LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO
La Injusticia en México
La semana pasada me reuní a cenar con un grupo de amigos judíos, como habitualmente lo hago cada quince días. A las reuniones asisten entre 6 y 10 personas y en ocasiones hasta once o doce. La mayoría nos conocimos hace 58 años, cuando participamos en el movimiento juvenil sionista Ijud Hanoar Hajalutzi, del que he hecho referencia en varias ocasiones en las Crónicas. Lo particular del último convivio, fue que uno de los Javerim (amigos) venía de mal humor; enojado, en virtud de que a través de su celular recibió un mensaje de delincuentes que pretendían extorsionarlo, amenazándolo de muerte a él y a su familia si no cumplía sus exigencias monetarias. Mi amigo llamó por teléfono a la Comunidad Judía para que lo orientaran en relación a lo que debería hacer frente a las demandas de los delincuentes; entre otras cosas, le informaron que todas las familias con su apellido registradas en el directorio telefónico habían sido amenazadas por los extorsionadores. Mi amigo, que tiene un buen desempeño profesional y un nivel de vida holgado, sin ser un potentado desde el punto de vista económico, manifestó angustia e impotencia, como las sentimos un gran número de mexicanos, por la impunidad en la que opera la delincuencia en el país, frecuentemente aliada a las autoridades judiciales. No se puede vivir ya en México, comentó.
Asimismo, en la comida de fin de año que celebramos con nuestro viejo amigo Abraham y su esposa, y en esta ocasión con otra pareja de amigos, comentó que recientemente, en varias ocasiones, ha recibido llamadas de extorsión, al igual que un año atrás. Personalmente tuve una experiencia desagradable con la delincuencia hace 16 años. Un domingo muy temprano me dirigía a nadar a un club cercano a mi casa, previamente pasé a la tienda Superama, contigua al club, a realizar unas compras; cuando metía los bienes que adquirí a la cajuela de mi automóvil, fui sorprendido por tres individuos, dos de ellos corpulentos, tipo guaruras; que me dijeron que estaban realizando un operativo y con violencia me subieron a un viejo automóvil; dentro del vehículo me quitaron mi cartera, reloj, lentes y otras pertenencias, mantuve la calma y no me golpearon; dieron vueltas por las cercanías del club y una vez que me despojaron de mis pertenencias, recalcando que era un operativo, me bajaron del coche, advirtiéndome que tenían mi dirección. Fue un secuestro exprés, llegué desfallecido y pálido al club, varios miembros del mismo me consolaron y algunos relataron que también habían sido víctimas de hampones en las proximidades del club. Fui afortunado de sobrevivir, empero, llevó mucho tiempo sobreponerme a esa experiencia.
La reciente liberación de la secuestradora francesa, Florence Cassez, después de siete años de permanecer en prisión para cumplir una sentencia de 60 años, es una muestra más de cómo campea la impunidad en el sistema judicial mexicano. La decisión de liberar a Cassez formalmente fue legal, empero, injusta, en virtud de que hubo violación de sus derechos en cuanto a que en su detención se registraron anomalías: las autoridades judiciales realizaron un espectáculo televisivo al otro día de que fue detenida, reproduciendo los hechos de su captura para demostrar públicamente la eficiencia del poder judicial. De acuerdo a especialistas en materia jurídica, lo que procedía en este caso era convocar a un nuevo juicio para probar o no su inocencia. La reproducción de hechos “no es razón suficiente para invalidar testimonios de las víctimas donde identificaban la participación de la procesada en secuestros”. Si las autoridades judiciales procedieran con miles de presos, como lo hicieron con Cassez, seguramente a la mayoría los tendrían que liberar por las anomalías en los procedimientos de sus juicios condenatorios.
En este sentido, mi amigo Guillermo y su esposa, presiden desde hace muchos años, una fundación cuyo propósito es ayudar a presos que llevan años esperando un juicio, en algunos casos por un robo insignificante; indudablemente la justicia en el país es ciega, y la mayoría de quienes la aplican son corruptos y violadores de los derechos humanos.
A mi manera de ver, la liberación de Cassez, que per se no significa si es o no culpable, tiene tintes políticos: desprestigiar al ex secretario de Seguridad Pública, del que existen evidencias de sus nexos con la delincuencia organizada, y al propio ex presidente Felipe Calderón. Lo que no me queda claro es la actitud del nuevo gobierno francés, que igual al previo, presionó al de México para la liberación de Cassez. El apoteósico recibimiento de Cassez en el Palacio Presidencial al otro día de su arribo a Francia por el Presidente Hollander, es inexplicable, y más que eso, vergonzante. La declaración del Presidente de México, del Procurador de Justicia de la Nación, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y de los principales líderes del Congreso, entre otros funcionarios públicos, en relación a que son respetuosos de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la liberación de Cassez; está fuera del contexto del respeto a los derechos humanos de las víctimas; estas últimas tendrán que cargar con el peso de la incompetencia e injusticia de las autoridades “lo más probable es que no se sancione a nadie”.
La liberación de la secuestradora Cassez, quien de acuerdo a las víctimas, tuvo con ellas una actitud sádica, a una de ellas “le dio oportunidad” de escoger entre que le cortara una oreja o un dedo”, establece un antecedente para las futuras decisiones de los jueces y otras autoridades judiciales. John Kennet Turner autor del Libro México Bárbaro, (1908) menciona que en la época del Presidente Porfirio Díaz, quien permaneció 30 años en el poder, las cárceles estaban llenas de pobres que no tenían recursos para defenderse, la historia se ha repetido constantemente en nuestro país: hay una sed de justicia.