicial, insinuó un día antes la posible destitución de la fiscal general Gali Baharav-Miara, una opositora pública a las leyes propuestas por el gobierno que se ha enfrentado a Levin, Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, en las últimas semanas.
Se aprobó también en lectura preliminar la llamada “Ley Hametz”, que prohíbe productos de pan con levadura durante Pésaj en los hospitales. La ley también permite al personal de seguridad de los hospitales inspeccionar a los visitantes de los hospitales y buscar los productos.
Por último, la Knéset avanzó una propuesta que amplía los poderes de los tribunales rabínicos para una amplia gama de asuntos civiles, y no solo disputas familiares. La iniciativa forma parte del acuerdo de coalición del Likud con el partido ultraortodoxo Shas.
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