Enlace Judío – El diputado Simja Rothman, presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, presentó el lunes un proyecto de ley para limitar el derecho a la huelga en Israel, una medida que podría alterar el equilibrio de poder en la economía del país, informó Haaretz.

El proyecto de ley pretende imponer severas restricciones a huelgas de trabajadores que prestan servicios esenciales como la electricidad y el agua, los ferrocarriles, los autobuses, los aeropuertos y puertos marítimos, los servicios de salud, la bolsa y el Banco de Israel.

Entre otras disposiciones, la legislación convertiría cualquier huelga que no esté directamente relacionada con un conflicto laboral en una huelga que no goza de protección legal, a menos que haya sido aprobada por una votación secreta de los miembros del sindicato en la que haya votado al menos la mitad de los afiliados. Esta disposición pretende impedir que la federación sindical Histadrut organice huelgas a escala nacional contra la reforma judicial.

“No sucederá”, dijo el presidente de la Histadrut, Arnon Bar-David, sobre el proyecto de ley de Rothman, uno de los principales artífices de la reforma sobre el Poder Judicial.

“Este es otro intento de los extremistas de socavar la situación de los trabajadores en Israel y aplastar uno de los derechos socioeconómicos fundamentales de la democracia. El derecho a la huelga es una de las principales herramientas para proteger a los grupos más débiles”.

“No permitiré que nadie perjudique a los trabajadores”, añadió. “Ya me he enfrentado a esta amenaza delirante en el pasado y no recomiendo que me pongan a prueba esta vez”.

En las últimas semanas, muchos han instado a Bar-David a unirse a las protestas contra la reforma judicial, ya que la Histadrut es un poderoso agente que podría influir en la política del gobierno amenazando con una huelga de toda la economía.

Hasta ahora se ha negado porque busca negociar un nuevo convenio colectivo para los trabajadores del sector público, cuyos salarios se congelaron durante la crisis de COVID-19.

La propuesta de Rothman establece que si surge un conflicto laboral relacionado con un servicio esencial, el sindicato debe intentar resolverlo primero a través de un mediador designado por el ministro de Trabajo o el jefe del Consejo Económico Nacional. Además, la Knéset podría postergar la huelga 30 días, hasta que un árbitro se pronuncie.

Incluso podría detener una huelga por completo si esta daña un interés vital, causa un daño económico excepcional, perturba la vida cotidiana o pone en peligro el bienestar público.

Se trata de una definición muy amplia que podría abarcar prácticamente cualquier huelga de servicios esenciales, reduciendo el poder de la Histadrut, especialmente en huelgas no relacionadas con un conflicto específico.

El proyecto de ley, combinado con la reforma judicial del gobierno y sus medidas para debilitar la radiodifusora pública Kan, reforzarían el poder del gobierno sobre el sistema judicial, los medios de comunicación y la Histadrut.

La Histadrut afirma que el proyecto de ley no se aprobará porque algunos miembros de la coalición de gobierno siguen siendo firmes partidarios de los sindicatos, incluidos los diputados del Likud Haim Katz y David Bitan e incluso el ministro de Justicia Yariv Levin, quien expresó su apoyo a los trabajadores organizados en una reciente reunión.

Gilad Kariv, del partido Avodá y ex presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset declaró que el proyecto de ley “destruye por completo el derecho a la huelga”.

“Este es un recordatorio más, entre muchos otros, de que todo lo que está ocurriendo ahora en el comité no es más que la primera etapa de un plan a largo plazo para convertir a Israel en el país del Foro Político de Kohelet. Un país en el que cada hombre es un lobo para otros hombres y cada grupo es un lobo para otros grupos”, apuntó.

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