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Israel, 4 abr (EFE).- La joven israelí encarcelada desde 2011 por filtración de documentos militares, Anat Kam, demandó hoy al periódico que los publicó, “Haaretz”, por considerar que la expuso como fuente con una actitud “negligente”.

En la denuncia, presentada en un tribunal de Tel Aviv por su abogado, Ilan Bombaj, se pide una indemnización de 2,6 millones de shekels (556.000 euros o 717.000 dólares) por haber facilitado presuntamente a los investigadores del Ejército israelí descubrir en 2010 el origen de la filtración, por la que Kam cumple tres años y medio de cárcel.

La demanda va dirigida contra “Haaretz”, el exjefe de redacción Avi Zilberberg y Uri Blau, el periodista que publicó los artículos en base al material filtrado: 2.000 documentos, 700 de ellos clasificados como “máximo secreto”, que ella sustrajo de un ordenador mientras hacía el servicio militar obligatorio.

En declaraciones al canal 2 de la televisión israelí, el abogado de Kam acusó hoy al periódico de “negligencia” y “violación de la confidencialidad” cuando optó por publicar una copia de los documentos originales junto a los artículos.

“Un periódico que se preocupa por el derecho a que la gente sepa debe preocuparse también por el derecho a no desvelar una fuente”, dijo tras denunciar que “Haaretz” abandonó a Kam su suerte cuando el Ejército comenzó a investigar.

Bombaj señaló además que la propia jefa de la censura militar, Sima Vaknin, advirtió a “Haaretz” de que si publicaba una copia del documento el Ejército acabaría descubriendo el origen de la filtración.

Kam, que hoy tiene 25 años y trabajó brevemente como reportera del portal de internet israelí “Walla”, fue condenada en un acuerdo fuera de tribunales por posesión ilegal de material clasificado y su entrega no autorizada a un periodista.

Blau, por su parte, se libró de la cárcel gracias a otro acuerdo fuera de tribunales por el que prestó cuatro meses de servicios comunitarios tras declararse culpable de haber tenido y publicado información militar clasificada sin intención de dañar la seguridad del Estado.

Fuente: Diario Vasco