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SARA SEFCHOVICH

Un lector me manda un texto que publicó en un periódico de Acapulco: “Como hijo, hermano, padre y abuelo que soy, me uno y solidarizo con las familias y compañeros de esos jóvenes. Expresar mi indignación y protesta en contra de los criminales y de la barbarie perpetrada en Iguala es unirme al cúmulo de artículos que se han escrito a nivel mundial, nacional y local. Hago míos todos los comentarios y manifestaciones de protesta. No está a discusión la justeza de sus reivindicaciones, demandas y protestas. Hay un clamor nacional e internacional que las apoyan. Pero, lo que no se vale, es que enarbolando una causa justa se lleguen a violar garantías de terceros. No se debe reclamar o reivindicar un derecho, violando los de los demás. Mucho menos causando daños a bienes públicos, pues éstos se han edificado, se prestan (en el caso de los servicios) y se les da mantenimiento con el dinero de todos los ciudadanos, pues todos pagamos impuestos, derechos y aprovechamientos. Hacerlo implica una falta de respeto por aquello que se dice defender”.

 Estoy de acuerdo con el autor de estas líneas. ¿Por qué para protestar por una causa justa se hacen acciones bárbaras e injustas que tanto daño le hacen a los ciudadanos? ¿No basta con todos los problemas que ya tenemos, como para además afectar así a las personas que tienen que resolver asuntos, hacer trámites, cobrar sueldos, cumplir con sus empleos?

Sin embargo, hay quienes consideran que estos hechos se justifican porque hay una “circunstancia de descontrol social y un sentir de desesperación social”.

En mi modesta opinión, el asunto no pasa por allí, y no tiene que ver ni con defender una causa ni con la desesperación social. No puedo evitar el sospechosismo: algunos han usado el pretexto de la indignación y la protesta para destruir archivos, computadoras y documentos. Incendiar el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, las oficinas del PRD y del programa Guerrero Cumple se hizo con la intención de desaparecer rastros. ¿De qué? Puede ser de muchas cosas: compras, precios (sobreprecios) pagados, nombres de personas, nóminas, movimientos del gobierno y de las policías, propiedades.

Y es que ¿a qué estudiante le conviene que se destruya su expediente de calificaciones o su documentación de beca? ¿a quién le puede favorecer que las solicitudes para las nuevas becas y apoyos hayan quedado hechas cenizas? ¿a qué ciudadano que recibe apoyos de los programas gubernamentales le conviene que desaparezcan sus papeles? ¿a qué militante de un partido político le interesa destruir sus propias oficinas y documentos?

Quemar lo que quemaron sólo les conviene a quienes quieren desaparecer la información sobre complicidad y corrupción. Es decir, a los funcionarios coludidos, a los narcos, a los policías comprados. A nadie más.

El sospechosismo también va por otro lado: hacia aquellos grupos radicales que siguen pensando que hay que generar caos y agudizar las contradicciones (Marx dixit), como forma para conseguir un levantamiento social contra el régimen. Y si uno revisa los comentarios en ciertos medios de comunicación, se percatará de la dicha con que algunos ven esta posibilidad a la vuelta de la esquina, gracias precisamente a estos actos vandálicos.

Por lo demás, en Guerrero la guerrilla es una tradición de larga historia y sus bases de apoyo han estado siempre, precisamente en los estudiantes, algo que no falta quien quiera capitalizar a su favor. Y tal vez lo están haciendo, como cree Ricardo Alemán.

Lo tremendo es que, sea quien sea que lo haya hecho y sea cual sea su motivación, saben que llevar a cabo un acto de esta naturaleza es algo que pueden hacer ahora porque en estos momentos ningún gobierno se atrevería a reprimirlos. Ellos saben que no van a recibir castigo alguno, así dejaran sus rostros al descubierto.

Escritora e investigadora en la UNAM.
[email protected]
www.sarasefchovich.com

Fuente:eluniversalmas.com.mx