Enlace Judío – Tras una larga noche en el pleno de la Knéset, la extensión de la polémica Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que este 6 de julio llega a su expiración anual, no fue aprobada por la cámara legislativa israelí, en lo que ha sido uno de los primeros significativos desafíos del recién establecido gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid.

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Cerca de las 7:00 a. m. del martes, tiempo local, la votación se llevó a cabo luego de varias horas de debate en el pleno e intensas negociaciones tras bambalinas en el bloque de gobierno.

De los 120 legisladores, 59 votaron a contra y 59 a favor, lo que hundió su aprobación.

Desde el bloque de gobierno, el rebelde legislador Amijai Chikli del partido Yamina de Bennett fue la balanza que definió el rumbo al votar en contra de la extensión de la ley.

El movimiento fue aplaudido por los miembros de la oposición liderada por Benjamín Netanyahu.

De acuerdo con el sitio Walla! News, Chikli terminó por votar en contra de la ley e ir de nuevo contra su partido bajo presión del Likud de Netanyahu.

En el partido islamista Ra’am, que integra al gobierno pero se opone a la Ley de Ciudadanía, 2 de sus miembros se abstuvieron de votar.

El fracaso de la aprobación de la ley fue celebrada por el Likud y sus aliados de derecha como un revés al gobierno de Bennett.

Mientras que la alianza de partidos árabes Lista Conjunta lo celebró como un triunfo contra lo que consideran una normatividad racista y discriminatoria contra los palestinos.

Luego de la votación, el Likud acusó en un comunicado al gobierno de un “acuerdo corrupto forjado en la oscuridad” con los integrantes de Meretz y Ra’am, partidos de la coalición gobernante opositores, y de querer “poner en peligro la identidad sionista y la seguridad del Estado de Israel” con su propuesta de votación sobre la ley.

En este sentido, el Likud instó al gobierno a hacer “el acto sionista necesario y correcto” de respaldar su iniciativa por una Ley Básica de Inmigración que reemplace la Ley de Ciudadanía.

Por su parte, el líder de la Lista Conjunta, Ayman Odeh, celebró en un tuit “la cancelación de la prohibición racista de la reunificación familiar” y lo calificó de una “victoria para decenas de miles de familias que han esperado cerca de 2 décadas por el derecho a vivir juntas”.

Odeh publicó una foto celebratoria de los integrantes de la Lista Conjunta que rápidamente se viralizó.

Desde el gobierno, el partido Yamina acusó a la oposición en conjunto de golpear la seguridad del país.

La ministra del Interior, Ayelet Shaked, lamentó en un tuit el fracaso sobre el voto y acusó a la oposición de “derrocar la Ley de Ciudadanía, una ley importante para la seguridad y el carácter del Estado. Una gran victoria para el post-sionismo”.

La Ley de Ciudadanía e Ingreso a Israel, que bloquea la concesión automática de la ciudadanía israelí o la residencia a los palestinos aunque mantengan un matrimonio con un ciudadano israelí, se promulgó por primera vez en 2003 y se ha extendido anualmente.

Se aprobó inicialmente después de que unos 130,000 palestinos ingresaron a Israel mediante un procedimiento de reunificación familiar entre 1993 y 2003, incluso durante la época de la segunda intifada.

La principal preocupación declarada en ese momento era que algunos palestinos que obtuvieran el estatus de Israel se involucrarían en el terrorismo.

Pero también había un objetivo demográfico: la evaluación del establecimiento de seguridad era que unos 200,000 palestinos obtendrían la ciudadanía israelí o la residencia cada década.

Si bien los gobiernos anteriores en Israel no habían tenido problemas para renovar la ley año tras año, la integración del partido de izquierda Meretz y el árabe Ra’am en el nuevo gobierno en Israel representó un obstáculo para su extensión sencilla.

Durante el debate en la madrugada, la ministra Shaked interrumpió las intervenciones parlamentarias para anunciar que se había llegado a un acuerdo en una llamada telefónica entre los líderes de los partidos de la coalición de gobierno.

El acuerdo fue presentado por el legislador de Meretz, Issawi Frej, e incluía reducir la extensión actual de la Ley de Ciudadanía a solo 6 meses, emitir visas de residencia A-5 a unas 1,600 familias palestinas y establecer un comité para encontrar soluciones humanitarias para los otros 9,700 palestinos que residen en Israel con permisos.

Shaked señaló a la Knéset que la cantidad de permisos emitidos era equivalente a los otorgados por el ex ministro del Interior, Aryeh Deri, jefe del partido Shas.

El anuncio fue recibido con abucheos por parte de los miembros de la oposición en la Knéset, que declararon su oposición a la extensión de la ley.

Según el acuerdo, la Knéset establecería un comité de supervisión a cargo del secretario del gabinete, Shalom Shlomo, con representantes del Ministerio del Interior, la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras, y un legislador que se nombrará más adelante.

Cada mes, el comité proporcionaría un informe a la Knéset. Y dentro de los 90 días, el comité proporcionará políticas alternativas a la prohibición actual.

Horas antes de la votación en la Knéset, Bennett exhortó a la oposición a que mostraran “responsabilidad nacional” y votaran a favor de la renovación de la ley.

El Likud de Netanyahu y los partidos de derecha que le son fieles desde hace días se enfrascaron en rechazar fervientemente votar a favor de la ley, pese a ideológicamente estar a su favor, con el fin de empantanar al gobierno y tratar de buscar a toda costa su desbaratamiento.

“Hay algunas cosas con las que no se juega. La nación necesita controlar quién entra”, dijo Bennett en un comunicado a la prensa durante una reunión con su partido Yamina. “La seguridad nacional es una línea roja”.

“Permitir la entrada de miles de palestinos y dañar la seguridad nacional durante otro cuarto de punto político simplemente no es lo correcto. Estamos viendo juegos de niños [por parte de la oposición]… mientras que lo que se necesita es responsabilidad nacional”, enfatizó.

Por su parte, el canciller Lapid, jefe del partido Yesh Atid, dijo a sus copartidarios que la Ley de Ciudadanía tiene el objetivo de preservar la naturaleza judía de Israel.

“No hay necesidad de esconderse de la esencia de la ley de reunificación. Es una de las herramientas diseñadas para asegurar una mayoría judía en el Estado de Israel”, dijo Lapid.

“Si la oposición vota en contra de la ley, demostrará que está más preocupada por estar en contra del gobierno que por el país”, agregó, aunque reconoció que la ley crea tensión entre la naturaleza judía y democrática de Israel.

Lapid dijo que no sería “un gran desastre incluso si no es aprobada… Los gobiernos no caen o suben por el tema”.

El canciller dijo que entiende la oposición de los partidos Meretz y Ra’am a la ley, debido a que “más de unos pocos casos en los que la ley causó innecesariamente un daño humanitario… personas que se enamoraron, se casaron y construyeron familias que resultaron afectadas sin hacer nada malo”.

Meretz y Ra’am, que se oponían a la renovación, evitaron su aprobación en una votación clave del lunes en el Comité de Disposiciones de la Knéset que habría permitido su transferencia al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa.

Si esa votación hubiera sido aprobada, el último panel habría tenido la tarea de volver a renovar la ley en lugar del pleno de la Knéset.

Por su parte, Netanyahu, líder del Likud, ofreció respaldar la extensión de la ley si esta se aprobaba por 2 meses y se acordaba la aprobación de una iniciativa de Ley Básica para impedir de manera fija dar la ciudadanía a palestinos que se casaran con israelíes.

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