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Enlace Judío México | 03 de febrero 2014.-Entidades judías argentinas exigieron al gobierno este domingo la derogación del memorándum firmado hace un año con Irán para investigar el atentado que en 1994 voló la mutual judía AMIA en Buenos Aires dejando 85 muertos y 300 heridos, tras declaraciones del canciller Héctor Timerman sobre el tema.

Consultado sobre si existe escasa disposición de Irán para avanzar con el acuerdo, Timerman respondió este domingo en una entrevista con el diario Página12 “es verdad”, aunque consideró que “el memorándum es un paso adelante”.

El canciller sostuvo que “los acuerdos internacionales suelen tardar años y a veces ni siquiera se cumplen”. “No por eso hay que dejar de negociar, de hablar”, insistió.

Sin embargo, esto provocó la reacción de entidades judías, que piden derogar el acuerdo firmado para avanzar en la investigación del atentado por el cual la justicia acusa a exfuncionarios iraníes.

“A la luz de las declaraciones del canciller, es hora de que el Memorándum sea derogado”, dijo este domingo el presidente de la entidad, Leonardo Jmelnitzky, a la Agencia Judía de Noticias (AJN).

El acuerdo plantea la posibilidad de que un juez argentino interrogue a los acusados en Irán y la formación de una Comisión de la verdad sobre el ataque terrorista, integrada por expertos que no sean de ninguno de los países. Sin embargo, un año después de la firma no han habido avances.

“De haber habido buena voluntad, habría sido un gesto significativo que Irán, por lo menos, hubiera permitido que el juez de la causa les tomara declaración indagatoria a los imputados en la embajada argentina en Teherán según las normativas del Código Procesal Penal argentino”, sostuvo Jmelnitzky.

Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelita Argentinas (DAIA), Julio Schlosser, también remarcó que “no se puede negar que Irán no ha colaborado siquiera con este Memorándum”.
Las instituciones de la colectividad judía argentina, la mayor de América Latina, rechazaron desde un principio el convenio y el fiscal de la causa, Alberto Nisman, pidió que se lo declare inconstitucional, a pesar de haber recibido la aprobación del Congreso.

Fuente:eleconomista.es