Enlace Judío – Israel avanzó este miércoles la construcción de unas 3,000 unidades de vivienda en asentamientos de Judea y Samaria (Cisjordania), lo que ha generado disidencias al interior de su gobierno y el rechazo del gobierno de EE. UU., informó The Times of Israel.

El consejo superior de planificación del Ministerio de Defensa de Israel, que autoriza la construcción en Judea y Samaria, dijo que 1,804 unidades recibieron la aprobación final para la construcción. Otras 1,326 unidades de vivienda pasaron a una etapa posterior del proceso de planificación.

La aprobación de la nueva construcción podría generar fricciones con EE. UU. y Europa, enojará a los palestinos y pondrá a prueba la frágil coalición gobernante de Israel, que integra a políticos opositores al control israelí en Judea y Samaria.

El partido Avodá tuiteó poco después del anuncio: “Aquellos que hacen declaraciones políticas con implicaciones internacionales de manera irresponsable, sin coordinación y sin preparación, y aprueban la construcción de 3,000 viviendas en Judea y Samaria, cómo decirlo, no son [Yitzhak] Rabin“.

El comentario fue un ataque directo al ministro de Defensa, Benny Gantz, quien supuestamente dijo en una reunión con Mahmoud Abbas en agosto que desea ser “el nuevo Rabin“, refiriéndose al difunto primer ministro israelí que firmó los acuerdos de Oslo con los palestinos.

Kajol Laván, el partido de Gantz, respondió rápidamente también en un tuit: “Aquellos que piden la objeción de conciencia no deben predicar sobre seguridad y responsabilidad diplomática”.

El comentario pareció referirse a una entrevista de radio de 2010 en la que la actual líder de Avodá, Merav Mijaeli dijo que no creía que las madres debían enviar a sus hijos al Ejército, aunque luego se retractó de los comentarios.

Gantz también declaró recientemente a 6 grupos palestinos de derechos humanos como “organizaciones terroristas”, una medida que fue criticada por Mijaeli y otros políticos de izquierda del gobierno. El ministro de Defensa respondió entonces diciendo que Mijaeli “no debería entorpecer la guerra contra el terrorismo”.

El diputado de Meretz, Mossi Raz, dijo a la estación Radio del Ejército que esperaba que Gantz “demuestre su responsabilidad y detenga esta construcción destructiva [de asentamientos] y la serie de decisiones populistas que perjudican al gobierno y al Estado de Israel”.

Las viviendas recientemente aprobadas estarán en los asentamientos de Revava, Kedumim, Elon Moreh, Karnei Shomron y las comunidades de Gush Etzion y Colinas de Hebrón.

Es la primera vez que se aprueban unidades de asentamiento durante la administración Biden y por el actual gobierno israelí. El plan estaba originalmente programado para ser aprobado hace 2 meses, pero fue detenido por la Administración Civil.

El martes, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que estaba “profundamente preocupado” por los planes de Israel de promover nuevos asentamientos, incluidos muchos en las profundidades de Judea y Samaria.

“Nos oponemos firmemente a la expansión de los asentamientos, que es completamente inconsistente con los esfuerzos para reducir las tensiones y asegurar la calma, y ​​daña las perspectivas de una solución de 2 estados”, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price a los reporteros en Washington.

El organismo de izquierda Paz Ahora denunció al gobierno por las aprobaciones. “Un gobierno que viola el compromiso con el statu quo y promueve la construcción dañina en los asentamientos no es un gobierno de cambio sino un gobierno de derecha total. Los partidarios de una solución de 2 estados en el gobierno se han quedado dormidos en su trabajo”, dijo el grupo.

El presidente del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, elogió la medida, pero agregó que no era suficiente: “No podemos decir que la congelación [de construcción de asentamientos] de casi un año haya terminado. La meta es un millón de judíos en Samaria y eso es lo que alcanzaremos. Con cualquier gobierno, esto es lo más básico sobre los derechos humanos: la capacidad de crecer y desarrollarse”.

La mayor parte de la comunidad internacional considera que la construcción de asentamientos es una violación del derecho internacional. La administración Trump en 2018 anunció que no consideraba que este fuera el caso, respaldando a Israel, que rechaza la posición de que los territorios estén bajo una “ocupación”.

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