YASSER REDA

La O.N.U. tiene resoluciones que atacan la financiación del terror. ¿Por qué no ir detrás de los que incitan a la violencia?

La programación religiosa es popular a lo largo del Medio Oriente. Los espectadores televisivos llaman o envían preguntas vía email o redes sociales para preguntar a los eruditos del derecho islámico sobre todo tipo de cosas. La mayoría de las preguntas se relacionan con sus vidas personales, desde lo mundano— ¿los musulmanes pueden escuchar música popular?—a cuestiones tales como herencia, pensión alimenticia y anti-concepción.

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De tanto en tanto, sin embargo, un espectador plantea una cuestión de consecuencia política. Eso ocurrió con un episodio en el 2015 del programa de entrevistas “Al-Sharia wa Al-Hayat” (Shariah y Vida) de Al-Jazeera, el cual hace poco se ha vuelto objeto de intenso debate. Fue hecha la siguiente pregunta: “¿Es permisible—en el contexto sirio—que un individuo se vuele para atacar a un grupo que debe lealtad al régimen sirio, aún si esto causa víctimas entre los civiles?”

La respuesta fue esta:

“Generalmente, los individuos deben luchar y morir en combate. . . . Pero, si surge la necesidad, los individuos deben sólo volarse si un grupo (jamaa) decide que es necesario que esos individuos se vuelen. . . . Estos son temas que no son dejados a los individuos. . . . Los individuos deben entregarse al jamaa, y es el jamaa el que determina cómo utilizar a los individuos según sus necesidades.”

El orador era Yusuf al-Qaradawi, la fuerza intelectual detrás de la Hermandad Musulmana y otros grupos radicales islámicos. Él ha escrito más de cien tomos sobre cuestiones teológicas y jurisprudenciales que han atraído a muchos adherentes y numerosos detractores. Además de su erudición, él ha dedicado una vida al activismo político religioso. A través de sus escritos, sermones, discursos y edictos religiosos, al-Qaradawi se ha vuelto reconocido como un progenitor del radicalismo en el Medio Oriente y más allá.

Su respuesta con respecto a los ataques suicidas es típica del extremismo. Al no lograr rechazar la premisa de la pregunta, al-Qaradawi aceptó los ataques suicidas como un arma de guerra legítima. Esto contradice abiertamente la prohibición en el derecho islámico de cometer suicidio.

Al-Qaradawi tampoco logra sostener la distinción entre combatientes y no combatientes, un principio cardinal del derecho internacional humanitario moderno y de las leyes islámicas de la guerra. El Santo Corán y distintos refranes proféticos, conocidos como Hadith, establecen una prohibición incuestionable de atacar a no combatientes.

En forma más alarmante, al-Qaradawi confía al llamado jamaa—un término que puede significar “el grupo” o “la comunidad” y quedó indefinido—la autoridad de ordenar a las mujeres y hombres jóvenes que se vuelvan atacantes suicidas. Él no encuentra ninguna compulsión religiosa o imperativo moral para condenar la práctica odiosa de transformar a los seres humanos en instrumentos indiscriminados de muerte. No logra denunciar el mal de explotar a jóvenes mujeres y hombres para promover la causa del terror.

Condona en forma efectiva y bendice el fanatismo de Osama bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi de al-Qaeda Irak, Abu Bakr al-Baghdadi del Estado Islámico y los líderes de Boko Haram, todos hombres que han mantenido rehén al Islam y profanaron su visión de paz, tolerancia y moderación. Al hacerlo, al-Qaradawi ha ganado el título: El pontífice del terror.

Como al-Qaradawi, muchos imanes, jeques y eruditos sui-generis han pervertido el mensaje del Islam y distorsionaron sus valores para que sirvan a sus propósitos políticos a través de la justificación de la violencia. La pregunta que debemos considerar es: ¿Cómo debe combatir la comunidad internacional a esta ideología del terror?

Esta cuestión plantea preguntas difíciles de derecho y política. Requiere de una estrategia política holística, legal, económica, social y educativa que se proponga destruir las causas de origen del terrorismo. Las sociedades comprometidas con la gobernancia democrática deben lograr un equilibrio delicado entre sostener las libertades civiles que son indispensables en una democracia y proporcionar las herramientas legales e institucionales que permitan a una sociedad protegerse contra los males del extremismo.

La ley internacional de derechos humanos proporciona una guía. Los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) reconocen que la libertad de expresión “carga con ella deberes y responsabilidades especiales.” Esto genera una obligación sobre los gobiernos de proteger a la sociedad contra visiones y opiniones que promueven el extremismo e incitan a la violencia.

La comunidad internacional, quizás actuando a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe considerar requerir a los gobiernos que tomen las medidas legislativas necesarias para proscribir el discurso que incita, justifica, promueve o glorifica actos de terrorismo, y asegurar que estén en vigencia las sanciones penales apropiadas para aplicar tal proscripción. El Comité de Derechos Humanos de ONU, que está a cargo de monitorear el cumplimiento del ICCPR, debe solicitar a los estados que informen sobre estos esfuerzos.

La comunidad internacional también tiene que examinar los lugares a través de los cuales puede ser desarrollada adicionalmente la arquitectura política y legal del contra-terrorismo para incluir leyes que impidan la diseminación de opiniones que promueven o exaltan actos de terrorismo.

A pocos días de los ataques del 11/S, el Consejo de Seguridad adoptó en forma unánime la Resolución 1373, la cual obligaba a los estados miembros de la ONU a tomar medidas legislativas y administrativas para impedir la financiación del terrorismo. Otras resoluciones del Consejo de Seguridad establecieron listas de vigilancia de individuos que se sabe tienen vínculos con organizaciones terroristas.

Estas resoluciones, que incluyen mecanismos de supervisión y revisión, ofrecen un molde para establecer mecanismos a través de los cuales los gobiernos pueden informar lo que estiman son casos de incitación manifiesta al terrorismo y justificativos religiosos o políticos para actos de violencia. Se debe permitir también a los estados que usen estos mecanismos de información para nombrar y abochornar a los medios de comunicación que proporcionan una plataforma para los individuos que pontifican en favor del mal del terrorismo.

La historia es una maestra severa. Ya sea que es el efecto de las transmisiones venenosas de RTLM el que avivó el fuego del genocidio ruandés o los horrores del Holocausto que fueron justificados por el mal del propagandista nazi Joseph Goebbels, la historia nos ha enseñado que las palabras pueden ser utilizadas como armas. La lucha global contra el terrorismo seguirá estando incompleta en tanto la comunidad internacional no logre movilizarse para destruir el combustible intelectual que justifica el mal del terrorismo.

*Yasser Reda es el Embajador de Egipto ante los Estados Unidos.

Fuente: The Wall Street Journal
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México