El máximo responsable de la policía iraní emitió un ultimátum este lunes a los manifestantes que se unieron a lo que las autoridades han calificado como “disturbios”.
Les indicó que debían entregarse en un plazo de tres días o enfrentarían todo el peso de la ley.
Sin embargo, el gobierno también se comprometió a abordar las dificultades económicas que desencadenaron las manifestaciones, que fueron respondidas con una represión que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos.
Las protestas constituyeron el mayor desafío para el liderazgo iraní en años, y la magnitud de la violencia aún no se ha revelado en medio de un apagón de internet.
El jefe de la policía nacional, Ahmad-Reza Radan, instó el lunes a los jóvenes “engañados” para unirse a los “disturbios” a entregarse y recibir un castigo más leve.
Quienes “se involucraron involuntariamente en los disturbios son considerados individuos engañados, no soldados enemigos” y “serán tratados con indulgencia”, declaró a la televisión estatal.
Las autoridades afirmaron que las manifestaciones fueron pacíficas antes de desembocar en un caos que, según afirman, fue alimentado por los archienemigos de Irán, Estados Unidos e Israel, en un intento de desestabilizar el país.
Los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país se comprometieron el lunes a trabajar incansablemente para resolver los problemas económicos y de subsistencia, según un comunicado conjunto publicado por la televisión estatal.
Pero también “castigarían con firmeza” a los instigadores de “incidentes terroristas”, según el comunicado del presidente Masoud Pezeshkian, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei.
Ha aumentado la alarma ante la posibilidad de que las autoridades apliquen la pena capital contra los manifestantes.
Naciones Unidas advirtió el lunes que el país estaba utilizando las ejecuciones como “una herramienta de intimidación estatal”.
Irán —el ejecutor más prolífico del mundo después de China, según organizaciones de derechos humanos— habría ejecutado a 1.500 personas el año pasado, según declaró el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk.
Funcionarios de seguridad citados por la agencia de noticias iraní Tasnim informaron a finales de la semana pasada que alrededor de 3.000 personas fueron arrestadas en relación con las manifestaciones, pero organizaciones de derechos humanos afirman que la cifra podría ascender a 20.000.
El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, declaró el sábado que las autoridades “deben acabar con los sediciosos”.
La magnitud de la represión se ha revelado fragmentada, ya que Irán permanece bajo un bloqueo de internet sin precedentes que ya lleva undécimo día.
A pesar de las dificultades para acceder a la información, la ONG iraní de Derechos Humanos afirma haber verificado que 3428 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, advirtiendo que la cifra real podría ser mucho mayor.
El acceso a internet se normalizará “gradualmente” esta semana, declaró el lunes Hossein Afshin, vicepresidente de ciencia, tecnología y economía del conocimiento de Irán, en la televisión estatal, tras un breve restablecimiento del acceso limitado el día anterior.
Imágenes de la capital, Teherán, mostraron edificios y vallas publicitarias destruidos durante las manifestaciones.
En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, los daños a la infraestructura pública superaron los 15 millones de dólares, según declaró el alcalde Mohammadreza Qalandar Sharif a la televisión estatal.
Fuera de Irán, el presidente de la vecina Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en sus primeras declaraciones sobre las protestas, describió los disturbios como una “nueva prueba” para Teherán y prometió que Turquía se opondría a cualquier iniciativa que arrastrara a la región al caos.
“Creemos que, con una política que priorice el diálogo y la diplomacia, nuestros hermanos iraníes, si Dios quiere, superarán este período lleno de trampas”, declaró en un discurso televisado.
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