BENJAMÍN LAUREANO LUNA PARA ENLACE JUDÍO
8 de febrero. Argentina e Irán crean nueva “doctrina” jurídica: Para que sea valedero el debido proceso, el criminal debe supervisar las actuaciones judiciales, interrogar a los delincuentes en territorio bajo su control, para que el “procedimiento avance” y ante la crisis financiera del juez, favorecerle con mayor intercambio comercial.
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El 27 de enero de 2013 Argentina e Irán llegaron a un Acuerdo, en relación a la explosión que en 1994 destruyó en Buenos Aires a la Sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), muriendo 85 personas, con saldo de muchos heridos. El Gobierno Argentino presentó el 7 de febrero al Congreso el Acuerdo para que lo ratifique y, a continuación la Presidente Cristina Fernández se dirigió a toda la Nación, para recordar los antecedentes y “justificar” las causas que la condujeron a llegar a ese acuerdo.
Recordó que su fallecido esposo, el Presidente de Argentino, Néstor Kirchner y ella misma, en diversos discursos condenaron el terrorismo que destruyó a la AMIA y reclamaron su esclarecimiento. El Presidente Kirchner firmó 9 decretos para desclasificar los documentos del servicio de inteligencia y de las Fuerzas Armadas y permitir que los agentes se presentaran ante la justicia para declarar. Hubo irregularidades del juez Juan José Galeano, quien fue suspendido de su cargo. Finalmente en 2006 la Justicia Argentina libró orden de captura internacional en contra de los responsables, pero éstos “se paseaban por el mundo” y “nadie (en la Interpol) cumplía con las órdenes de detención”, lo que originó “impasse” (parálisis), por lo que fue necesario crear un mecanismo diferente.
En 2010 Cristina Fernández propuso realizar un juicio en un tercer País pero Irán no lo aceptó.
Al iniciarse la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre de 2012, Irán solicitó a Argentina negociar el caso, culminando con el acuerdo que ha sido presentado al Congreso para su ratificación, en el que se propone crear una Comisión Investigadora integrada por Cinco Juristas de Terceros Países.
Por habérseles encontrado culpables la Justicia Argentina ordenó en 2006 la captura del Ex Presidente de Irán, Alí Akbar Hashemi Rafsanjani y en contra de Ahmad Vahidi, actual Ministro de Defensa; Mosheri Rabbani, ex agregado iraní en la Embajada en Buenos Aires y en contra de otros funcionarios y de un libanés integrante de la milicia terrorista Jizb Alláh.
Los Diputados Argentinos Patricio Bulrich y Eduardo Amideo manifestaron que la Justicia Argentina ya llegó al conocimiento de la Verdad, por ello, no es necesario crear una Comisión de la Verdad.
Pero Argentina está en crisis financiera y necesita vender su producción, por ello, la Presidenta Cristina Fernández, trató de encubrir el objetivo del acuerdo, al expresar que “No firmó este acuerdo para poder aumentar el Comercio con Irán”. Y de paso, para justificarse, denunció que Estados Unidos, a pesar de las prohibiciones comerciales decretadas en contra de Irán, “ha aumentado un tercio la venta de granos a Irán”.
Conforme a la “novedosa doctrina jurídica”, los acusados iraníes de crímenes de lesa humanidad, podrán ser interrogados en Irán, en presencia de los integrantes de la Comisión de la Verdad y bajo la protección de Irán. Si esta “doctrina” se hubiese aplicado en el Tribunal de Nuremberg, los nazis acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad, habrían podido “declarar” bajo la protección de la gestapo
