Enlace Judío México e Israel.- Los rivales políticos de Netanyahu rechazaron la decisión de posponer el juicio de corrupción del primer ministro, pero la creciente pandemia de COVID-19 ha hecho se estén cerrando los tribunales de justicia en todo el mundo.
RAPHAEL AHREN
Cada vez más países en todo el mundo están cerrando sus sistemas judiciales, ya sea parcial o completamente, a la luz de la pandemia de coronavirus que se está extendiendo.
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El domingo, el Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció que la apertura del juicio del primer ministro Benjamin Netanyahu en tres casos de corrupción se ha pospuesto durante varias semanas, debido a restricciones en los tribunales de Israel como parte de las nuevas medidas para combatir el virus que causa la enfermedad del COVID-19.
La medida fue duramente criticada por los opositores políticos de Netanyahu, quienes acusaron al primer ministro y sus aliados de usar la crisis del corona para escapar de la justicia.
Pero muchos otros gobiernos en todo el mundo ya han implementado, o están a punto de hacerlo, restricciones similares en sus sistemas legales. Por el contrario, los países que no han puesto límites a sus tribunales son pocos y distantes entre sí.
La ministra de Justicia francesa, Nicole Belloubet, declaró el domingo que “todos los tribunales franceses estarán cerrados, excepto los litigios esenciales”. Anteriormente, algunos tribunales en el país continuaron operando con ciertas limitaciones.
Austria comenzará el lunes a implementar nuevas reglas bajo las cuales se pide a los empleados de la corte que trabajen desde casa, y se insta al público a abstenerse de presentar nuevos casos. Las demandas urgentes e importantes continuarán siendo manejadas por los tribunales, pero una parte en un caso judicial puede solicitar un aplazamiento.
El viernes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anunció que tenía que restringir temporalmente sus actividades judiciales debido a la crisis.
“Hasta nuevo aviso, solo los casos particularmente urgentes (como procedimientos urgentes, procedimientos acelerados y procedimientos provisionales) serán tratados por el Tribunal”, dijo en un comunicado.
“En todos los demás casos, a pesar de que el Tribunal de Justicia no puede tratarlos temporalmente, los plazos procesales, incluidos los plazos para iniciar procedimientos, continuarán ejecutándose y las partes deben cumplir con esos plazos”.
En Italia, después de China, el país más afectado por el virus, no hay actividad pública de ningún tipo en curso, incluidas las sesiones judiciales. España, que hasta ahora cuenta con más de 5.500 personas con COVID-19, todos los casos legales pendientes también fueron suspendidos temporalmente.
Pero incluso los países menos afectados por la enfermedad también se están moviendo para restringir sus tribunales.
Polonia, con 111 casos conocidos, decidió la semana pasada que solo se tratarán los casos urgentes.
Hungría, donde solo 32 personas han contraído el virus, recientemente introdujo nuevas pautas que dicen que en cada caso el juez presidente toma una decisión individual respecto a llevar o no a cabo la audiencia, en base a dos condiciones: que la sesión no dé lugar a una probable infección en la sala del tribunal, y que la gente se sentará a una distancia de al menos dos metros el uno del otro.
En algunos países con un sistema federal, depende de varias regiones y estados determinar hasta qué punto deben funcionar los tribunales.
En Alemania, cada uno de los 16 Bundeslaender diferentes decide si abrir escuelas, jardines de infancia y tribunales. En Berlín, por ejemplo, las autoridades prohibieron las reuniones de más de 50 personas, lo que hace que la celebración de los principales casos judiciales sea muy poco práctica.
En otras regiones, se permiten reuniones de hasta 500 personas, pero, como en Austria, las partes en un caso legal pueden solicitar un aplazamiento.
En Estados Unidos, cada tribunal decide por sí mismo cómo actuar frente a la crisis cada vez mayor, según Alexei Woltornist, portavoz del Ministerio de Justicia en Washington. “Sus respuestas han sido variadas según las circunstancias locales”, dijo el domingo a The Times of Israel.
En Nueva York y en otros lugares, los tribunales han comenzado a retrasar los juicios civiles y penales que aún no han comenzado hasta nuevo aviso. Los casos ya en curso continúan, por ahora.
En Canadá, también, depende de las diferentes provincias decidir cómo proceder. Los tribunales supremos de Columbia Británica y Nueva Escocia suspendieron recientemente los juicios con jurado, pero hay otros casos en curso.
El Reino Unido, con más de 1.110 casos conocidos de COVID-19, uno de los 10 países más afectados por la pandemia, aún no ha impuesto ninguna restricción a su sistema judicial.
El sábado por la noche, el ministro de Justicia de Israel, Amir Ohana, anunció un “estado de emergencia” de 24 horas en el sistema judicial de Israel, “como parte del esfuerzo nacional para prevenir la propagación del coronavirus”, alimentando la especulación de que los casos de corrupción de Netanyahu se retrasarían.
Unas horas más tarde, el Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció que el juicio se aplazó por más de dos meses debido a las nuevas restricciones en los tribunales de Israel como parte de las últimas medidas para combatir el coronavirus.
La medida se produjo solo dos días antes de la audiencia programada para el 17 de marzo, que según la Administración de Tribunales de Israel se ha pospuesto hasta el 24 de mayo.
“A la luz de los acontecimientos relacionados con la propagación del coronavirus, y teniendo en cuenta las últimas pautas dadas y la declaración de estado de emergencia en los tribunales, hemos decidido cancelar la audiencia programada”, escribieron los tres jueces que presidieron el caso en su anuncio.
El primer ministro enfrenta siete cargos de tres cargos penales: fraude y abuso de confianza en los casos 1000 y 2000, y soborno, fraude y abuso de confianza en el caso 4000.
La decisión del tribunal, que Ohana insistió en que no fue influenciada por el escalón político, significa que los tribunales solo pueden presentarse a audiencias urgentes sobre órdenes de arresto y prisión preventiva, órdenes de detención administrativa, delitos bajo la legislación “relacionada con la emergencia especial” y cierto alivio provisional en materia civil.
Una declaración de la oficina de Ohana dijo que la decisión se tomó en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud y que “existe un temor real de daños graves a la salud pública” si el sistema judicial continúa de manera normal.
Ohana, un legislador del Likud y uno de los partidarios más leales de Netanyahu, quien lo designó para el cargo en junio pasado, en sustitución de Ayelet Shaked, se ha convertido en un crítico frecuente de los tribunales y los casos penales contra el primer ministro.
El anuncio de Ohana se produjo después de que Netanyahu y los funcionarios del gobierno anunciaran el cierre de todos los negocios y actividades de ocio en todo el país, y nuevas restricciones a las reuniones de más de 10 personas en el mismo lugar, para evitar la propagación del virus.
El número de israelíes diagnosticados con COVID-19 aumentó a 250 la mañana del lunes. El Ministerio de Salud dijo que hay cinco enfermos en estado grave, 12 en estado moderado y el resto sufre solo síntomas leves.
Mientras tanto, casi 40,000 israelíes estaban en cuarentena domiciliaria por temor a la exposición al virus, incluidos cerca de 1,000 médicos, más de 600 enfermeras, 170 paramédicos y 80 farmacéuticos, según cifras del Ministerio de Salud. Los funcionarios de salud han realizado más de 6.800 pruebas de coronavirus en todo el país hasta el momento, según el ministerio.
La semana pasada, el Tribunal de Distrito de Jerusalén rechazó la solicitud de Netanyahu de retrasar el inicio del juicio por corrupción.
Raoul Wootliff contribuyó a este informe.
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