AURORA
Tres diputados opositores argentinos presentaron una pedido de juicio político a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, por el acuerdo suscrito con Irán para “esclarecer” un atentado antijudío perpetrado en 1994 en Buenos Aires.
La petición fue realizada por los diputados Elisa Carrió, Carlos Comi y Alicia Terada, de la Coalición Cívica, que además presentaron un proyecto de resolución para declarar la “nulidad absoluta” del memorándum firmado por Argentina e Irán en enero pasado.
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El pedido tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que el oficialismo es mayoritario en el Parlamento argentino.
El acuerdo con Irán, rechazado por la comunidad judía local, prevé la creación de una comisión de juristas que revisará las actuaciones judiciales en torno al atentado contra la AMIA, el centro comunitario judío, en el que fueron asesinadas 85 personas.
También prevé la realización de interrogatorios en Teherán a los acusados por la voladura de la sede de la AMIA, entre los cuales hay miembros del Gobierno de Irán. Aunque el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán rechazó la posibilidad de que dichos interrogatorios se lleven a cabo.
El memorando sólo entrará en vigor una vez que sea ratificado por los Legislativos de ambos países y el próximo jueves será debatido por el pleno del Senado argentino, para luego ser tratado en la Cámara de Diputados.
Los diputados de la Coalición Cívica cuestionan “la importante
cuota de legitimidad” que con este acuerdo “obtiene la República de Irán, de cara al mundo que ha venido condenando en forma generalizada, su actitud reticente”.
“La suscripción del memorándum no se trata sólo de una decisión de política exterior opinable en el marco del ámbito de oportunidad, mérito y conveniencia, respecto de la cual se puede estar a favor o en contra; sino de un evidente mal desempeño de sus funciones del canciller y de la presidenta, con graves consecuencias en el caso y proyecciones internacionales negativas para nuestro país”, señalaron.
La firma del acuerdo, añadieron, “permite observar una preocupante debilidad de Argentina en la defensa de sus posturas, y termina garantizando la impunidad de los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel” en Buenos Aires, perpetrado en 1992, “lo que este Parlamento no debe avalar”.
Según los legisladores, aún cuando el acuerdo reciba la ratificación parlamentaria con el apoyo del oficialismo, los querellantes en la causa AMIA podrían plantear la supuesta “inconstitucionalidad” del memorando ante la Justicia.
El atentado contra la sede de la AMIA fue el segundo de los ataques terroristas contra objetivos judíos en Argentina, ya que en 1992 explotó una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, asesinando a 29 personas.
La investigación judicial argentina atribuye a Irán y a Hezbollah la planificación y ejecución de ambos atentados. EFE y Aurora
