Enlace Judío – Varias ONG israelíes (organizaciones no gubernamentales), incluidas las financiadas por gobiernos europeos y New Israel Fund (NIF), han alentado activamente una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre funcionarios israelíes.

Esta promoción en el marco legal de la CPI coincide con la inexplicable eliminación del lenguaje de su sitio web por parte de NIF, financiador a largo plazo, declarando una política de “firmemente oponerse a los intentos de enjuiciar a funcionarios israelíes en tribunales extranjeros o aplicar el principio generalmente aceptado de jurisdicción universal contra Israel o funcionarios israelíes”.

El 20 de diciembre de 2019, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció su intención de iniciar una investigación formal sobre posibles crímenes de guerra cometidos por israelíes en Cisjordania (Judea y Samaria), Gaza y Jerusalén Este. El viernes 5 de febrero, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI confirmó que el tribunal tiene jurisdicción los territorios, lo que allana el camino para que Bensouda pueda ir adelante con una investigación.

De acuerdo con el principio legal de “complementariedad”, la CPI solo está autorizada a investigar cuando el sistema judicial de un país ha demostrado que no quiere o es incapaz de procesar casos que caen dentro de la jurisdicción de la CPI. Incluso si hay pruebas de presuntos crímenes de guerra, se supone que la Corte debe respetar las investigaciones locales serias.

Distorsionando este principio y para justificar la intervención de la CPI, ONG israelíes han realizado un esfuerzo concertado para desacreditar a los tribunales e investigaciones israelíes. Estas actividades están financiadas por varios gobiernos europeos, como se detalla a continuación:

B’Tselem

Financiación del gobierno europeo a B’Tselem para la promoción relacionada con la CPI

  • En febrero de 2019, los medios israelíes informaron que los Países Bajos proporcionaron a B’Tselem 176 mil euros para producir un informe “sobre el papel de la Corte Suprema de Israel en la expulsión de comunidades palestinas, particularmente en el Valle del Jordán, las colinas del sur de Hebrón y el área de Ma’ale Adumim”.
  • Un documento del gobierno holandés señala que “B’Tselem se refiere regularmente a la Corte Suprema como uno de los principales mecanismos que permite la ocupación en curso y las violaciones de derechos humanos al otorgar legitimidad judicial a las políticas de Israel”.
  • En 2019, B’Tselem recibió 87.000 nuevos shequels del gobierno sueco a través de una ONG sueca, Diakonia, con el fin de “evaluar las sentencias judiciales [israelíes] con respecto a la violación de los derechos humanos de los palestinos”. Además, el NIF proporcionó a B’Tselem aproximadamente 1.4 millones de dólares en 2015-2019.

Actividad de B’Tselem ligada a la CPI

En los últimos años, las publicaciones y declaraciones públicas de B’Tselem, incluidas las del director ejecutivo Hagai Elad, han pedido repetida y explícitamente por investigaciones de la CPI y han socavado la credibilidad de los tribunales israelíes en un intento por que la CPI intervenga.

  • En un correo electrónico masivo de marzo de 2020 (en los archivos de ONG Monitor), B’Tselem exigió que “la CPI puede, y debe, investigar la situación en Palestina… Israel finalmente puede tener que comenzar a considerar el precio de sus crímenes contra los palestinos. Esperamos que el tribunal tome la decisión correcta para respaldar la posición y el fallo del fiscal: hay jurisdicción y habrá una investigación”.
  • B’Tselem también publicó un comunicado de prensa y un documento de postura (12 de marzo) que acusó a Israel de utilizar el Holocausto para justificar sus políticas frente a los palestinos, “los mismos valores que la CPI está destinada a salvaguardar, los valores que el mundo ha estado tratando de promover desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta a las atrocidades indescriptibles cometidas durante ese oscuro capítulo de la historia. Con un cinismo desvergonzado, Israel está tratando de utilizar estos mismos horrores para justificar la opresión continua, la apropiación de tierras y los asesinatos por sus propias manos”.
  • En un artículo de opinión de Haaretz de enero de 2020, Elad alegó que el sistema legal israelí “funciona para garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad israelíes que los matan, abusan o torturan [a los palestinos]”. Concluyó que “para los palestinos, literalmente, la Corte Penal Internacional es su tribunal de último recurso”. (énfasis añadido)
  • En julio de 2019, B’Tselem criticó duramente las reglas de combate israelíes en la frontera de Gaza durante la violencia que comenzó en marzo de 2018 y la decisión de la Corte Suprema de Israel de validarlas, declarando que “tanto el ejército como la Corte son responsables de esta política criminal”.
  • En una publicación de febrero de 2019, B’Tselem sostuvo que “los jueces de la Corte Suprema no cumplen con sus deberes, también juegan un papel fundamental para consolidar aún más la empresa de ocupación y asentamientos, y para desposeer aún más a los palestinos de su tierra… Por lo tanto, ellos también -junto con el primer ministro, los ministros superiores, el jefe de personal y otros oficiales militares superiores- asumen la responsabilidad personal por la comisión de tales delitos”. (énfasis añadido)
  • Una declaración de B’Tselem de julio de 2015 sobre el conflicto de Gaza de 2014 argumentó que “la afirmación de Israel de que la CPI no tiene jurisdicción sobre presuntas infracciones de las normas de la guerra, en parte porque ‘el sistema judicial israelí es independiente y puede manejar quejas sobre el asunto de presuntos crímenes de guerra’ es incorrecta. La experiencia pasada muestra que lo contrario es cierto y que las autoridades israelíes han demostrado que son incapaces de investigar las denuncias de violaciones israelíes del derecho humanitario en la Franja de Gaza”. (énfasis añadido)
  • Esta declaración afirmó además que “es difícil evitar la conclusión de que las presentes investigaciones continúan sirviendo como una fachada destinada a bloquear las críticas internacionales”.
  • En particular, en su escrito sobre la cuestión de la jurisdicción, Bensouda citó tres documentos separados de B’Tselem.

