Enlace Judío – La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció este martes la apertura de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de guerra por funcionarios y militares israelíes, así como por terroristas palestinos, en los territorios de Gaza, Judea y Samaria (Cisjordania) y Jerusalén Este.
La investigación abarcará hechos ocurridos desde el 13 de junio de 2014 en adelante en dichos territorios que impliquen potenciales crímenes de guerra para efectos del Estatuto de Roma, el documento legal que da base a la Corte Penal Internacional.
Un órgano de la Corte Penal Internacional dio a inicios del mes pasado luz verde a la fiscal para abrir una investigación, cuando determinó que el tribunal sí posee jurisdicción sobre los territorios palestinos, una idea que Israel rechaza de manera tajante y que ha sostenido como argumento principal para rechazar que se efectúe una labora de esta naturaleza.
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Sobre el caso, denominado “Situación en Palestina“, la fiscal reafirmó en un comunicado que “existe una base razonable para proceder y existen casos potenciales admisibles”.
La fiscal precisó que las prioridades que conciernen a la investigación serán determinados a su debido tiempo, dependiendo de la situación por COVID-19, los limitados recursos con los que cuenta y la amplia carga de trabajo de la dependencia del tribunal.
“Como primer paso, la Oficina debe notificar a todos los Estados Partes y a los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre los crímenes en cuestión sobre su investigación”.
“Esto permite que cualquiera de dichos Estados solicite a la Oficina que se someta a la investigación pertinente del Estado de sus propios nacionales o de otras personas dentro de su jurisdicción en relación con los crímenes del Estatuto de Roma mencionados en la notificación (sujeto a una posible revisión de la Sala de Cuestiones Preliminares)”.
La fiscal aseguró que la investigación se realizará de manera independiente, imparcial y objetiva, sin miedo ni favores en mente.
“Las investigaciones toman tiempo y deben basarse objetivamente en hechos y leyes. En el desempeño de sus responsabilidades, mi Oficina adoptará el mismo enfoque de principios, no partidista, que ha adoptado en todas las situaciones en las que se ejerce su jurisdicción. No tenemos otra agenda que la de cumplir con nuestros deberes estatutarios en virtud del Estatuto de Roma con integridad profesional”, agregó.
La funcionaria, que en junio dejará el cargo, pidió paciencia a las víctimas israelíes y palestinas de presuntos crímenes de guerra. “La Corte Penal Internacional no es la panacea”, dijo.
“Al final, nuestra principal preocupación debe ser por las víctimas de los crímenes, tanto palestinos como israelíes, derivados del largo ciclo de violencia e inseguridad que ha causado un profundo sufrimiento y desesperación en todas las partes”.
La decisión de la fiscal Bensouda llega más de un lustro después de acciones preparatorias preliminares en la materia sobre la “Situación en Palestina“, luego de que la Autoridad Palestina aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el año 2015.
La investigación analizará hechos ocurridos en los territorios palestinos desde junio de 2014 que potencialmente tipifiquen como crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma, el tratado que da base a la Corte Penal Internacional, presuntamente cometidos por funcionarios y militares israelíes, así como terroristas palestinos.
Entre los sucesos en los que se centraría la investigación están la Operación Margen Protector de las Fuerzas de Defensa de Israel en 2014, conocida como la tercera guerra de Gaza, así como lo ocurrido a lo largo de los meses de manifestaciones y choques de la llamada “Gran Marcha del Retorno” en los limites del enclave palestino entre 2018 y 2019.
Además, la fiscal de la Corte Penal Internacional busca indagar también las conductas de funcionarios israelíes respecto a las actividades de los asentamientos en Judea y Samaria.
Se espera que dentro de poco la fiscal notifique formalmente a Israel sobre la investigación, ante lo que Jerusalén tendrá 30 días para confirmar si tiene o no la intención de llevar a cabo por sí mismo una investigación sobre los hechos motivo de sospecha por crímenes de guerra.
Las estimaciones actuales en Israel, según reportes, no ven cercana la emisión de potenciales ordenes de comparecencia o arresto contra funcionarios o militares israelíes, en vista de lo prolongados que resultan los casos llevados por la Corte Penal Internacional.
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