REFORMA

Estados Unidos impuso ayer nuevas sanciones contra siete entidades extranjeras, incluyendo a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por las relaciones comerciales que mantienen con el régimen iraní.
El Gobierno venezolano repudió la medida, que calificó de sanción hostil, y anunció que examinará si también afecta sus ventas de crudo al país norteamericano.
El subsecretario de Estado estadounidense, James Steinberg, explicó que la empresa venezolana no podrá participar en ningún contrato directamente con Washington ni acceder a sus programas de financiamiento ni sus tecnologías.
Sin embargo, sí podrá vender petróleo a Estados Unidos y comercializar refinados a través de su filial CITGO, que está presente en todo el país, añadió.
Aproximadamente 10 por ciento de las importaciones estadounidenses de petróleo proviene de Venezuela, su quinto mayor vendedor, con un millón de barriles diarios, según datos oficiales.
En un comunicado leído por el Canciller Nicolás Maduro, el Gobierno venezolano informó que se encuentra haciendo una evaluación general de la situación para determinar hasta dónde estas sanciones afectan la operatividad de su industria petrolera y el suministro a Estados Unidos.
Maduro advirtió que Venezuela se reserva la respuesta más adecuada a lo que llamó “agresión imperialista” e indicó que Caracas estudia denunciarla ante la ONU.
Por su parte, el Ministro de Energía y Petróleo venezolano, Rafael Ramírez, garantizó los suministros a las empresas filiales en Estados Unidos, pero no los de otras compañías.
A través de Twitter, el Presidente venezolano, Hugo Chávez, repudió la medida.
“¿Sanciones contra la Patria de (Simón) Bolívar? ¿Impuestas por el Gobierno imperialista gringo? Pues: ¡Bienvenidas, Mr. Obama! ¡No olvide que somos los hijos de Bolívar!”, escribió.
Las sanciones se aplican al amparo de una ley promulgada en 1996 en respuesta al controvertido programa nuclear iraní, cuyo objetivo, para Washington, es la construcción de un arma atómica.
También ayer, la Unión Europea reforzó sus propias sanciones contra Irán al agregar más de 100 empresas de ese país a una lista negra de compañías afectadas por una orden de congelación de activos.