El primer ministro Benjamín Netanyahu compartió este jueves en redes sociales un discurso pronunciado el día anterior por el presidente de la Knéset, Amir Ohana, en el que sugirió que el gobierno podría evadir un fallo de la Corte Suprema que anule la primera ley de la reforma judicial, informó The Times of Israel.
Netanyahu no se ha comprometido públicamente a respetar la sentencia de la Corte sobre el caso. Una negativa de la coalición a acatar un posible fallo en su contra crearía una crisis constitucional sobre qué rama del gobierno tiene la última palabra.
El primer ministro retuiteó el discurso de Ohana sobre la llamada ley de razonabilidad, en el que el presidente de la Knéset dijo que una decisión judicial para aceptar las peticiones en su contra podría “hundirnos en el abismo” y que la Knéset “no se dejará pisotear sumisamente”.
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Los organizadores de las protestas contra la reforma judicial condenaron ferozmente el retuit de Netanyahu, diciendo: “Un primer ministro que alienta a la Knéset a violar la ley no es un primer ministro legítimo en un estado democrático. Netanyahu ha declarado la guerra al Estado de derecho… y tiene la intención de aplastar a la corte en las próximas semanas. Descubrirá que millones de israelíes se enfrentarán a él y defenderán los tribunales”.
Ohana hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa convocada en la Knéset antes de una audiencia el 12 de septiembre sobre peticiones contra la ley, que prohíbe a los tribunales intervenir en decisiones gubernamentales y ministeriales basándose en su “razonabilidad”.
Posteriormente se celebrará una audiencia separada sobre las peticiones contra una ley que protege a los primeros ministros de una recusación forzosa.
Ambas leyes son enmiendas a las Leyes Básicas semiconstitucionales de Israel, ninguna de las cuales la Corte Suprema del país ha anulado jamás. El proceso para legislar Leyes Básicas es el mismo que el de otros proyectos de ley en el parlamento unicameral de Israel, sin necesidad de una mayoría especial.
Ohana argumentó que desde 1977, cuando el Likud tomó el poder por primera vez, el sistema de justicia ha estado desviando unilateralmente poderes de los políticos y apropiándoselos para sí mismo.
“Ahora nos enfrentamos a una coyuntura nueva y peligrosa, que podría hundirnos en el abismo, y la Corte Suprema pronto celebrará debates sobre las Leyes Básicas“, afirmó.
“No hay debate, y no puede haberlo, sobre la cuestión de si la Knéset ha autorizado al tribunal a anular las Leyes Básicas“, dijo, argumentando que el tribunal no posee tal poder.
La diputada del Likud, Tally Gotliv, se convirtió el jueves en la primera legisladora del Likud en indicar que rechazaría una decisión de la Corte Suprema, diciendo que el tribunal “no tiene autoridad” para dar órdenes a los miembros de la Knéset.
“Si la Corte Suprema insiste en que puede ordenarme que me pare sobre una pierna, entonces responderé que no tengo intención de hacerlo, incluso si convoca una audiencia”, dijo Gotliv en las redes sociales.
Los opositores a la primera ley de la reforma judicial argumentan que podría potencialmente socavar la independencia de los altos organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que sin el estándar de razonabilidad será difícil impugnar los despidos arbitrarios de funcionarios.
Los ministros y los parlamentarios del gobierno han argumentado que la ley es necesaria para impedir que la Corte Suprema haga valer su propia visión del mundo sobre las decisiones y acciones del gobierno, y han dicho que el despido de altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguirá estando sujeto a otras herramientas del derecho administrativo.
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