La amenaza del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de promover la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu si visita esa ciudad vuelve a poner de manifiesto una vieja realidad: el derecho internacional suele aplicarse con un criterio muy diferente cuando el acusado es Israel.
El propio Mamdani reconoció que su equipo jurídico todavía analiza si existe algún mecanismo legal que permita concretar semejante medida. Sin embargo, ello no le impidió instalar públicamente la idea de que Netanyahu es un criminal que debería terminar esposado ante un tribunal internacional. Más que una iniciativa jurídicamente viable, su planteo parece perseguir un objetivo político: reforzar en el imaginario colectivo la identificación del primer ministro israelí con la figura de un genocida. La respuesta del presidente Donald Trump fue inmediata y categórica: Benjamín Netanyahu no será arrestado bajo ninguna circunstancia en territorio estadounidense.
No es la primera vez que el mundo presencia este doble rasero.
En abril de 2009 publiqué un artículo titulado Un genocida bienvenido en Qatar. Omar Hassan al Bashir acababa de ser requerido por la Corte Penal Internacional por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur. Según las Naciones Unidas, aquel conflicto dejó alrededor de 300.000 muertos y provocó el desplazamiento forzado de más de 2,5 millones de personas. Pese a ello, Al Bashir fue recibido con todos los honores en la cumbre de Doha, donde varios gobiernos árabes rechazaron la orden de captura mientras concentraban, una vez más, sus condenas contra Israel.
Los argentinos conocemos otro ejemplo igualmente revelador.
Ahmad Vahidi continúa siendo requerido por la Justicia argentina por su presunta responsabilidad en el atentado contra la AMIA, que costó la vida a 85 personas. Sobre él pesa desde hace años una notificación roja de Interpol. Sin embargo, lejos de ser detenido, fue designado comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, uno de los principales pilares del régimen iraní.
Es cierto que una orden de captura de la Corte Penal Internacional y una notificación roja de Interpol son instrumentos jurídicos distintos. Lo que no cambia es la actitud política frente a quienes son buscados.
Cuando el acusado es un genocida responsable de cientos de miles de muertos o un alto funcionario iraní reclamado por el mayor atentado terrorista de la historia argentina, prevalecen el silencio, la indiferencia o las justificaciones diplomáticas.
En cambio, si se trata del primer ministro de Israel, proliferan las amenazas de arresto, las campañas internacionales y los intentos de instalar en la opinión pública la imagen de un criminal antes incluso de que exista posibilidad alguna de ejecutar esas amenazas.
Israel no reclama privilegios ni inmunidad.
Exige algo mucho más simple: que la ley internacional se aplique con el mismo rigor a todos y no se convierta en un instrumento de presión política reservado casi exclusivamente para el Estado judío.
Han transcurrido más de diecisiete años desde que escribí sobre Omar al Bashir. Cambiaron los protagonistas, también los escenarios. No los criterios.
La credibilidad de la justicia internacional no se pierde por investigar a quienes hayan cometido los crímenes más graves. Se erosiona cuando el rigor se aplica a unos y la indulgencia a otros.
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