Enlace Judío México e Israel – Aproximadamente a la una de la mañana del miércoles, una camioneta blanca adornada con una calcomanía de corazón rosa con las letras DIF se detiene en el Paso del Norte, uno de los puentes entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Dos jóvenes con chaquetas negras bordadas con el mismo corazón rosado, el logotipo del Departamento de Servicios Familiares en Ciudad Juárez, ayudan a sus pasajeros: un grupo de solicitantes de asilo temerosos.
CAITLIN DICKSON
Casi la mitad del grupo son niños pequeños, algunos demasiado pequeños para caminar. No llevan mochilas ni maletas. Salen de la camioneta con cuidado y silenciosamente forman una fila junto a la reja en la entrada al puente.
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Un hombre y una mujer vestidos con camisas de color naranja y canela con la bandera mexicana en sus mangas reemplazan a los trabajadores del DIF, empleados del gobierno municipal en Ciudad Juárez. Ellos pertenecen a Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración, cuya misión es ofrecer asistencia y protección a los migrantes.
Cada uno de los funcionarios de Grupos Beta sostiene un portapapeles con varias hojas de papel rayado, que al parecer, fueron meticulosamente revisadas dos o tres veces. No está claro si esta versión de la lista contiene los nombres de los migrantes, cada uno de los cuales tiene un número de identificación escrito con marcador permanente color negro en el interior de sus muñecas.
Estos desalojos organizados se han convertido en algo habitual en el Paso del Norte desde que las autoridades mexicanas comenzaron a retirar a cientos de solicitantes de asilo de los puentes entre Ciudad Juárez y El Paso, donde previamente habían acampado. Los campamentos surgieron durante el verano, después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) comenzara a colocar a oficiales en medio de los puentes internacionales para bloquear el paso de los indocumentados al puerto de entrada, obligando a los solicitantes de asilo a esperar en el lado mexicano para poder cruzar. A principios de este mes, las autoridades mexicanas ordenaron a los desplazados que acamparon en los puentes entre Ciudad Juárez y El Paso que se mudaran a la Casa del Migrante, un refugio para migrantes católicos ubicado aproximadamente a 30 minutos en automóvil de Paso del Norte.
Según varios defensores y otros que observaron la situación en los puentes durante el verano, los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana crearon una lista de espera para ayudar a mantener el orden dentro de los campamentos mientras los solicitantes de asilo esperaban su turno para cruzar. La lista fue luego transferida a la Casa del Migrante junto con los solicitantes de asilo, que fueron obligados a mudarse allí en noviembre. No se sabe exactamente cuándo ni quién comenzó con la práctica de rastrear a los migrantes con números en sus brazos, pero ahora se ha convertido en parte del proceso para todos los que desean buscar asilo en uno de los puertos de entrada de EE.UU. en El Paso
Lo que comenzó como un esfuerzo por parte del gobierno municipal de Ciudad Juárez para ofrecer refugio al creciente número de solicitantes de asilo en los puentes, se ha convertido en un sistema complicado de las ONGs mexicanas, agencias municipales, estatales y federales para controlar el paso de solicitantes de asilo en los puertos de entrada de Estados Unidos en El Paso, mientras los funcionarios de la Oficina Aduanas y Protección de Fronteriza de EE.UU. notifican a las autoridades de inmigración mexicanas en Ciudad Juárez cuántas personas de la lista pueden cruzar la frontera cada día.
Un portavoz de la Oficina Aduanas y Protección de Fronteriza de EE.UU. reconoció que los funcionarios en El Paso comunican a las autoridades mexicanas en Ciudad Juárez la cantidad de nuevos solicitantes de asilo que pueden cruzar la frontera cada día, según la capacidad de los puertos de entrada y afirmó que “la CBP no se niega ni desalienta a los viajeros que buscan asilo o cualquier otra forma de protección, o de reclamar temor de regresar a su país de origen”. Pero la ACLU y otros defensores de los derechos de los inmigrantes locales argumentan que los funcionarios fronterizos estadounidenses no están cumpliendo con sus responsabilidades bajo las leyes federales e internacionales, al impedir que los migrantes que huyen de la persecución accedan libremente a los puertos de entrada oficiales de EE.UU.
Hasta ahora, la mayoría de los solicitantes de asilo que han sido integrados en este nuevo sistema de Juárez han tenido que esperar unos días antes de que se les permita cruzar el puente. Pero en Tijuana, frente a San Diego, donde la CBP ha confiado en un proceso de lista de espera similar para medir el flujo de solicitantes de asilo, la reciente llegada de miles de migrantes que viajan en caravanas desde Centroamérica han rebasado los refugios y provocado enfrentamientos con los residentes locales y guardias fronterizos que utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes que intentan cruzar la valla fronteriza tras meses de espera.
También advierten del alto potencial de corrupción de tales operaciones, señalando que también han surgido sistemas similares en Matamoros y cerca de otros cruces fronterizos en el Valle del Río Grande en Texas, donde los migrantes informaron que funcionarios mexicanos exigían pagos a cambio por incluirlos en la lista.
Aunque la CBP niega haber participado o tener algún conocimiento de cómo funciona el proceso de lista de espera en México, Blanca Navarette, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción, una organización de derechos humanos con sede en Ciudad Juárez, llama a la CBP “una violadora de derechos humanos que transfiere su responsabilidad de recibir solicitantes de asilo a las autoridades mexicanas “.
“Claramente, la raíz del problema es la CBP”, dice Alan Dicker, voluntario de la ACLU que ha estado observando las interacciones de la CBP con los solicitantes de asilo en los puertos de entrada. Dicker rechazó las afirmaciones de la agencia de que ha restringido el acceso a los puertos de entrada debido a limitaciones de capacidad, y señaló que en el pasado, CBP abrió instalaciones temporales para la gran afluencia de migrantes en la frontera.
“Si deciden aumentar el número de oficiales para ampliar su capacidad, podrían hacerlo muy fácilmente”, dijo. “Han decidido no hacerlo y crear artificialmente este problema”.
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