*LUIS GONZÁLEZ PLACENCIA/REFORMA
Este 23 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá el futuro de Florence Cassez. Después de casi un año de que la Primera Sala rechazara el proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar, las circunstancias apuntan hoy a un contexto -tanto interno como externo- muy distinto y quizá mucho más favorable para la ciudadana francesa. Desde el punto de vista del contexto externo, lo cierto es que los principales opositores a la libertad de Florence han desaparecido de la escena pública o han perdido protagonismo. Ese es el caso, desde luego, del propio ex presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En ese mismo contexto, juega un nuevo rol el Ejecutivo federal que no ha dado muestras de interés por influir la decisión de la SCJN. Así las cosas, los ministros estarían en posibilidad de decidir sin presiones -políticas y sociales-, con un nuevo contexto que obliga a ver el debido proceso como un derecho humano y atendiendo a su función como máximo órgano de justicia constitucional y asegurar la presunción de inocencia.
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Desde el punto de vista interno, aun cuando se ha guardado el más alto sigilo en torno al fondo del proyecto de la ministra Sánchez Cordero, ha trascendido que podría estar proponiendo un amparo para efectos. Sabemos que ella asumió la posición más garantista frente a lo sostenido por Zaldívar en marzo pasado, por lo que insistir en esa posición implicaría, de seguro, que no lograría consenso. Como no sabemos qué rol jugarán los ministros Pardo y Gutiérrez Ortiz Mena, creo posibles los siguientes escenarios, sobre la base de un proyecto que proponga el amparo para efectos, que es lo que parece más razonable:
1) El peor escenario para Florence implicaría que el ministro Zaldívar no cediera y con ello la Primera Sala no lograra el consenso necesario para decidir el caso, por lo que este podría ser llevado al Pleno de la Corte, donde las posibilidades de libertad de Florence son mínimas y en caso de que se dieran, es incierto el tiempo que tardaría Cassez en ver la libertad.
2) El segundo peor escenario sería que hubiera consenso en torno al proyecto y se otorgara el amparo para efectos, con lo que el caso volvería al unitario que condenó en el pasado a Florence. Aunque el caso regresaría con la prohibición de tomar en cuenta las pruebas ilícitas y muy probablemente pudiese quedar sólo un testimonio débil que no logre incriminarla. Ello obligaría a la defensa a recurrir la sentencia mediante un amparo directo ante un colegiado que puede confirmar o no la decisión del unitario. De no hacerlo -condenar nuevamente-, Florence obtendría su libertad, pero ello puede tomar -igual que en el escenario anterior- varios años. De hacerlo, el asunto podría volver a la Corte, lo que daría lugar a una espiral cuyo fin es altamente incierto (el propio ministro Zaldívar ha llamado a esto el “amparo ping pong”).
3) El tercer escenario implicaría la decisión a favor del amparo para efectos y una resolución en el unitario que considerara que, sin pruebas contundentes, debe liberarse a Florence; la decisión implicaría que ella debiera esperar entre unos tres meses y un año -tiempo que podría tardar la emisión de la nueva sentencia- para ser liberada.
4) El último escenario sería el mejor para ella y en consecuencia, para afianzar la importancia del debido proceso como derecho humano: que frente al amparo para efectos, la nulidad de las pruebas incriminatorias y el nuevo contexto externo que antes hemos figurado, interactuaran y produjeran la certeza en los ministros, al menos en tres de ellos, de que lo que procede es un amparo liso y llano, con lo que Florence obtendría su libertad inmediata.
Este 23 de enero, sabremos lo que pasó y si otras posibilidades se abren para hacer justicia… o no. Pero es claro que la Corte tiene hoy la oportunidad de afianzarse, a través de la Primera Sala, como un órgano de congruencia. México se merece una Corte que proteja, respete, promueva y garantice estos derechos y en lo que le toca, que repare los daños ocasionados a las víctimas del Estado.
*El autor es ombudsman de la Ciudad de México.
