LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO
Con el ascenso de Enrique Peña Nieto (EPN) a la presidencia de México, diferentes instituciones financieras y medios de comunicación han considerado que el país está en el centro del interés de los inversionistas globales y de las corporaciones multinacionales; esta actitud deriva de la aplicación de políticas monetarias y fiscales que han reducido a su mínima expresión el déficit público, así como a un buen control de la inflación y un manejo flexible del tipo de cambio.
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A diferencia de su predecesor, al inicio de su mandato, EPN toma el poder sin tener que legitimarse, por lo que se facilitó que instrumentara acciones legislativas de manera inmediata y firme orientadas a propiciar, en el corto y mediano plazos, cambios estructurales en el orden económico, político y social, tendientes a consolidar la confianza de los empresarios e inversionistas locales y foráneos en México, quienes ya vislumbran un desempeño favorable para el futuro, en este sentido, la calificadora Standard And Poor´s cambió la perspectiva de la nota soberana de México de estable a positiva y existe la posibilidad que se observe un incremento en la calificación en los próximos 18 meses; ello dependerá, en buena medida de que el gobierno instrumente de manera exitosa las reformas energética y fiscal que se presentarán en el Congreso este año, con las cuales sería factible diversificar sus fuentes de ingreso y reducir la vulnerabilidad que las finanzas públicas manifiestan por su elevada dependencia del sector petrolero. EPN refuerza la rectoría del Estado y evidencia, por lo pronto que él es parte de un nuevo PRI.
En este contexto, cabe destacar la solidez que registra la moneda, en buena medida debido a la afluencia extraordinaria de recursos externos que son invertidos en valores gubernamentales; su monto supera en el presente 130,000 millones de dólares, y el flujo sigue aumentando a pesar de que el pasado 8 de marzo el Banco Central redujo la tasa de interés de fondeo de 4.5% a 4.0%; la demanda de los inversionistas foráneos se mantiene dinámica porque les sigue siendo atractivo el rendimiento en relación con los que se ofrece en otros mercados. Los recursos de residentes en el exterior en valores gubernamentales representan más de la tercera parte del total de este tipo de instrumentos.
Por el contrario, la inversión extranjera directa (IED) a México ha avanzado a un ritmo poco vigoroso, 19,000 millones de dólares como media anual en el último lustro, comparado con 100,000 millones por año de China. Cabe señalar que en 1994, México fue el cuarto destino preferido de la IED, comparado con el sitio 17avo del 2012; hecho que revela pérdida de competitividad de México, que en ese periodo tuvo un crecimiento económico de 2.0%; como media anual, además de la incertidumbre que se generó entre los inversionistas por la inseguridad que ha prevalecido en la República. Así, las reformas estructurales representan un paso significativo para impulsar a la economía de manera sostenida, mejorar el entorno de los negocios y el nivel de bienestar de la población. El proceso para lograr estos propósitos no será sencillo en virtud de los lastres que el país arrastra, sobretodo en relación al arraigo de prácticas de corrupción que prevalecen en el sector público, en el sistema político y que también alcanzan ya a los grupos empresariales; la existencia de una estructura monopólica en una parte importante de la economía y la violencia que se genera en la lucha de los grupos delictivos.
En el marco de la reforma energética, diferentes analistas han expresado que Pemex no podrá ser una empresa pública productiva mientras siga pesando sobre sus resultados la agobiante carga fiscal a la que está sujeta y que le limita dedicar recursos a la inversión productiva; ello unido a la realización de profundos ajustes en su estructura administrativa y operativa será fundamental para poder enfrentar el mundo global de la competencia. El Presidente EPN ha enfatizado que Pemex no se privatizará, tendrá que funcionar eficientemente como todas las paraestatales petroleras del Medio Oriente o de Brasil. Al final de cuentas los mexicanos no han tenido un beneficio directo como propietarios del petróleo; en cambio las diferentes administraciones gubernamentales han expoliado a la paraestatal para instrumentar políticas expansionistas, las cuales han minado su patrimonio; básicamente han beneficiado a los directivos, al sindicato y a proveedores y contratistas que con contratos amañados han obtenido pingües ganancias. En este sentido, resulta inaudito que bajo los Contratos Colectivos de Trabajo se hayan entregado cuantiosos recursos al Sindicato Petrolero, casi 2,000 millones de pesos entre el 2006 y el 2012, “para cubrir los gastos de viaje de 68 integrantes del Comité Ejecutivo General del Sindicato, para salarios y prestaciones, viáticos y ayuda para transporte y gastos conexos foráneos”. Los líderes sindicales por su parte no han tenido la obligación de justificar el motivo o destino de sus viajes, tampoco comprobar los gastos, ni dar cuenta de las personas que los realizan.
Las “ayudas” al sindicato petrolero son apenas una parte mínima de los cuantiosos recursos que obtiene, la corrupción en la paraestatal se solapa. De aquí que no sorprende que desde la tribuna de la Cámara de Diputados, los partidos políticos de oposición hayan demandado al Gobierno Federal transparencia y un combate a la corrupción en Pemex, antes que proponer la reforma energética; no obstante, los legisladores y los partidos que representan también tienen su propia historia de corrupción
