Enlace Judío – El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, afirmó este viernes que Washington pedirá a Israel una aclaración sobre las justificaciones respecto a su declaración como “grupos terroristas” sobre 6 organismos palestinos, reportó Ynet.

Asimismo, Price afirmó que Israel no le dio a EE. UU. ninguna notificación de antemano respecto a la declaración sobre los organismos. “Creemos que el respeto a los derechos humanos es un principio importante”, señaló.

De acuerdo con Ynet, la cancillería israelí solo notificó de antemano respecto a la declaración a países de Europa ligados a la financiación de los 6 organismos.

EE. UU. no estuvo contemplado, según un funcionario israelí consultado por el sitio, debido a que no lo considera “relevante” respecto a los organismos.

De paso, Price también aseguró que a EE. UU. le preocupa la intención del gobierno de Israel de avanzar la próxima semana con la aprobación de construcción de miles de nuevas viviendas en Judea y Samaria (Cisjordania).

“Deben evitarse los pasos unilaterales y esto también incluye la construcción en los asentamientos”, expresó el vocero. La promoción de estas construcciones será la primera que se da en lo que va del gobierno de Biden.

La decisión israelí provocó una reacción de amplio rechazo entre palestinos, organizaciones internacionales y figuras propalestinas, que han criticado la declaración sobre terrorismo.

Representantes de al menos 2 de los grupos negaron los cargos, y organizaciones internacionales acusaron a Israel de tratar de silenciar las críticas de presuntos abusos de derechos humanos con pretextos inestables.

“La legislación antiterrorista no debe utilizarse para restringir el trabajo humanitario y de derechos humanos legítimo”, dijo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ramallah, acusando a Israel de basar la decisión en “razones extremadamente vagas o irrelevantes, incluidas actividades totalmente pacíficas y legítimas”, recogió The Times of Israel.

“Estas designaciones son el último desarrollo de una larga campaña de estigmatización contra estas y otras organizaciones, lo que daña su capacidad para cumplir con su trabajo crucial”, agregó.

Israel asegura que las 6 organizaciones están ligadas al grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

“Esas organizaciones estaban activas bajo la cobertura de organizaciones de la sociedad civil, pero en la práctica pertenecen y constituyen un brazo del liderazgo [del FPLP], cuya actividad principal es la liberación de Palestina y la destrucción de Israel“, dijo la oficina del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz.

Las 6 organizaciones nombradas por la oficina de Gantz son algunos de los grupos de derechos más destacados de la sociedad civil palestina. Muchos han recibido una financiación considerable en subvenciones de los estados miembros de la Unión Europea y la ONU, entre otros donantes.

Se trata de Addameer, que defiende a los prisioneros de seguridad palestinos en los tribunales israelíes; Al-Haq, que rastrea presuntos abusos de derechos cometidos tanto por Israel como por la Autoridad Palestina; la rama palestina de Defensa de Niñas y Niños Internacional; la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.

Tanto la ley militar como la civil israelí prohíben apoyar o unirse a un grupo terrorista, y los infractores pueden enfrentar años de prisión. La policía israelí también puede incautar activos pertenecientes a organizaciones terroristas y prohibir la financiación de sus actividades; los donantes también pueden estar sujetos a una pena de cárcel significativa.

Las autoridades israelíes han acusado anteriormente que el FPLP ha sustraído millones de euros a organizaciones de la sociedad civil afiliadas a sus miembros para financiar actividades terroristas. En mayo, el Shin Bet arrestó a 4 sospechosos, incluido un ciudadano español, que se cree que canalizaron fondos europeos al FPLP.

El año pasado, el gobierno holandés detuvo la financiación de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, después de que determinó que parte del dinero iba a pagar a dos miembros del FPLP. enjuiciados por su papel en un ataque terrorista que mató a la adolescente israelí Rina Shnerb.

A finales de julio, las fuerzas israelíes allanaron las oficinas de Defensa de Niñas y Niños Internacional. El Ejército israelí dijo que había actuado sobre la base de la inteligencia para luchar contra la “financiación del terrorismo”.

La Unión Europea, que dijo que algunos de los grupos reciben su financiamiento, cuestionó el razonamiento de Israel y dijo que continuaría respaldando a los grupos.

El director de Al Haq, Shawan Jabarin, a quien las autoridades israelíes han acusado de ser miembro del FPLP, dijo que la medida era un intento de reprimir las críticas a las presuntas violaciones de derechos humanos israelíes.

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh, denunció el anuncio del viernes como una “grave violación del derecho internacional”.

“Esta calumnia falaz y calumniosa es un asalto estratégico contra la sociedad civil palestina y el derecho fundamental del pueblo palestino a oponerse a la ocupación ilegal de Israel y exponer sus crímenes continuos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina en una declaración similar.

En una declaración conjunta, Human Rights Watch y Amnistía Internacional condenaron la medida como “atroz e injusta”.

En Washington, varios miembros demócratas progresistas del Congreso, incluidos los congresistas Ilhan Omar y Mark Pocan, también condenaron la decisión.

J Street, una organización judía estadounidense crítica de las políticas de Israel, pidió a la administración del presidente estadounidense Joe Biden que tome acción sobre la decisión.

La rabina estadounidense Jill Jacobs, jefa del grupo progresista judío Truah, calificó la medida de “alarmante” y advirtió que perjudicaría los intentos de los palestinos de construir una sociedad democrática sólida.

Grupos de derechos israelíes e internacionales también criticaron la medida, incluidos B’Tselem, Médicos por los Derechos Humanos-Israel y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel.

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