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Las víctimas de Stanfond Bank, ahora, después que culminó el juicio en Estados Unidos contra Allen Stanford, podrán demandar a los intermediarios que colaboraron para llevar a cabo la estafa a los más de 27.977 afectados en el mundo, incluidos los 10.432 ahorristas de Venezuela.
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La información del caso que, antes era confidencial, ahora puede ser usada por los abogados de las víctimas, en caso que quieran realizar algún tipo de acción judicial contra posibles cómplices, implicados en el fraude.
Y esto es, para Jaime Escalona, representante de la Coalición de víctimas de Stanford de América Latina (Covisal), lo único positivo del fin de este juicio para los afectados de la quiebra de este banco. “Había información retenida de testigos y documentos a los que abogados civiles no tenían acceso, estaban restringidos”, dijo.
“De esta manera se podría continuar con demandas contra terceras partes, posibles cómplices, implicados en el fraude, incluso hay bancos y asesores de inversión involucrados”, reiteró.
Según Escalona, los involucrados van desde firmas de auditores y abogados, hasta profesionales que trabajaron individualmente.
En un limbo
Estas víctimas están desde el 2009 sin recuperar sus ahorros. Fue entonces cuando cayó el banco en Estados Unidos, y se trajo a cuesta a las distintas oficinas en otros países del mundo, incluida la de Venezuela, la más significativa de la región, con 21% de los depósitos en Suramérica.
Desde esa fecha el caso está entre los administradores judiciales de la entidad en Estados Unidos, y los ahora liquidadores en Antigua, en donde funcionaba también la institución, que se disputan el dominio por la jurisdicción de la entidad. Tanto unos como otros se disputan los activos del banco. “Los ahorros de las víctimas han quedado en segundo plano”, reiteró Escalona.
Una tercera parte se unió a la lucha por los activos. El departamento de Justicia de Estados Unidos, que se sumó por el hecho de la procedencia de parte de los fondos. Por esta misma razón, los recursos se mantuvieron congelados en varias partes del mundo, hasta que se diera un dictamen sobre el juicio que se le llevaba a cabo a Allen Stanford.
La información enviada por los liquidadores de Antigua a representantes de Covisal −la asociación de los ahorristas− fue que los fondos más líquidos, en efectivo, estaban en Suiza, Canadá e Inglaterra, pero son apenas 300 millones de dólares, una cifras que se disuelve ante solo la deuda que quedó en Venezuela, la cual aseguran las autoridades de Antigua, es de 1.511 millones de dólares.
Protocolo de cooperación
Lo que exigen las víctimas es que las tres partes involucradas hagan un Protocolo de Cooperación de Insolvencia Transfronteriza, con el que se resuelva el tema de los activos para decidir sobre cuánto podrían recuperar de lo perdido los depositantes de Stanford Bank.
“Daría las pautas para trabajar con armonía y ayudar a los afectados”, dice Escalona. “Las partes están en su burbuja legal”, aseguró. “En Venezuela eran personas jubiladas, mayores, incluso muchos ya murieron”, dijo
