La condena internacional aumentó el lunes en respuesta a las medidas de Israel para reforzar su control sobre Judea y Samaria, con la Unión Europea y un grupo de países musulmanes criticando duramente la decisión.
Estas declaraciones siguieron a las del domingo, cuando la Autoridad Palestina y Hamás denunciaron la medida.
Los países musulmanes calificaron la decisión de ilegal y de “escalada peligrosa”. La UE la calificó de “paso en la dirección equivocada”.
La decisión del gabinete de seguridad, anunciada el domingo por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, modifica drásticamente los procedimientos de registro de tierras y adquisición de propiedades en Judea y Samaria, facilitando así el asentamiento judío en el territorio.
Su objetivo es profundizar el control israelí sobre el territorio, incluyendo lugares sensibles como la Tumba de los Patriarcas en Hebrón. Smotrich afirmó que el objetivo de las nuevas medidas era, en parte, “aniquilar la idea de un Estado palestino“.
Los vecinos de Israel, así como la UE, se oponen al control israelí de Judea y Samaria y llevan mucho tiempo pidiendo el establecimiento de un Estado palestino, una posibilidad que el gobierno israelí rechaza.
“La Unión Europea condena las recientes decisiones del gabinete de seguridad israelí de ampliar el control israelí en Cisjordania. Esta medida es otro paso en la dirección equivocada”, declaró a la prensa el portavoz de la UE, Anouar El Anouni.
La UE ha considerado suspender la inclusión de Israel en los acuerdos con el bloque que cubren la investigación y el libre comercio en respuesta al trato que Jerusalén da a los palestinos, aunque aún no lo ha hecho.
El bloque incluye a aliados de Israel como Alemania y Hungría, así como a varios países abiertamente críticos como Irlanda y España. A pesar de las objeciones israelíes, varios países de la UE reconocieron un Estado palestino durante la guerra de Gaza, desatada por el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Mientras tanto, los países de Oriente Medio han declarado que las medidas para anexar Judea y Samaria marcarían el fin de la normalización de relaciones con Israel en la región. La declaración fue firmada por países con los que Israel mantiene relaciones, como Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, así como por adversarios como Turquía y Catar. Otros firmantes fueron Pakistán, Indonesia y Arabia Saudita.
Las medidas tienen como objetivo “imponer la soberanía israelí ilegal, consolidar la actividad de asentamientos e imponer una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, acelerando así los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino”, declararon los firmantes en una declaración conjunta. Instaron a la comunidad internacional a “obligar a Israel a detener su peligrosa escalada en la Cisjordania ocupada y las declaraciones incitadoras de sus funcionarios”.
Israel ha presionado durante años para un acuerdo de normalización con Riad, que exige a cambio un Estado palestino. Sin embargo, recientemente Arabia Saudita ha dado señales de alejarse de la normalización.
El plan adoptado el domingo reforzó el control israelí en todo el territorio y facilitó la futura expansión de los asentamientos.
Transfirió la autoridad sobre los permisos de construcción para el asentamiento judío en la ciudad mayoritariamente palestina de Hebrón del municipio de Hebrón, perteneciente a la Autoridad Palestina, a Israel.
Los cambios también afectan a la Tumba de los Patriarcas, un lugar sagrado para el judaísmo y el islam que ha sido un foco de conflicto. La decisión también afectó a la Tumba de Raquel en Belén, al establecer una autoridad municipal especializada en la limpieza y el mantenimiento rutinario del lugar sagrado.
El plan también ordenó la publicación de registros de tierras en Judea y Samaria, lo que significa que los compradores potenciales podrán identificar a los propietarios y contactarlos para la compra. Además, derogó una disposición legal que impedía a los no musulmanes comprar bienes raíces en la zona, facilitando la adquisición de propiedades en Judea y Samaria.
Además, amplió las actividades israelíes de supervisión y control a las Áreas A y B, ambas bajo control civil de la Autoridad Palestina según los Acuerdos de Oslo de la década de 1990, en relación con las violaciones del agua, los daños a sitios arqueológicos y los riesgos ambientales que contaminan el territorio, según la declaración de Smotrich y Katz.
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