LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO
El buen desempeño de los países y de las empresas en buena medida depende de que registren avances continuos en su productividad, concepto que involucra un adecuado manejo de los factores de la producción, a la tecnología utilizada, a la existencia de un ambiente propicio para los negocios, al desarrollo de un espíritu empresarial, a las políticas públicas instrumentadas, al sistema político, jurídico y al Estado de derecho vigentes, a la disponibilidad y al costo del crédito, de los energéticos y otros insumos, principalmente. En este sentido, el Secretario de Hacienda recientemente señaló que un factor que está deteniendo el crecimiento económico de México es la caída de la productividad que en las últimas tres décadas bajó 0.7%; esta situación contrasta con lo acontecido en países como Chile, Irlanda y Corea, entre otros, que con un aumento efectivo en su productividad tuvieron tasas de adelanto económico superiores a 4.0% como media anual en el periodo de referencia, en tanto el promedio por año en México fue de sólo 2.4%.
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En este contexto, se considera que las reformas estructurales propuestas por la actual administración, entre ellas, la fiscal, la energética y la de las telecomunicaciones, podrían ser un detonante para propiciar un mayor avance de la economía, aunque su instrumentación llevará tiempo. En este ámbito, las empresas tendrán que hacer su tarea para enfrentar con éxito los retos que significará operar en un entorno de mayor productividad, y a la vez, de una competencia global más intensa y no exenta de vulnerabilidades en los mercados.
El sector público, en particular, tendrá que hacer esfuerzos notables para aligerar su excesiva y costosa burocracia, si es que pretende mejorar su productividad; es previsible que se verá precisado a llevar a cabo importantes ajustes en su planta de personal y en los niveles de remuneración de ésta, incluyendo las gravosas, y en muchos casos, injustificables prestaciones, que se otorgan, y que finalmente representan una carga para la sociedad. El proceso de reajuste en el gobierno, organismos descentralizados y en las empresas paraestatales, enfrentará dificultades legales vinculadas a los contratos laborales existentes y por la resistencia natural de quienes se verán afectados; no obstante, llegó la hora de la transparencia, la eficiencia y la anulación de canonjías, si es que la presente administración desea realmente promover un crecimiento económico sostenible y equitativo.
Un caso específico en el que se tendrá que manejar el redimensionamiento de la planta laboral en función de sus niveles de producción y con una perspectiva de lograr una mejoría significativa en su productividad, es el de Pemex, paraestatal estratégica en el desarrollo de la economía del país.
Ciertamente, desde que Pemex alcanzó su mayor nivel de producción de crudo en el 2004, 3.4 millones de barriles al día, su productividad por empleado, pasó de 24.5 barriles diarios ese año a 16.9 al final del 2012, cuando el nivel de producción fue de alrededor de 2.5 millones de barriles diarios; no obstante, la planta de personal en ese lapso, en vez de reducirse, aumentó en 13,000 plazas hasta 150,000; el mayor aumento de empleados se registró en el área corporativa.
Por otra parte, preocupa que los cambios estructurales en alguna medida se vean frenados por la elevada informalidad que prevalece en el mercado de trabajo, aproximadamente 29 millones de personas, situación que determina que quienes se encuentran en este sector perciban bajos salarios y no tengan prestaciones sociales, de aquí que las empresas enfrenten límites para aplicar economías a escala. La elevada participación de la fuerza de trabajo en la informalidad, y en general, los bajos salarios que se pagan en el sector formal, han provocado que más de la mitad de la población no pueda adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso de su trabajo, según se desprende de la última encuesta del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la Tendencia de la Pobreza realizada en el cuarto trimestre del 2012. Un aspecto relevante en el sector de la informalidad es el elevado número de jóvenes, entre 14 y 24 años, que trabajan en el mismo y que representan 71.0% del total de este estrato de la población, su perspectiva de desarrollo es poco halagadora.
Se estima que las reformas estructurales previstas para los sectores energético y el de las telecomunicaciones propiciarán un dinámico avance de los mismos con un impacto extraordinario en la demanda de mano de obra calificada, que en el corto y mediano plazo difícilmente podrá ser satisfecha, dada su limitada disponibilidad en la República; de aquí la necesidad de destinar recursos suficientes para capacitar a los cuadros laborales requeridos; el esfuerzo será mayor si se quiere optimizar los cambios estructurales.
