LEÓN OPALÍN

El ambiente político previo a las elecciones presidenciales del 2006 se caracterizó por las exacerbadas descalificaciones entre partidos políticos y entre los diversos contendientes; en las campañas hubo violencia y crispación entre los grupos políticos. Andrés Manuel López Obrador, el gran inquisidor del sistema, desbordó los ánimos de la ciudadanía a su favor y en su contra; fue calificado de redentor por unos y un peligro para México por otros. El IFE gozaba de prestigio y legitimidad.

Seis años más tarde se está reeditando un entorno político conflictivo con miras a las elecciones presidenciales del 2012, empero, con una administración desgastada en el ejercicio del poder y con logros limitados en materia económica y social; con una institucionalidad que no concreta la transición democrática iniciada en el 2000 y cuestionada en su efectividad en el combate contra el crimen organizado que ha extendido sus tentáculos en la República, creando vía el terror, gobiernos paralelos que mantienen en la incertidumbre a la población.

Por otra parte, ante el empeño del Ejecutivo de evitar que el PRI retome la presidencia a través de los próximos comicios, los partidos le reclaman que “saque las manos” del proceso electoral. Incluso militantes del propio PAN se quejan de la injerencia del Presidente en la vida de su partido y de la continuidad de los esquemas autoritarios en la gestión presidencial que fueron característicos del PRI. La alternancia a partir del 2000 no ha significado un cambio real en el poder, más allá del discurso retórico no se han observado acciones concretas para mejorar el ambiente democrático. Por lo demás, “la caballada esta flaca” entre los aspirantes del PAN a la presidencia, y como en elecciones previas, se destapan anticipadamente descuidando su chamba.

El PRD como fuerza política de oposición se ha debilitado sensiblemente. El divisionismo interno ha llegado a límites que ponen en entredicho su existencia. La reciente elección de sus cuadros directivos, con un presidente y un secretario general irreconciliables en sus intereses, han propiciado una mayor pérdida de legitimidad frente a sus miembros y frente a la sociedad en general. Las diferentes “tribus” se mantienen en el mismo partido para no perder sus privilegios electorales, sobretodo los financieros. No obstante, a juicio de los analistas, será inevitable su escisión o su fusión con otros partidos; la lucha entre López Obrador y el Jefe del D.F. por la Candidatura presidencial, acelera el divisionismo en el PRD; la megalomanía del primero amenaza su existencia. No se descarta una alianza política entre el PRD y el PAN para la contienda presidencial del 2012, ya que tienen “pánico” de que el PRI vuelva a los Pinos.

El PRI se manifiesta imparable en su deseo de regresar a la presidencia. Su nuevo dirigente, con un verbalismo intimidante, realiza proclamas de un PRI renovado, que oculta los esquemas enquilosados de un partido corrupto y autoritario. Ante el debilitamiento que registró el Estado en la última década y con una infraestructura amplia en el país, el PRI se convierte en una alternativa “para que los ciudadanos le entreguen su confianza”.

Para diversos analistas el mayor riesgo en el proceso electoral del 2012 es la infiltración de la delincuencia organizada en el mismo, en virtud de los espacios de poder existentes y la abundancia de recursos financieros que poseen las organizaciones delictivas. En este ámbito, cabe considerar que los esfuerzos del gobierno para combatir a los carteles de la droga son legítimos, empero, limitados, porque, entre otros factores, “sus capacidades militares y policiales han sido insuficientes para quebrantar y contener la violencia”. Por otra parte la estructura, operación y el negocio de la delincuencia organizada se ha transformado radicalmente; una década atrás su actividad principal se concentraba en el trasiego de narcotráfico hacia México y de este último a EUA y otras naciones. El contacto básico de los traficantes en México era con los policías y el personal de aduanas a quienes corrompían para poder realizar sus ilícitas actividades, sin embargo, en la medida que el consumo de drogas se amplió en México acrecentándose notablemente al paso de los años, surgió una intensa competencia entre las bandas rivales por los mercados (territorios), lo que desató una inusitada violencia entre los mismos por su dominio; la oferta de substancias tóxicas se diversificó y los delitos se extendieron a el tráfico de armas, personas, robo de vehículos, contrabando masivo de mercancías y la extorsión, entre otros.

La situación política de México en el presente es sumamente compleja y demanda un liderazgo efectivo del gobierno, claridad de rumbo, continuidad de las políticas públicas y una actitud positiva de la población