Enlace Judío.- La administración Biden eliminará en los próximos días las sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que impuso la administración anterior, según un informe del miércoles por la noche.
Aunque el nuevo liderazgo en Washington sigue siendo muy crítico con la corte, también quiere romper con las acciones altamente controvertidas de la administración anterior.
Citando a dos funcionarios con conocimiento del asunto, Foreign Policy dijo que la medida para eliminar las sanciones a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, y un asesor principal podría ocurrir esta semana o la próxima, aunque Washington sigue siendo muy crítico con las acciones de la corte, publicó The Times of Israel.
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En 2019, el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, impuso sanciones económicas y restricciones de viaje de visa contra Bensouda y un asistente debido a su investigación en curso sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán por parte de las fuerzas afganas, los talibanes y el ejército estadounidense.
La administración Biden ha buscado distanciarse de las políticas de la administración anterior y quiere aliviar las tensiones con los gobiernos europeos y con las organizaciones de derechos humanos por las restricciones, según el informe.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo: “Por mucho que no estemos de acuerdo con las acciones de la CPI relacionadas con las situaciones de Afganistán y Palestina, la administración está revisando a fondo las sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva 13928 mientras determinamos nuestros próximos pasos”.
El mes pasado, la administración dijo que se opone “firmemente” a la reciente decisión de la CPI de abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y los palestinos en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, pero todavía estaba sopesando si mantener las sanciones contra el organismo impuestas por Trump.
Ned Price insistió en que la CPI no tiene jurisdicción sobre el asunto ya que Israel no es parte del Estatuto de Roma que estableció la corte.
La CPI ha enviado avisos formales a Israel y la Autoridad Palestina sobre su inminente investigación de posibles crímenes de guerra, dándoles algunas semanas para solicitar un aplazamiento demostrando que están llevando a cabo sus propias investigaciones.
Bensouda anunció el 3 de marzo que abría una investigación sobre las acciones cometidas por Israel y los palestinos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental desde 2014. El anuncio de la investigación se produjo menos de un mes después de que el tribunal dictaminara que tenía jurisdicción para abrir una investigación. Una investigación preliminar para resolver la cuestión de la justiciabilidad tomó más de cinco años.
La CPI anunció que investigaría posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y los palestinos a raíz de una solicitud de los palestinos, que se unieron a la corte en 2015 tras concederles estatus de observador no miembro en la Asamblea General de la ONU.
Israel ha condenado enérgicamente la investigación, acusando a la CPI de parcialidad, señalando que es demostrablemente capaz de investigar cualquier presunto crimen de las FDI a través de sus propias jerarquías legales, y diciendo que la CPI no tiene jurisdicción ya que los palestinos no tienen un estado. Israel no es miembro de la CPI, pero sus ciudadanos podrían estar sujetos a arrestos en el extranjero si se emiten órdenes judiciales.
Se espera que la investigación de la CPI se centre en tres áreas principales: la guerra de 2014 entre Israel y Hamas; Política de asentamientos israelí; y las protestas de la Gran Marcha del Retorno de 2018, una serie de manifestaciones violentas a lo largo de la frontera de Gaza con Israel que dejaron decenas de palestinos muertos.
La investigación también analizará el lanzamiento de cohetes terroristas desde Gaza hacia áreas civiles en Israel.
Bensouda será reemplazada como fiscal en junio por el legislador británico Karim Khan. Israel espera que Khan sea menos hostil o incluso cancele la investigación.
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