Enlace Judío – El grupo terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, anunció el jueves que ha condenado a muerte a 6 “informantes” palestinos por “espiar para Israel”, informó The Times of Israel.
El tribunal militar de Hamás dijo que ha dictado sentencias “contra varios informantes, incluidas 6 sentencias de muerte [y] otras sentencias que varían entre cadena perpetua y trabajos forzados temporales, y una absolución”.
Hamás adopta un enfoque rígido hacia los supuestos colaboradores de Israel. Israel, junto con Egipto, ha bloqueado el enclave desde que el grupo terrorista tomó el poder en un sangriento golpe de Estado en 2007. Israel dice que el bloqueo es una medida necesaria para limitar la capacidad de los grupos terroristas de Gaza para armarse.
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En 2018, un tribunal militar de Hamás condenó a muerte a 6 personas por espionaje, incluida una mujer.
El año anterior, 3 condenados por el asesinato de un comandante de Hamás fueron ahorcados o fusilados en público por un pelotón de fusilamiento.
Hamás prometió el jueves que los colaboradores que se entreguen enfrentarán términos más indulgentes y dijo que las “sentencias emitidas han cumplido con todos los procedimientos legales. Todos los condenados recibieron toda la protección legal”.
La ley palestina requiere la aprobación del presidente de la Autoridad Palestina para la pena de muerte, pero Hamás en Gaza ha llevado a cabo ejecuciones sin el permiso de Mahmoud Abbas.
La comunidad internacional ha criticado repetidamente el uso de la pena de muerte por parte de Hamás.
Sobre la base de cifras del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem e incluidos los casos nuevos, este año se han dictado unas 13 condenas a muerte. Al menos uno de los acusados fue juzgado in absentia.
Hamás ha condenado a muerte a más de 130 personas desde 2007; en la práctica, ha ejecutado a 25 personas, según B’Tselem.
Los grupos de derechos humanos en Gaza también han instado a Hamás a reducir el uso de la pena de muerte.
A principios de este mes, el Centro de Derechos Humanos Al Mezan, con sede en Gaza, pidió una moratoria sobre la práctica, diciendo que estaba “profundamente preocupado por la incesante emisión de condenas a muerte por parte del poder judicial militar” en el enclave.
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