Yesh Din

Financiamiento del gobierno europeo a Yesh Din para actividades relacionadas con la CPI

El gobierno holandés proporcionó 170 mil euros a Yesh Din en 2018 (contrato de subvención archivado con NGO Monitor). Según el acuerdo de subvención, se espera que Yesh Din garantice que “La cuestión de la impunidad del personal de las fuerzas de seguridad israelíes en casos de delitos cometidos contra palestinos en Cisjordania y Jerusalén permanezca en la agenda internacional y en las discusiones entre el gobierno de Israel y representantes de gobiernos extranjeros. Mayor conciencia internacional sobre el impacto sistémico de la falta de aplicación de la ley para las comunidades palestinas, las entradas forzadas a hogares y la situación de los derechos humanos en Cisjordania y Jerusalén (énfasis agregado).

Yesh Din también ha obtenido fondos del gobierno europeo para reforzar su narrativa de que Israel no investiga adecuadamente las irregularidades. La Unión Europea proporcionó 150 mil euros a un proyecto de 234 mil euros de 2011-2013 que Yesh Din emprendió: “Cambiar la política israelí frente a la responsabilidad penal del personal de las fuerzas de seguridad israelíes en los territorios palestinos ocupados, de tal manera que reconozca y tenga en cuenta la gravedad y la diferente naturaleza de los crímenes de guerra, a diferencia de los crímenes domésticos habituales ”(énfasis agregado). De 2012 a 2018, Irlanda proporcionó a la ONG 2.7 millones de nuevos shequels para una serie de proyectos, incluidos los dedicados a investigar la aplicación de la ley israelí y las FDI.

Además, NIF proporcionó aproximadamente 550 mil dólares a Yesh Din en 2015-2019.

Actividades de Yesh Din ligadas a la CPI

Las actividades de Yesh Din son fundamentales para la acusación de que los sistemas judiciales y de investigación israelíes no pueden o no quieren investigar las denuncias de irregularidades. Esta campaña es parte de una estrategia más amplia de “guerra legal” de presionar casos de “crímenes de guerra” en la CPI, y utiliza información errónea y estadísticas sesgadas para promover los reclamos políticos.

  • En una declaración del 30 de enero de 2020, Yesh Din alegó que “el Estado de Israel no puede o no quiere tomar medidas decididas de conformidad con sus deberes legales de erradicar la violencia y el daño a los palestinos y sus propiedades… Por esta razón, creemos que la comunidad internacional, que comparte la responsabilidad de proteger los derechos de los palestinos que viven bajo ocupación, tiene la obligación de intervenir y tomar medidas“. (énfasis añadido)
  • En una declaración del 25 de diciembre de 2019, el grupo criticó al fiscal general israelí Avihai Mandelblit por describir a Israel como un Estado respetuoso de la ley en su memorando que explica por qué la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel.
  • Según Yesh Din, “no sabemos en qué cifras [Mandelblit] está basando esa declaración, pero los datos que publicamos recientemente presentan una imagen completamente diferente”.
  • El grupo agregó: “El ‘principio de complementariedad’ establece que la CPI no intervendrá mientras el país esté dispuesto y sea capaz de investigar de manera efectiva los crímenes que ha cometido y llevar a los responsables ante la justicia… Sin embargo, la declaración no puede ocultar datos incontrovertibles”. (traducción del hebreo por NGO Monitor).
  • En una entrevista del 22 de diciembre de 2019, el asesor legal de Yesh Din, Michael Sfard, se hizo eco de estos sentimientos y afirmó que “nadie en Israel abrirá una investigación contra un soldado u oficial que lleve a cabo esta política [de compromiso en la frontera de Gaza]” y agregando que “los sistemas que hemos construido no investigan realmente“. (énfasis añadido)
  • Sfard concluyó que “cuando un país opta por comportarse de manera consistente de manera contraria a las reglas que la raza humana ha definido como líneas rojas, y se niega a investigar y castigar, es responsabilidad de la comunidad internacional hacerlo“. (énfasis añadido)
  • En noviembre de 2018, Yesh Din presentó un documento al Comité de Investigación de la ONU sobre los disturbios en la frontera entre Israel y Gaza, basado parcialmente en su propia “Hoja de datos de marzo de 2018 sobre la aplicación de la ley sobre soldados sospechosos de dañar a palestinos o sus propiedades”. Según esta publicación de marzo de 2018, “la conclusión de Yesh Din es que hoy, como en el pasado, el sistema de aplicación de la ley militar no cumple con su obligación de brindar protección a los palestinos contra los delitos cometidos por soldados y comandantes israelíes”.
  • Reflejando estas acusaciones, la Comisión de Investigación de la ONU alegó que “los soldados israelíes cometieron violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos… y pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”. Este organismo creó un “archivo confidencial” sobre el “que se recomienda entregar a la Corte Penal Internacional (CPI)” y para ser utilizado por los gobiernos para “considerar la imposición de sanciones individuales, como la prohibición de viajar o la congelación de activos”.
  • En marzo de 2016, Yesh Din presentó un informe al Comité contra la Tortura de la ONU, afirmando que “Israel evita crear un mecanismo de investigación eficaz que sea capaz de realizar investigaciones rápidas y efectivas sobre las denuncias de violaciones de crímenes de guerra, tortura, crímenes crueles, inhumanos o trato degradante.”
  • En una publicación del 2 de diciembre de 2015, Yesh Din afirmó la existencia de una “profunda y continua falta de realización de investigaciones exhaustivas que conduzcan a acusaciones” del personal de las FDI. Como resultado, la ONG afirmó que existe “casi impunidad del enjuiciamiento de los soldados de las FDI”. (énfasis añadido)

