A la larga lista de temas candentes que están embrollando al estado judío, desde Irán al terrorismo, el contagio desde Siria y las perspectivas para la paz, podemos agregar ahora una más: las organizaciones no gubernamentales irresponsables que utilizan tácticas solapadas en el nombre de los derechos humanos.
Un grupo, Breaking the Silence (Romper el Silencio), o BTS, con un ingreso en el año 2014 de u$s1 millón, puede no ser el más grande del país, pero ha estado haciendo las olas más grandes.
Esto ha ayudado a alimentar los boicots que toman como blanco a Israel, tanto como la publicación del Informe Goldstone del 2009 sobre el combate en Gaza, el cual desde entonces ha sido desacreditado incluso por su propio autor, el jurista sudafricano Richard Goldstone. Las campañas en el Reino Unido y otras partes para “arrestar” a líderes israelíes tales como Tzipi Livni, la ex ministra del exterior, basados en acusaciones de crímenes de guerra, se convierten en titulares internacionales y empujan a Israel más hacia la condición de paria.
El problema más grande es que grupos como BTS obtienen la mayoría de su dinero, hasta decenas de millones de dólares, de gobiernos europeos, incluidos Suecia y Suiza, ya sea en forma directa o indirecta. La Unión Europea, por ejemplo, es reportada como el más grande donante de BTS del año 2015. BTS es también uno de unos 20 grupos similares que fueron creados por el New Israel Fund basado en Estados Unidos.
Estas organizaciones bien financiadas han enfurecido a los israelíes y han provocado contraataques y propuestas legislativas para proscribir, gravar o limitar a las ONGs involucradas en impugnar a Israel. Luego de la reciente elección, la Ministra de Justicia, Ayelet Shaked, envió un anteproyecto de ley que, si es aprobado, etiquetaría a las ONGs financiadas por gobiernos extranjeros como “agentes extranjeros” en publicaciones y otras actividades. En reuniones con el público y funcionarios electos, en audiencias en la Kneset, sus etiquetas las designarían como lobistas para sus financiadores.
Comparadas con propuestas rivales, las que, por ejemplo, limitarían las actividades de e impondrían sanciones financieras sobre estas ONGs, el proyecto de ley de la Sra. Shaked destaca algunos aspectos simbólicos de estas ONGs y apunta a su ilegitimidad. La financiación de estados extranjeros para BTS y otras ONGs es vista como un ataque sobre la soberanía nacional de Israel, un tema muy sensible para los israelíes. Esto ha atraído a los políticos de centro en unirse a la condena de BTS y sus estados europeos financistas, sumándose al apoyo para el proyecto de ley de la Sra. Shaked u otros que piden límites aún más rigurosos.
Los funcionarios de las ONGs y sus aliados, tanto dentro como fuera de Israel, comparan sus restricciones propuestas con las utilizadas para torcer la libertad de expresión en la Rusia de Vladimir Putin y en la Turquía de Recep Tayyip Erdogan.
Pero la propuesta no busca limitar el debate interno y crítica a las Fuerzas de Defensa de Israel, sin importar cuan dolorosas puedan ser estas discusiones. Sólo busca abordar la amenaza desde el exterior, a través de campañas de demonización y boicots por parte de las ONGs.
Un contraataque mucho más extremista ha venido de Im Tirtzu (presupuesto anual: $500,000 dólares), el cual lanzó un video describiendo a los líderes de BTS y otras tres ONGs como “topos” y “agentes extranjeros” responsables de traicionar a los soldados de las FDI. Los financistas europeos son presentados como partidarios del terrorismo.
El video fue feo, excesivo y contraproducente, corriendo el foco de BTS a Im Tirtzu. Fue denunciado por miembros de la Kneset, ex-oficiales del ejército y distintos comentaristas como “repugnante” y una forma de “incitación”. Pero también ha avivado el enojo en la Derecha, cebando la creencia que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes políticos han hecho poco por proteger a los israelíes de BTS y la demonización en todo el mundo.
