LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO
El entusiasmo inicial que causó en la ciudadanía los planteamientos y acciones del Presidente Enrique Peña Nieto (EPN), crearon esperanzas de que México iniciaría una nueva etapa en su desarrollo en la que se vislumbraría la superación de los acuciantes problemas de violencia, inseguridad pública y limitado crecimiento económico que ha experimentado en las últimas dos décadas. No obstante, las inconsistencias que se empiezan a advertir en los diferentes programas de gobierno, e incluso, en el PACTO POR MEXICO, parecen remontar a la gente a la época de las viciadas prácticas que el viejo PRI aplicó durante más de 70 años y que ya no funcionan en la actualidad, porque el país ha registrado profundas transformaciones políticas, económicas y sociales.
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En este ámbito, preocupa la designación de funcionarios en puestos de gran responsabilidad en la administración pública cuya integridad moral y eficiencia es cuestionada; no sólo son burócratas del PRI, sino también del PAN y el PRD, que en la administración pasada se desempeñaron con nulos o escasos resultados. La carga financiera de la alta burocracia federal, cerca de 40,000 mil funcionarios, le cuesta al erario 60,000 mil millones de pesos anuales, monto que se evalúa indecoroso e injustificable de cara a la limitación de recursos fiscales existente.
La presente administración parece no tener políticas sólidas de corto y mediano plazo para remontar la compleja problemática del país, particularmente en relación al combate a la delincuencia organizada. En este sentido, es obvio que de la noche a la mañana no se puede restaurar la paz social y la gobernabilidad que demandan con urgencia los ciudadanos; empero, sí resulta inaplazable atacar a fondo y de manera eficaz, las causas que originan la inestabilidad social y la violencia, básicamente derivadas de la corrupción, la impunidad y la ausencia de un verdadero Estado de Derecho, que han permitido actuar con manos libres a las diferentes bandas criminales que operan en la República y que poseen modernos arsenales, células de sicarios bien entrenados y amplios recursos financieros que se reciclan con facilidad y que son utilizados para el tráfico de drogas, de armas, de personas, y de bienes robados, además de otras fuentes de fondos líquidos obtenidos a través de la extorsión, el secuestro, el cobro de derechos de piso y otras actividades ilícitas.
Por otra parte, el involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha provocado crecientes abusos de los militares a una población inerme, que frecuentemente es objeto de la violación de sus derechos. Cabe mencionar que la organización Amnistía Internacional ha advertido repetidamente al gobierno mexicano de violaciones a los Derechos Humanos en el país atribuibles al Ejército y que “podrían generar una represión sistematizada que llevaría a México a una situación similar a la que se presentó en las dictaduras militares del Cono Sur”. Asimismo, Human Rights Watch ha denunciado “que pese a que la Suprema Corte de Justicia determinó juzgar abusos de militares en cortes civiles, la mayoría de las violaciones siguen siendo procesadas en sus propios tribunales, que carecen de independencia e imparcialidad”. Por lo demás, existen evidencias de la colusión del Ejército con el narcotráfico, incluso en los más altos niveles del mismo.
Igualmente, es evidente la incapacidad de los policías, municipales, estatales y federales para frenar a los grupos delictivos que mantienen el control de amplias regiones de México. Para frenar a las bandas criminales han surgido grupos de defensa comunitarios en varias zonas del país, particularmente en los Estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca y el de México; su aparición es injustificada, empero, entendible como “un acto desesperado de la población para protegerse, por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública”; sin embargo, están fuera de la legalidad, además de que existe “una línea muy tenue entre estos grupos de autodefensa y las organizaciones paramilitares”, lo que quebranta la estabilidad de las instituciones, situación ante la cual el Estado debiera actuar con vehemencia, prontitud y eficacia para crear un clima de certeza.
En este marco, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) considera, que en general, el Estado de Derecho se ve lesionado por la inercia de las prácticas del pasado, que siguen socavando la legitimidad, el nulo avance en el respeto y la aplicación de la ley, debido a una estructura corrupta de la administración del Estado, a lo que se adicionan procesos judiciales viciados que fortalecen la impunidad. La vigencia plena del Estado de Derecho, es fundamental para evitar una mayor descomposición del entorno que puede derivar en un descontento generalizado y para propiciar un buen clima de negocios que cada vez más está siendo afectado por la incertidumbre y la violencia que se manifiesta en el país.