Adalah

NIF proporcionó aproximadamente 420 mil dólares a Adalah en 2015-2019

Actividad de Adalah ligada a la CPI

Adalah elogió el anuncio de Fatou Bensouda el 20 de diciembre de 2019 y expresó su intención de proporcionarle materiales: “Adalah cree que, basándose en los numerosos informes de organizaciones de derechos humanos y comisiones de investigación de las Naciones Unidas a lo largo de los años, la fiscal de la CPI ha hecho la correcta decisión dados los hechos. Ninguna otra decisión podría haber sido posible. Celebramos su posición y creemos que la CPI tiene plena jurisdicción para decidir sobre los casos penales en cuestión. Adalah, como ONG con experiencia en el derecho israelí que ha presentado peticiones y quejas al Tribunal Supremo de Israel relacionadas con la mayoría de las operaciones militares de Israel desde 2002 en el territorio palestino ocupado, está dispuesta a presentar su material jurídico y opiniones sobre estos asuntos”. (énfasis añadido)

En una declaración del 27 de diciembre de 2019 de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una organización coordinadora de la que tanto B’Tselem como Adalah son miembros, el director general de Adalah, Hassan Jabareen, afirmó: “El fiscal general [israelí] no pudo probar que el sistema judicial israelí también investiga y procesa de manera significativa a los responsables de crímenes de guerra”. La declaración subraya: “Nuestras organizaciones exhortan a todos los Estados Partes y partes interesadas pertinentes a que cooperen con la Corte y la apoyen en el ejercicio de su mandato en todas las situaciones, incluida la situación en Palestina”. (énfasis añadido)

La FIDH concluyó señalando: “Durante los últimos cinco años, la fiscalía de la CPI recibió abundante información, incluso de varias de nuestras organizaciones, sobre crímenes cometidos en la situación y sobre cuestiones fácticas y jurídicas, incluida la jurisdicción territorial de la Corte en la situación. (énfasis añadido)

Breaking the silence

NIF ha proporcionado a Breaking the Silence aproximadamente 1.4 millones de dólares entre 2015 y 2019.

En su sitio web, Breaking the Silence insinúa el tema de la “complementariedad”, afirmando que la “investigación de soldados de bajo rango permite a Israel presentar una apariencia de mecanismos de investigación objetivos ante organismos internacionales de investigación. Con respecto al derecho internacional, esto podría resultar un obstáculo para iniciar investigaciones externas sobre las acciones israelíes. Por lo tanto, los legisladores están utilizando a soldados de bajo rango como ‘escudos humanos’ que enfrentan demandas internacionales de investigaciones externas“. (énfasis añadido)

El 13 de mayo de 2015, el sitio de noticias israelí Ynet informó que la fiscal de la CPI Bensouda expresó su deseo de utilizar las publicaciones de Breaking the Silence: “Bensouda dijo que su oficina estaba tratando de obtener una copia del informe [de Breaking the Silence] ‘para ver cómo funcionaba puede ayudarnos en la fase de examen preliminar ‘”en su revisión de la guerra de Gaza de 2014.

En una entrevista del 8 de mayo de 2015, Avner Gvaryahu de Breaking the Silence explicó que “nuestro papel es dar a conocer los testimonios. Si alguien en Israel o en el extranjero considera conveniente utilizar nuestros materiales, puede hacerlo”.

 

Fuente: NGO Monitor.