Enlace Judío.- Europa necesita crear mecanismos para la supervisión de las ONG, poniendo fin al pase gratuito que permite a estos grupos ejercer influencia política sin rendir cuentas.
En los años que llevo investigando y analizando la política y las finanzas de las ONG, he escuchado y leído numerosas declaraciones de funcionarios europeos sobre la importancia de apoyar y proteger a estos grupos (conocidos colectivamente como “sociedad civil”). Tales afirmaciones se utilizan para justificar los miles de millones de euros que la UE y los países individuales canalizan, a menudo sin transparencia, a tales organizaciones anualmente.
Las ONG políticas palestinas e israelíes ocupan una posición favorita entre los financiadores europeos, ya que reciben un total muy desproporcionado de subvenciones anuales aparentemente para promover los derechos humanos, la democracia, la paz y otras buenas obras. Cuando se les pide a los funcionarios que justifiquen el suministro de fondos a grupos que lideran campañas de demonización bajo la etiqueta de “apartheid”, los financiadores europeos evitan la sustancia y repiten los eslóganes generales.
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Incluso cuando varios funcionarios de algunas de las ONG beneficiarias estuvieron involucrados en ataques terroristas, esto no convenció a los gobiernos de realizar la debida diligencia necesaria o cuestionar los mantras de la sociedad civil.
Pero ahora, los lazos de Europa con la industria de las ONG están bajo una nube oscura que amenaza con forzar cambios importantes y, posiblemente, una revisión completa. En Bruselas, varios funcionarios, incluidos miembros influyentes del Parlamento Europeo (MEP) y sus asistentes, están siendo investigados por corrupción, en la forma de recibir grandes cantidades en secreto del gobierno de Catar. Según informes de prensa, se allanaron 16 viviendas de funcionarios y al menos cuatro personas fueron detenidas como parte de una investigación por “organización criminal, corrupción y lavado de dinero”. Una búsqueda descubrió 600.000 € en efectivo.
La presidenta del Parlamento Europeo condenó a los “actores malignos, vinculados a terceros países autocráticos” que “supuestamente han armado a las ONG”. Supuestamente, la ONG involucrada se llama Fight Impunity (Combatir la impunidad), que, como muchas en la industria, afirma promover los derechos humanos y declara que “el principio de rendición de cuentas como pilar central de la arquitectura de la justicia internacional…” Tiene cuentas activas en las redes sociales y copatrocina eventos con agencias de la UE.
Los miembros honorarios de alto perfil de la junta que se muestran en el sitio web, incluida Federica Mogherini, ex jefa de política exterior de la UE, otorgan el aura de legitimidad a la organización y a sus esfuerzos de recaudación de fondos. (Después de los arrestos, Mogherini y otros miembros honorarios de la junta anunciaron su renuncia, tratando rápidamente de distanciarse). Entre los activistas de la ONG se encuentra Maria Arena, una eurodiputada belga que promueve una agenda antiisraelí y presidió el subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo. (En el marco de la investigación, Arena anunció su “renuncia temporal”).
De particular interés es que el sitio web no proporciona ninguna pista sobre las finanzas de la ONG, y no se enumeran los donantes. Sin embargo, los investigadores de NGO Monitor descubrieron una referencia a un informe de diciembre de 2020, luego de la decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de formar un comité ético independiente para examinar cuestiones relacionadas con el papel de un ex comisionado de la Comisión Europea en la junta honoraria de esta ONG. Una sola línea de ese texto de nueve páginas decía: “El donante más importante es la Fundación de Desarrollo Sekunjalo”. Aparentemente, los funcionarios de la UE no se molestaron en buscar más y no se tomó ninguna medida.
¿Qué hubiera pasado si hubieran comprobado?
Si los funcionarios de la UE hubieran verificado (es decir, la diligencia debida de las ONG), los funcionarios y los periodistas con sede en Bruselas, que también se perdieron por completo esta historia, habrían descubierto que la Fundación para el Desarrollo Sekunjalo (SDF) tiene su sede en Sudáfrica y tiene un bagaje considerable, incluidos los informes de financiación de Catar. SDF es la “división filantrópica” de las inversiones y acuerdos comerciales del poderoso Grupo Sekunjalo, y la participación relacionada debería haber levantado numerosas banderas rojas en Bruselas.
Entre otros enredos, el grupo ha trabajado con la familia Gupta, que ha estado profundamente implicada en los casos de corrupción contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma. Y como propietario de Independent Newspapers & Media SA, Sekunjalo fue acusado de aceptar las exigencias de la censura china sobre la información respecto al internamiento masivo de personas de etnia uigur. Según los informes, China está involucrada en numerosos acuerdos comerciales con la firma sudafricana.
TODA esta información estaba disponible para los funcionarios europeos involucrados con la ONG Fight Impunity, si se hubieran molestado en examinar los detalles.
Por el contrario, mientras las ONG y sus patrocinadores-habilitadores vean a la “sociedad civil” como una religión, completa con un efecto de halo que protege a estos grupos y al proceso de financiamiento del análisis crítico, las puertas a la corrupción y el abuso seguirán abiertas de par en par.
Quizás este escándalo de alto nivel en la UE finalmente resulte en un cambio de política fundamental y retrasado, incluso con respecto a la financiación mayorista de la pequeña red de ONG políticas palestinas e israelíes, algunas de las cuales están vinculadas a grupos terroristas. Este cambio debe comenzar con la apertura de los documentos y protocolos de reuniones en los que se decide la financiación de las ONG, lo que permite analizar posibles influencias internas y corrupción en el proceso de concesión de subvenciones que implica decenas de millones de euros.
Paralelamente, Europa necesita crear mecanismos para la supervisión de las ONG, poniendo fin al pase gratuito que permite a estos grupos ejercer influencia política sin rendir cuentas.
Al igual que otras crisis importantes, el escándalo de corrupción de la UE que vincula la financiación de Catar y la fachada de las ONG también es una oportunidad para reparar mecanismos rotos y disfuncionales. La “armamentización de las ONG” no se limita a los regímenes autocráticos lejos de Europa.
El autor es el fundador y presidente de NGO Monitor y profesor emérito de la Universidad Bar-Ilan.
