Estados Unidos impuso sanciones a diez personas y entidades con sede en Irán y Venezuela, dirigidas contra redes que han apoyado los programas iraníes de vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos.
Entre las sancionadas se encuentra una empresa venezolana vinculada a la adquisición y ensamblaje de drones de combate de diseño iraní, lo que pone de relieve los continuos esfuerzos de Teherán por proliferar armas convencionales en el hemisferio occidental.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció las designaciones, señalando el suministro de armas iraníes a Venezuela como una amenaza directa a los intereses estadounidenses.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que las medidas “responsabilizan a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo” y enfatizó que EE. UU. continuará bloqueando el acceso al sistema financiero a quienes apoyan las operaciones militares-industriales de Irán.
Las sanciones se basan en medidas previas de Estados Unidos y en la reimposición de las restricciones de las Naciones Unidas a Irán en septiembre de 2025, lo que subraya la continua preocupación por los programas iraníes de drones y misiles.
Estos programas amenazan al personal estadounidense y sus aliados en Oriente Medio y desestabilizan las rutas marítimas comerciales en el Mar Rojo, mientras que el suministro iraní de armas convencionales a Caracas representa un riesgo directo en el hemisferio occidental.
Un objetivo clave de las sanciones es la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), con sede en Venezuela, y su presidente, José Jesús Urdaneta González. EANSA ha facilitado la venta y el ensamblaje de los drones de la serie Mohajer de Qods Aviation Industries en Venezuela, rebautizados localmente como drones de la serie ANSU.
Estos drones, incluyendo variantes armadas capaces de desplegar bombas guiadas aire-tierra de diseño iraní, se han integrado en las fuerzas armadas venezolanas. Urdaneta coordinó estrechamente con representantes militares iraníes y venezolanos en esta iniciativa.
Además de los objetivos venezolanos, tres personas radicadas en Irán fueron sancionadas por intentar adquirir sustancias químicas esenciales para la producción de misiles balísticos para Parchin Chemical Industries (PCI), una división de la Organización de Industrias de Defensa de Irán.
Estas sustancias químicas, como el perclorato de sodio, el ácido sebácico y la nitrocelulosa, se utilizan en motores de cohetes de propulsante sólido y otras aplicaciones relacionadas con misiles. Varias empresas e individuos asociados con PCI y las iniciativas de adquisición también fueron sancionados.
Estados Unidos también apuntó a entidades vinculadas a Rayan Fan Kav Andish Co (RFKA), un conglomerado de defensa involucrado en sistemas de alta tecnología que respaldan los programas aeroespaciales y de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Esto incluye múltiples filiales e individuos que han facilitado el desarrollo de tecnología y componentes para los programas militares de Irán.
Estas designaciones se realizaron de conformidad con las Órdenes Ejecutivas 13382 y 13949, que se dirigen a los proliferadores de armas de destrucción masiva y a las entidades involucradas en los programas de armas convencionales de Irán.
Las sanciones estadounidenses bloquean todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas dentro de Estados Unidos y restringen las transacciones de ciudadanos estadounidenses con ellas. Las infracciones pueden resultar en sanciones civiles o penales, mientras que las instituciones extranjeras que interactúan con las partes sancionadas se arriesgan a sanciones secundarias.
El gobierno estadounidense enfatizó que el objetivo final de las sanciones es el cambio de comportamiento, no el castigo, y alentó a las partes sancionadas a solicitar su destitución mediante los procedimientos establecidos por la OFAC.
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