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14 de enero de 2013 – Más de 50 países pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU el lunes que remita la crisis en Siria a la Corte Penal Internacional (CPI), que enjuicia a personas por genocidio y crímenes de guerra, como una medida para enviar una señal a las autoridades sirias.
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Más de 60.000 personas han muerto durante la revuelta que ya lleva 21 meses contra el presidente sirio Bashar al-Assad, que comenzó con protestas pacíficas pero que se volvió violenta tras una ofensiva del Gobierno contra los manifestantes.
Ambos bandos han sido acusados de cometer atrocidades, pero Naciones Unidas afirma que el Gobierno y sus aliados son más culpables que los rebeldes. La jefa de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, también pidió que el caso Siria fuera remitido a la CPI.
“Tenemos la firme opinión de que el Consejo de Seguridad debe garantizar (que alguien asuma) la responsabilidad por los crímenes que parecen haber ocurrido y continúan ocurriendo a manos de las autoridades sirias”, se lee en una carta enviada por Suiza en nombre de más de 50 países.
“La situación en el terreno se ha vuelto más desesperada, con ataques contra la población civil y las atrocidades cometidas convirtiéndose casi en lo normal”, según la misiva apoyada por Francia y Gran Bretaña, miembros permanentes del Consejo.
Estados Unidos, China y Rusia -las otras tres naciones con un asiento permanente en el consejo- no son miembros de la CPI.
Las potencias mundiales no se ponen de acuerdo sobre cómo ponerle fin a la creciente violencia en Siria, y es poco probable que el Consejo -compuesto por 15 miembros- remita la situación en el país a la CPI, que no es un órgano oficial de la ONU, en La Haya.
Rusia y China, también miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han bloqueado varias veces esfuerzos occidentales del organismo contra el Gobierno sirio para tratar de poner fin a la guerra. Continuación…
